Aunque hay 400 procesos abiertos de parapolítica, los paramilitares desmovilizados han aportado información suficiente para investigar a 11.179 políticos, funcionarios, empresarios y otros ciudadanos como posibles cómplices de este tremendo capítulo de la historia colombiana. Informe especial del portal periodístico VerdadAbierta.com.
Desde que arrancó el proceso de Justica y Paz y hasta finales de abril, sus fiscales y magistrados han enviado a la justicia ordinaria más de 11.179 solicitudes de indagación a 943 políticos, 870 militares, 330 servidores públicos y 9.036 personas naturares, entre ellos, a muchos empresarios porque se sospecha que contribuyeron de alguna manera con el paramilitarismo.
Este indicador no quiere decir que cada vez que un paramilitar mencione a alguien como su cómplice, éste sea realmente culpable, pero sí da una idea de a cuánta gente arrastró el fenómeno y cuánto le falta a la justicia para esclarecer quiénes lo hicieron posible y se beneficiaron de él.
La Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes son las cuatro instituciones encargadas de investigar las alianzas entre paramilitares y políticos. La Corte Suprema ha condenado a 53 políticos entre senadores y representantes a la Cámara, a nueve gobernadores y aún tiene más de 100 procesos pendientes por parapolítica. Entre ellos, contra Dilian Francisca Toro, Nancy Patricia Castañeda, Armando Benedetti, Juan Manuel Corzo, Julio Alberto Manzur y Guillermo Gaviria Zapata.
En el caso de la Fiscalía, el camino que tiene que recorrer en materia de parapolítica es igualmente largo. La Fiscalía ha concluido exitosamente decenas de casos y en los que ha pedido acusación ha logrado sentencias contra varios alcaldes, concejales y diputados de los departamentos de Sucre, Cesar, Magdalena, Casanare, Antioquia y Tolima; además de algunos ex funcionarios de alto nivel como Jorge Noguera, ex director del DAS y Guillermo Valencia Cossio, ex director Nacional de Fiscalías. La Unidad Contra el Terrorismo, la estructura de apoyo de parapolítica adscrita a esa oficina, tiene hoy en sus manos 260 investigaciones preliminares, otras 47 en etapa de instrucción y 15 en indagación.
Por su parte, la Unidad delegada ante la Corte Suprema de la Fiscalía está procesando a 20 gobernadores y ex gobernadores de 15 departamentos, y tiene a su cargo investigaciones polémicas como una contra el ex vicepresidente Francisco Santos porque presuntamente estuvo de acuerdo con la creación del Bloque Capital, según aseguró Salvatore Mancuso. Hay otra contra la ex ministra del Medio Ambiente, Sandra Suárez, por supuestos nexos con ‘Jorge 40’. Ambas investigaciones están en su etapa preliminar. Esta Unidad también se encarga de investigar y acusar a ministros, embajadores, generales y almirantes de la fuerza pública, directores de departamentos administrativos, al Contralor General de la Nación y al Procurador General de la Nación.
En cambio, el asunto de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que tiene el poder de investigar al Presidente de la República, al Fiscal General, a los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado y a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, no es de volumen. Sólo tiene dos investigaciones pendientes contra los ex fiscales Mario Iguarán y Luis Camilo Osorio, pero avanzan con dificultad, dado el calibre de los procesados. El secretario de esta Comisión, Gonzalo Pinzón, dijo a VerdadAbierta.com que están esperando que el Congreso apruebe viajes al exterior para que los investigadores puedan entrevistar a los ex jefes paramilitares presos en Estados Unidos y a otros testigos de los casos.
En el caso de la investigación formal contra el ex fiscal Osorio, la Comisión la retomó en marzo de 2012. Este proceso se había abierto hace años, a raíz de que en 2002 el entonces senador y actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, había asegurado que Osorio era responsable de haber permitido que las autodefensas infiltraran la Fiscalía.
