El Bronx antes de la intervención policial. Foto: Semana

Tras 60 días de una fuerte intervención de la Policía Nacional en 25 ‘ollas’ del país por orden del Presidente Santos –una estrategia contra el microtráfico que terminó el 2 de junio–, los resultados para las autoridades son optimistas ya que según sus palabras “lograron erradicar los principales fortines de droga del país” y cumplieron al 100 por ciento la misión.

Los resultados que presentaron a la opinión pública hablan de 314 allanamientos, de la incautación de 780.067 dosis de droga y de la captura a 42 de los principales cabecillas del microtráfico. También identificaron 66 estructuras criminales que estarían en proceso de judicialización, capturaron a 1.641 personas que participaban de alguna manera en el negocio y radicaron 98 extinciones de dominio a bienes que eran utilizados para comercializar la droga.

La Policía golpeó ollas ‘mayores’ en donde hay altas concentraciones de adictos y se articulan pequeños delitos y crimen organizado. También cerró expendios, neutralizó jíbaros y persiguió a algunas de las cabezas de las organizaciones de microtráfico. Hasta aquí el parte oficial.

Durante los dos meses que duró la intervención, investigadores de la FIP hicieron largos recorridos en varias de las ollas golpeadas por la Policía en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali[1]. La conclusión de este ejercicio es simple: el problema del expendio siguió o se movió en el mismo vecindario o en los entornos cercanos.

El mercado no parece haberse alterado mayormente a pesar de los resultados operativos, la demanda se mantuvo y es predecible que el negocio vuelva a su cauce. Así las cosas, la intervención que realizó la Policía no se diferencia de otras que se han hecho en el pasado, al final de las cuales es común que se presente un inventario de resultados que no dicen mucho de si se resolvió o no el problema[2].

Como ya lo habíamos previsto en un primer informe[3] en el que presentamos la radiografía del expendio de drogas a nivel nacional y que fue publicado a los 30 días de haber comenzado el ‘Plan de Santos’, era poco factible erradicar en 60 días un problema tan complejo que lleva más de tres décadas cocinándose, como es el caso del Bronx en Bogotá (ver mapas 1 y 2 para el caso de Bogotá, antes y durante la intervención). Mucho menos cuando el trasfondo tiene ingredientes como los habitantes de calle, las compraventas de reciclaje y jóvenes altamente consumidores, que sumados constituyen una demanda importante que permanentemente inyecta gasolina a los expendios. Vea todos los mapas de este informe en pantalla completa

Durante los dos meses que duró la intervención, investigadores de la FIP hicieron largos recorridos en varias de las ollas golpeadas por la Policía en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali[1]. La conclusión de este ejercicio es simple: el problema del expendio siguió o se movió en el mismo vecindario o en los entornos cercanos.

El ‘efecto globo’ de la intervención policial

Por mucho, las ‘ollas’ se desplazaron y reorganizaron, según lo advertimos en nuestro informe anterior[4]. Hubo, inicialmente, dispersión de la demanda, esto quiere decir que los habitantes de calle y otros consumidores se fueron momentáneamente de las ‘ollas’ mayores a otras ‘satélites’, pero a medida que la intervención policial fue disminuyendo, regresaron a su lugar tradicional de consumo. Más tardaban las autoridades en salir del sector, que los consumidores en regresar.

El hecho de que los expendios hayan persistido demuestra que las mismas organizaciones criminales continúan controlando la cadena, por lo que se descarta que el negocio haya quedado en manos de expendedores menores y mucho menos que actúen desarticuladamente, ya que los expendios no actúan solos sino que hacen parte de un gran ‘sistema’ operado por organizaciones criminales.

Así ocurrió en el Bronx (ver mapa 3 y 4). Tras la captura de Rigoberto Arias Castrillón, alias ‘Rigo’, conocido en el mundo criminal como “el capo de capos” de esta ‘olla’, la Policía denunció que seguía manejando el negocio desde la cárcel[5]. Con relación a los habitantes de calle, las autoridades afirman que disminuyeron, aunque otros insisten en que el flujo se mantiene. En lo que sí coinciden es en que se redujo la entrada de menores de edad que en muchos casos acudían al sector con el uniforme del colegio. También se organizó el espacio público, algo que se nota a simple vista, sin que ello haya influido en el volumen de la venta, incluso en los precios, que no variaron.

En el mejor de los casos, tras las intervenciones policiales, en Bogotá el negocio se trasladó al barrio San Bernardo y a la ‘olla’ conocida como ‘Cinco huecos’, que paradójicamente la misma Policía había anunciado en septiembre de 2011[6], que estaba erradicada (ver mapa 5).

