Análisis / 21 de agosto de 2013 / Tiempo de lectura: 9 min.

Conflicto armado en Meta y su impacto humanitario

En los últimos años (hasta finales de 2012), el conflicto armado en Meta vive un proceso de reconfiguración en el que han tenido un rol importante la muerte de Pedro Oliverio Guerrero alias "Cuchillo", ex jefe de la banda criminal Erpac, la captura de alias "El Loco Barrera", la muerte de Víctor Carranza conocido como el zar de las esmeraldas, y la muerte de alias "Jorge Briceño" o "Mono Jojoy", jefe militar de las FARC y segundo al mando de esa organización.

En los últimos años el conflicto armado en Meta vive un proceso de reconfiguración en el que han tenido un rol importante la muerte de Pedro Oliverio Guerrero alias ‘Cuchillo’, ex jefe de la banda criminal Erpac, la captura de alias ‘El Loco Barrera’, la muerte de Víctor Carranza conocido como el zar de las esmeraldas, y la muerte de alias ‘Jorge Briceño’ o ‘Mono Jojoy’, jefe militar de las FARC y segundo al mando de esa organización.


De igual forma se observa que a partir de 2003 el Meta ha sido una de las zonas priorizadas por el Estado colombiano para golpear a las principales estructuras de las FARC, y en la actualidad es una de las diez regiones en donde se desarrolla el plan de guerra ‘Espada de Honor’, que empezó a implementarse en febrero de 2012 con el propósito de golpear y desarticular a las FARC y al ELN. También fue una de las áreas elegidas para poner en práctica el Plan de Consolidación Integral de la Macarena, una doctrina de acción integral que buscaba generar de manera sostenible un ambiente de seguridad y paz.

A pesar de que estas estrategias han logrado la reducción de los cultivos ilícitos y la mejoría en las condiciones de seguridad, el departamento aún enfrenta una serie de problemáticas asociadas a las FARC, a la presencia y transformación de bandas criminales y al narcotráfico.

En 2012, la presencia de las FARC se hace visible en dos regiones del Meta principalmente. Por un lado, se encuentra la tradicional región del Ariari, donde se concentró el 91,2% del total de acciones armadas guerrilleras del departamento en 2012, así como el 90% de los combates por iniciativa de la Fuerza Pública, especialmente en los municipios de Uribe y Vistahermosa. Es en ellos donde se han enfocado las operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, siendo tal vez la operación Armagedón, ocurrida en marzo de 2012, la más emblemática de la región durante el último año.

De otro lado, la actividad de las FARC también ha sido visible en el suroriente de la región del Ariari (Puerto Rico, Puerto Concordia y Vistahermosa) y en el municipio de Mapiripán, donde a partir del año 2011, el grupo guerrillero ha intentado retomar la zona de influencia del río Guaviare –anteriormente en control de la banda del Erpac–, estratégica para el control del narcotráfico y otras actividades delictivas.

En 2012 se observa que las FARC hacían presencia con los siguientes frentes: El frente 7, al mando de Miguel Botache Santillana, alias ‘Gentil Duarte’, en Vistahermosa, Mesetas, Puerto Concordia, La Macarena y Puerto Rico. El frente 26, que estaría bastante diezmado, hace presencia en Lejanías, El Castillo, San Juan y La Uribe. El frente 27, que sería el encargado del cobro de extorsiones y boleteo y de la compra de base de coca , se encuentra ubicado en Vistahermosa, La Macarena, Mesetas y San Juan. El frente 39, al mando de alias ‘Cadete’, asentado en Mapiripán y Puerto Gaitán, extendiéndose hasta el Vichada. El frente 40 en La Macarena, Mesetas y La Uribe. El frente 44, al mando de Olmes Puentes, alias ‘Ricaute Pérez’, en Puerto Rico y Puerto Concordia. El frente 53, que está ubicado en Lejanías y El Castillo. También harían presencia la Compañía Esteban Ramírez y la Columna Móvil Juan José Rondón.


Las bandas criminales, por su parte, han mostrado un constante proceso de mutación en el que una vez los jefes abandonan el cargo (ya sea por homicidio, captura o muerte en combate), la jefatura de la banda es asumida por sus mandos medios, el grupo es absorbido o vendido a otra estructura criminal o desaparece.


En el Meta, las mutaciones de las bandas criminales ya han mostrado varias generaciones. La primera generación post desmovilización estaba al mando de Pedro Oliveiro Guerrero, alias ‘Cuchillo’, ex integrante del Bloque Centauros de las AUC, quién pasaría a ser el comandante de la banda criminal asociada al narcotráfico conocida como el Erpac, en algún momento la más poderosa de la Orinoquia.


Una vez ‘Cuchillo’ muere en un operativo de la Policía Nacional, empieza la segunda generación al mando de alias ‘Vaca Fiada’ y ‘Caracho’, siendo éste último quien se sometería a la justicia junto con el resto de la banda en noviembre de 2011.