Contra el ex fiscal Iguarán, la Comisión abrió una investigación preliminar por una supuesta colecta que hizo Carlos Mario Jiménez alias ‘Macaco’ para favorecer su elección como jefe del ente investigador. Vale la pena aclarar que frente al ex presidente Uribe, quien ha sido señalado en varias versiones libres de los ex paramilitares, sólo hay una investigación preliminar en la Comisión por presunta responsabilidad en las chuzadas del DAS, más no por parapolítica.
La Procuraduría, cuya tarea es vigilar a los funcionarios públicos, creó una comisión para el seguimiento de los procesos por parapolítica llamado Grupo de Seguimiento de Procesos Disciplinarios en el Marco de la Justicia Transicional, Ley de Justicia y Paz. Esta comisión busca impulsar las investigaciones disciplinarias contra funcionarios públicos, iniciadas a raíz de las denuncias e información entregada por los desmovilizados. Inicialmente el grupo tenía vigencia de un año, sin embargo, en marzo de 2012 una nueva resolución ordenó su funcionamiento indefinido.
Según la Coordinadora de Justicia y Paz del Ministerio Público y líder del Grupo de Seguimiento, el mayor problema para las investigaciones disciplinarias por parapolítica es que el tiempo de vencimiento que tiene la Procuraduría para procesar a los políticos señalados es de cinco años después de ocurrido el hecho. Sin embargo, para el caso de investigaciones disciplinarias por infracciones a los derechos humanos, el vencimiento para que se inicie un proceso es de 12 años.
En este contexto, muchos de los casos de los políticos que se aliaron con paramilitares para las elecciones parlamentarias del 2002 y regionales del 2003, ya se vencieron.
Entre otros obstáculos para desarrollar las investigaciones disciplinarias resaltados por la funcionaria consultada por VerdadAbierta.com, están las impresiones en las declaraciones de los denunciantes, lo que dificulta la comprobación de los hechos y las frecuentes renuncias de funcionarios públicos que llevan poco tiempo en su cargo y que cuando tienen abierta una investigación disciplinaria, casi de inmediato renuncian a su cargo, para evadir la investigación. En este último caso, el Ministerio Público pierde su competencia para investigarlo.
En la Procuraduría actualmente hay en curso 356 procesos contra funcionarios públicos por presuntas alianzas con grupos paramilitares. Sin embargo, esta cifra cambia rápidamente y está sujeta entre otras cosas a las versiones que rinden postulados en Justicia y Paz. La mayoría de los casos abiertos se localizan en Sucre, Antioquía y Cesar.
En la oficina del Procurador General hay 103 procesos por parapolítica, de los cuales 88 están en trámite, 11 tiene fallo con sanción disciplinaria y 4 se han absuelto. Entre los casos más sonados están las investigaciones disciplinarias contra el ex senador y ex embajador en Perú, Jorge Aníbal Visbal Martelo, contra el ex representante Estanislao Ortiz y varios alcaldes de los municipios de Necoclí, Arboletes y San Pedro de Urabá en Antioquia; contra el ex senador Reginaldo Montes; contra el ex representante Luis Fernando Almario; contra el ex representante a la Cámara Juan Pablo Sánchez; contra el ex senador Guillermo Alfonso Jaramillo y el ex alcalde de Planadas, Tolima, Jhon Jairo Hueje, entre otros.
En etapa probatoria se encuentran los juicios contra el ex concejal del Magdalena, Carlos Padilla Peña, el ex representante a la Cámara condenado ya por la Corte Suprema, Alfonso Riaño, el ex senador Habig Merheg, entre otros. Investigados con pliego de cargos por la Procuraduría están el ex gobernador de Caquetá, Juan Carlos Claros y el ex senador Ciro Ramírez, condenado ya por la Corte.
Durante el 2011, el Ministerio Público abrió indagación contra el representante a la Cámara Guillermo Rivera, ponente de la Ley de Víctimas, y el ex gobernador del Putumayo, Carlos Palacios Palacios. Por estos hechos, según lo conoció VerdadAbierta.com, la Procuraduría ordenó el 31 de octubre de año pasado la apertura de indagación.
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