Algo parecido sucedió en el sector de El Calvario, en la comuna Fray Damián de Cali, en donde el habitante de calle que salió tras la intervención, si no regresó inmediatamente sí lo hizo para dormir. Se puede deducir entonces que como la vida del habitante de calle gira en torno al consumo, este regresó, precisamente, para consumir. El Calvario es una zona compleja – permanecen cuatro estructuras criminales– porque el expendio puede ampliarse o contraerse, lo que facilita su adaptación cuando ocurren intervenciones policiales. Allí también abundan los llamados ‘sopladeros’ o viviendas donde se permite consumir. Según lo evidenciamos, en el interior de las viviendas tumban paredes para poder escapar y en un día pueden ingresar a uno de estos ‘sopladeros’, 420 consumidores, ya que allí se consiguen los precios más bajos del mercado ($300 el cacho de bazuco y $500 el cigarrillo de marihuana). Esto no es una anécdota cualquiera, es una observación de campo en una de las zonas que estaba siendo intervenida por las autoridades cuando el ‘Plan de Santos’ llegaba a la mitad.

En escenarios como El Calvario en Cali o La Candelaria - ubicada en el corazón de Medellín- acabar con los expendios resulta aun más difícil porque son sectores amplios con múltiples nichos que absorben el negocio cuando se golpea en un punto. A El Calvario lo absorbe Sucre, en la comuna de Junín. Incluso el área tiende a prolongarse al barrio San Nicolás y al Obrero. En el caso de La Candelaria, donde también hay indigencia, prostitución callejera, establecimientos abiertos hasta altas horas de la noche, residencias y presencia constante de habitantes de calle, la Policía golpeó Barbacoas (que está dentro del mismo sector), pero de allí el expendio se trasladó o reacomodó en el sector de los Puentes, en el Raudal y en la avenida Rojas Pinilla (ver mapa 6 y 7).

Las ‘ollas’ son estructuras complejas donde hay concentraciones (‘ollas’ mayores) rodeadas de ‘ollas’ satélites. En el caso de Bogotá, la mayor sería el Bronx y las satélites San Bernardo y ‘Cinco huecos’. Aun en el supuesto de que se golpeen todas las ‘ollas’ centrales al mismo tiempo, el ‘sistema’ adsorbería el negocio en las periferias, algo que es mucho más difícil de controlar.

Parte de este ‘efecto globo’ se debe a que persisten las estructuras criminales, muchas de las cuales incluyen familias enteras. Así pasó, por ejemplo, en el caso de El Amparo, un barrio de invasión en Bogotá, entorno de Corabastos, levantado sobre un humedal que fue rellenado. En mayor proporción está habitado por familias honestas, pero ahí vive un porcentaje no muy alto pero sí representativo de zorreros, coteros, cajeros (fabrican las cajas de frutas y verduras), pequeños recicladores, atracadores, ladronzuelos y desempleados que dependen de Corabastos. Allí hace presencia la banda de Los Norteños, Las Magolas y otras estructuras similares, también al mando de mujeres, que se renuevan generación tras generación. El crimen organizado es el que maneja el expendio, de ahí que lo más probable es que estas familias y organizaciones de expendio les reporten a organizaciones mayores.

Este sector es muy consumidor y aunque la intervención de las autoridades corrió el expendio original, lo hizo a muy pocas cuadras. La Policía ha intentado controlar la venta a través de un CAI móvil, pero no ha logrado, ni siquiera, que se vuelva callejera. Se trata entonces de una especie de juego del gato y el ratón: la Policía llega, el expendio se traslada, la Policía se va y la venta regresa a su lugar original. Ante la intervención, los vendedores se adaptan. Como en El Amparo hay muchos zorreros, estos han optado por estacionar sus vehículos junto al andén, lo que facilita a los compradores pegarse a la pared para que les entreguen la droga a través pequeños orificios ubicados en las puertas de las casas. En este caso, el radio de operación del CAI es realmente pequeño y lo que se sale de su influencia, se escapa de su control (ver mapa 8, 9 y 10).

Si no se toca la demanda, el negocio tenderá a transformarse más no a desaparecer. El problema del consumo es complejo ya que involucra muchas dimensiones. A parte de lo que toca a la salud pública está el tema social que tiene que ver con fenómenos como el de los habitantes de calle y las recicladoras. Estas dimensiones sin duda están más allá del alcance de la acción policial.