En 2012 aparece una tercera generación conformada por dos bandas comandadas por ex integrantes del Erpac. La primera de ellas, conocida como Libertadores del Vichada, está al mando de Martín Farfán Díaz alias ‘Pijarvey’, quien era el segundo al mando de alias ‘Cuchillo’ y estuvo preso en la cárcel de Cómbita desde 2009. Tras ser liberado en enero de 2012, tomó el mando de cerca de 180 combatientes encargados de controlar el corredor estratégico para el tráfico y comercialización de drogas entre Villavicencio, Granada, Restrepo, Acacías, Puerto Gaitán, Puerto López, San Martín y Mapiripán. Estos cargamentos salen hacia Brasil, Venezuela y el Caribe.


La segunda es el Bloque Meta que contaría para comienzos de 2013 con máximo 50 hombres que hacen presencia en Puerto Concordia, Puerto Rico, San Martín, Puerto Lleras, Granada, Villavicencio, Vistahermosa, Guamal y Mapiripán. Según fuentes de prensa locales, para 2013 este grupo se ha ido debilitando tras perder a varios de sus altos mandos, entre los que se encuentran alias ‘Monstrico’, ‘Flaco Fredy’ y ‘Calamisco’. Según la Policía del Meta, no se descarta que las mutaciones de las bandas conduzcan a que ‘Pijarvey’ se convierta en jefe de los reductos del Bloque Meta.


De acuerdo con lo anterior se concluye que a pesar de los golpes asestados tanto a las FARC como a las bandas criminales, las primeras continúan teniendo control social, capacidad de acción y la posibilidad de siembra de cultivos ilícitos sobre la región del Ariari y Mapiripán, aunque en menor medida que en los primeros años del 2000. Para las segundas, el Meta sigue siendo un corredor estratégico para el comercio de narcóticos y armas desde y hacia el exterior.


Coincidiendo con las zonas de mayor confrontación armada en el Meta, en 2012 las principales violaciones a los derechos humanos se reportaron en las zonas del Ariari, Mapiripán y en el Oriente. Según datos de la Policía Nacional, los homicidios se concentraron en la región Oriental y en el Ariari: en la primera se trata principalmente de homicidios selectivos presuntamente cometidos por la banda Libertadores del Vichada en su disputa por los corredores ya mencionados, y de homicidios contra expendedores de drogas y trabajadoras sexuales en posibles operaciones de limpieza social; además, se atribuyeron algunos casos a las diferencias entre ex integrantes del Bloque Meta, quienes se disputaban el liderazgo de la banda tras los ya mencionados operativos de la Policía.


En la segunda región, en el Ariari, las altas tasas de homicidio podrían estar relacionadas con las muertes en combate generadas por la constante presión de la Fuerza Pública en las zonas de Vistahermosa y Uribe, donde a través de confrontaciones directas y bombardeos se intenta debilitar a las FARC.


En ese mismo año, según datos de la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV), las tasas más altas de desplazamiento forzado (desplazamiento por cada 100.000 habitantes) se dieron en las regiones del Ariari y Mapiripán. En la primera región, especialmente en Puerto Rico, Vistahermosa y Uribe, se concentraron los operativos de la Fuerza Pública, generando un incremento de amenazas de las FARC para impedir la colaboración de los habitantes con los actores estatales.


En la región Oriental se cruzaron dos dinámicas del conflicto en las que tanto las FARC como los Libertadores del Vichada intentaron tomar el control sobre territorios que antes eran del Erpac. En este contexto, la población ha manifestado quedar en medio de la presión de ambos grupos.


De otro lado, según datos del Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal (PAICMA), el Meta ha sido identificado como uno de los departamentos con más víctimas por MAP y Muse entre 2000 y 2012, aunque entre 2011 y 2012 mostró una reducción de 32% en el número de afectados por estos artefactos. A pesar de lo anterior, la siembra de minas continúa siendo una de las estrategias de las FARC para retener el avance de la Fuerza Pública, especialmente en Vistahermosa, considerado uno de los municipios más minados del país.


Adicionalmente, las minas representan uno de los mayores obstáculos para la restitución de tierras y la aplicación de la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011). Como señala un funcionario de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) “en un municipio como Vistahermosa (Meta) podemos tener unas 500 solicitudes de restitución de tierras, pero el 40 o 50 por ciento de esos predios puede tener sospechas de presencia de minas” .


Finalmente, en 2012 la Defensoría del Pueblo hizo un llamado sobre la situación de reclutamiento forzado en el departamento, de nuevo en Mapiripán, el Oriente y el Ariari, donde se presume que algunos menores de edad que no se sometieron con el Erpac estarían siendo cooptados por los Libertadores del Vichada. En la región del Ariari hay denuncias sobre la presión que están ejerciendo las FARC en escuelas de Vistahermosa para reclutar niños, niñas y jóvenes. Se suma el caso de Granada y Villavicencio, donde tanto las bandas como las FARC, a través de milicianos, estarían utilizando y convenciendo a los niños para participar en actividades ilícitas.


Por último, según datos del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía, vale la pena mencionar que en 2012 se hizo visible una reducción de los casos de secuestros y un incremento de las denuncias por extorsión. Estas últimas se concentraron en Villavicencio, el 9% en Granada, 6% en Acacías, 4% en San Martin, 3% en Guamal y Puerto López, y 2% en El Castillo y Restrepo.

Este informe de la Unidad de Análisis 'Siguiendo el conflicto' de la FIP, analiza las dinámicas históricas y recientes del conflicto armado en el departamento del Meta y su impacto humanitario.

 

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