Este primer taller liderado por la Universidad de los Andes y la FIP permitió abrir canales de comunicación entre la Agencia Colombiana para la Reintegración y la academia. Se presentaron los resultados de cuatro investigaciones.
La iniciativa de un taller entre el Estado y la Academia para hablar sobre desarme, desmovilización y reintegración, surgió cuando la Fundación Ideas para la Paz compartió con diferentes investigadores académicos, una encuesta que realizó a cerca de 1.500 desmovilizados en 2008 para la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR.
La encuesta se centró en averiguar cómo estaban estos ex combatientes antes del reclutamiento, durante y después de su desmovilización, lo que sirvió a investigadores de diferentes universidades nacionales e internacionales -todos expertos en conflicto armado- para adelantar cuatro investigaciones que se centraron en la relación entre ex combatientes y democracia, en su confianza en el Estado, en el rol de la comunidad frente a la reintegración y el de las mujeres en el conflicto. Parte de los resultados de estos trabajos fueron presentados a la ACR durante el taller, que a su vez, explicó su modelo de ruta de reintegración que hoy involucra a 33.900 ex combatientes activos en el proceso.
Mauricio Rubio, experto en temas como criminalidad urbana e investigador de la FIP, lideró la investigación sobre las mujeres en el conflicto. Para él, analizar la relación de las mujeres con los grupos violentos estaría incompleta si se mira solo lo formal. “Hay que mirar, sobretodo, las relaciones amorosas”, dijo. Entre los hallazgos que sorprenden de su investigación, está que un alto porcentaje de las mujeres ex combatientes consultadas sabían utilizar armas antes de hacer parte de estos grupos, y, además, un número significativo aprendieron a hacerlo a una edad más temprana que los hombres, con una ventaja de hasta dos años, sobretodo en el área rural. “El mensaje de esta investigación es que se han subestimado los factores no económicos, tanto de reclutamiento como de mantenimiento y salida del grupo”, dijo Rubio.
¿Pero, qué tanto le sirven a instituciones como la ACR este tipo de investigaciones? Para Joshua Mitrotti, director de reintegración de la ACR, las investigaciones académicas tienen que ser, definitivamente, un valor agregado para las políticas públicas. “El año pasado, durante el proceso de institucionalización, se creó una unidad de evaluación para fortalecer el análisis de la política de reintegración y no pensar solamente en cobertura. La sinergia entre la academia y el Estado tiene que funcionar”, dijo. Incluso, la ACR está estructurando una unidad de monitoreo a tres años, para hacerle seguimiento a los desmovilizados, aun cuando reconocen que existen grandes brechas en la información.
No es tan sencillo el trabajo conjunto con la Academia. El acceso a la información es uno de los grandes conflictos que distancian a la academia y las instituciones públicas. Para Juan Carlos Palou, coordinador del Área de Construcción de paz y post conflicto de la FIP, las entidades públicas son absolutamente reacias y celosas a compartir información. “Ven a la academia como evaluadores que tienden a concluir que se están haciendo las cosas mal”. El otro problema son los tiempos. Las investigaciones académicas manejan ritmos muy distintos a las dinámicas que caracterizan al sector público, lo que hace difícil ese diálogo entre el Estado y la academia.
Para la ACR, el interés del investigador versus la necesidad del Estado no siempre coincide. “Las investigaciones desde el punto estrictamente académico de comprensión del fenómeno son válidas, pero si no ofrecen soluciones a problemas específicos, no se van a ver reflejadas en una mejora de la política pública, en este caso, de la ruta de la reintegración”, dijo uno de los integrantes del grupo de trabajo de la ACR.
Para los participantes del taller -tanto académicos como funcionarios públicos- es pertinente el diálogo y el trabajo por conciliar los intereses de uno y otro lado.
Las otras investigaciones presentadas fueron lideradas por Juan Esteban Ugarriza de la Universidad del Rosario, cuyo trabajo se ha centrado en la profundización de la democracia en escenarios de conflicto; Oliver Kaplan, de la Universidad de Princeton, experto en la resolución de conflictos y consejero de varias instituciones del gobierno colombiano; Enzo Nussio, de la Universidad de los Andes, cuyo trabajo se ha centrado en el miedo, la desconfianza y la protección en sociedades violentas y Ben Oppenheim, de la Universidad de California.