Al final, parece imposible que la Policía cope todos los espacios del ‘sistema’ por lo que el ‘efecto globo’ se seguirá dando. Las ‘ollas’ son estructuras complejas donde hay concentraciones (‘ollas’ mayores) rodeadas de ‘ollas’ satélites. En el caso de Bogotá, la mayor sería el Bronx y las satélites San Bernardo y ‘Cinco huecos’. Aun en el supuesto de que se golpeen todas las ‘ollas’ centrales al mismo tiempo, el ‘sistema’ adsorbería el negocio en las periferias, algo que es mucho más difícil de controlar.

Más allá de las capturas

De tiempo atrás, las capturas han sido consideradas por las autoridades como el principal medio para golpear a las organizaciones criminales. En este caso, ya vimos que la Policía produjo muchas capturas, sin embargo, estas organizaciones lejos de acabarse tendieron a renovarse. Las capturas pareciera que son a la organización como la poda a las plantas.

Un ejemplo de esa renovación se ve con claridad en una de las bandas en El Amparo (Bogotá), donde varias líderes han sido capturadas pero cuentan con una especie de ejército de ‘cachorros’ que está en la reserva y que entra a remplazarlas, subiendo en la estructura. Las familias de expendedores son generalmente numerosas, las mujeres tienen hijos con varios esposos y se vuelven abuelas siendo muy jóvenes. Por eso hay muchos hijos y nietos que alimentan la estructura una vez golpeada, ya sea por disputas con estructuras rivales o por capturas de las autoridades.

Otro ejemplo son Los Chicos Malos, una de las bandas que controla la venta de estupefacientes en El Calvario en Cali. Son hijos de las jíbaras de hace 20 años que fueron ascendiendo en la estructura y que con el tiempo se convirtieron en delincuentes experimentados. Algunos han sido detenidos, otros han muerto en medio de disputas, pero siempre ha habido quién los releve conservando el control de la banda en la familia.

Además, no son pocas las estructuras criminales en Colombia que tienen un adentro y un afuera de la cárcel. En algunos casos las conexiones se mantienen y los que están adentro siguen controlando el negocio con sus secuaces. De ahí que al mismo tiempo que las autoridades las golpean, rápidamente éstas activan sus relevos y la represión termina operando al revés de lo que se esperaría. Como ya se dijo, ocurre como cuando se poda un jardín y este reverdece. En otros casos, como sucedió con la renombrada banda de Los Pascuales en Bogotá, los líderes salen de la cárcel y buscan retomar el control que perdieron durante su ausencia, desatando vendettas[7]. Este modelo de lucha contra las organizaciones criminales basado primordialmente en las capturas, logra neutralizar al delincuente del momento, pero empuja a otros –por lo general más jóvenes– a liderar la estructura criminal, los cuales a su turno serán capturados y así sucesivamente.

Así las cosas, ¿hasta qué punto sirven las capturas si lo que hacen es sobrepoblar las cárceles[8] e incentivar la renovación en los mandos de las estructuras criminales? Se suma que muchas de las capturas involucran es a consumidores, ‘campaneros’ o jíbaros menores (en flagrancia), que no tocan realmente a los grandes cabecillas que manejan las organizaciones criminales. Un informe de Dejusticia[9] señala que en los últimos años, el hurto, las lesiones, la inasistencia alimentaria y los crímenes relacionados con estupefacientes son los delitos que más ingresan a la Fiscalía, entre otras cosas porque no necesitan de grandes esfuerzos investigativos y que al final “hay muchos bobos y pocos capos”. Por el contrario, en el supuesto de que avancen las investigaciones, lo que se genera es una congestión del sistema judicial y en las cárceles. Aun así, lo que realmente ocurre es que a la mayoría los liberan pero reinciden, incluso aquellos a quienes les dan casa por cárcel.

El problema del consumidor

En términos generales se puede considerar el expendio como un sistema sin fin, porque si los consumidores siguen existiendo también lo hace la venta, lo que permite que siempre se alimente la entrada al sistema.

Uno de los aspectos que le corresponde a la intervención social es enfocarse en las recicladoras que por lo general coexisten con el expendio. En la medida en que alrededor de las ‘ollas’ haya recicladoras habrá habitantes de calle y si estos están, habrá también expendedores. El expendedor tipo Bronx no se puede despegar del habitante de calle.

El caso de los habitantes de calle merece atención prioritaria. Hay que desarrollar políticas preventivas. Entre los consumidores hay varios que están haciendo su tránsito para transformarse en habitantes de calle. La política de capturar puede paradójicamente fomentar esta situación. Una vez reseñados los consumidores, es predecible que cojan el camino del pequeño delito y en condiciones de adicción, para muchos, esto significa llegar a la situación de habitante de la calle.

Es importante no solamente hacer diagnósticos y censos sobre los habitantes en situación de calle. Hay que caracterizar también cómo es que los jóvenes adictos llegan a esta situación y generar políticas para prevenirlo. Los Centros de Atención Médica a Drogodependientes, CAMAD, instalados por la Alcaldía de Petro hace unos meses pueden ser un experimento interesante que habrá que evaluar. Nuestra hipótesis, sin embargo, es que aún en el caso de que logren cumplir con el propósito de sacar de la adicción a varios jóvenes, objetivo de por sí difícil y costoso, la realidad es que son más los que ingresan a la situación de calle que los que logran salir, por lo que el ‘sistema’ siempre tenderá a engrosarse. Adicionalmente, pretender que con los CAMAD se disminuirá la criminalidad es también poco probable. Sin contar con todas las condiciones delictivas de las ‘ollas’ como el Bronx, que no son objeto de la intervención de estos centros, hay que decir que el que delinque no es el habitante de calle, que es el principal beneficiario de esta intervención sino el que está en tránsito de volverse habitante de calle.

En Medellín también hay un esfuerzo de la Alcaldía a través de los Centros Integrados de Intervención, lo que demuestra una disposición para establecer una mayor corresponsabilidad entre la Policía y la Alcaldía. Aun así, los planes sociales requieren tiempo ya que los resultados se ven es a largo plazo. En Cali, el esfuerzo se ha centrado en luchar contra las pandillas, pero, ¿tendrá la Alcaldía de Rodrigo Guerrero recursos para trabajar la problemática de las ‘ollas’?

Se hace indispensable trabajar en políticas que atenúen significativamente el ritmo en que crece la población que habita en la calle. No es precisamente capturando a jóvenes consumidores como se llega a este propósito. Tampoco buscando sacar a los adictos de esta condición. Hay que evitar que el problema se siga reproduciendo. Las alcaldías y el Gobierno Nacional tienen ahora la palabra, así el Presidente Santos insista en que en 60 días más erradicará otras 25 ‘ollas’. La Policía hace una parte del trabajo pero no está en sus manos modificar las raíces del problema. Es hora de preguntarse qué se puede hacer además de capturar, allanar e incautar.

Por último, vale la pena preguntarse de nuevo por el propósito de esta orden presidencial. Se quería golpear el negocio de las ‘ollas’ del país o dar un golpe de opinión. Si fuese lo primero, sorprende que zonas como el barrio Antioquia en Medellín, posiblemente uno de los expendios más fuertes del país, no haya sido objeto de intervención. De hecho no es una olla tipo Bronx, con altas concentraciones de habitantes de calle, expendio y donde convergen muchas actividades delictivas, pero sí una concentración de expendios y un espacio en manos del crimen organizado. En las últimas décadas ha estado bajo el control de la Oficina de Envigado o de las facciones en que ésta se ha dividido. Por eso es un reto mayor.

Lea también la primera entrega: Las ‘ollas’, un asunto a largo plazo


[1] Bogotá: El Bronx, El Amparo; Medellín: La Candelaria; Cali: El Calvario, Santa Elena y San Judas.

[2] Según el informe de la Policía, por ejemplo, en El Bronx se avanzó en un 85%. Se realizaron dos allanamientos, se incautaron 26.530 dosis, hubo 100 capturas, dos bienes ocupados y un cabecilla preso.

[3] Las ‘ollas’, un asunto a largo plazo. http://www.ideaspaz.org/index.php/la-fip-opina/columnas/1214

[4] Ibíd.

[5] Alias ‘Rigo’ continúa manejando el ‘Bronx’ desde la cárcel: Policía. En: http://www.rcnradio.com/noticias/alias-rigo-continua-manejando-el-bronx-desde-la-carcel-policia-72379

[6] Subdirector de la Policía revela estrategia contra el crimen. En: http://noticias.terra.com.co/nacional/subdirector-de-la-policia-revela-estrategia-contra-el-crimen,c1ae46b0f82b2310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html

[7] En el caso de Los Pascuales se trató de una vendetta entre integrantes del mismo clan que terminó con cinco muertos tras una discusión por la repartición de las zonas para el control del microtráfico y la extorsión.

[8] En 2010, el hacinamiento carcelario en Colombia llegó al 32,7%. Ver Diagnóstico y propuesta de lineamientos de política criminal para el Estado colombiano. Junio de 2012. Comisión asesora de política criminal.

[9] Ver Miguel Emilio La Rota y Carolina Bernal. 2011. Políticas de Seguridad y Desigualdad, Diagnóstico Inicial. Bogotá: Dejusticia.