* Por cuenta de las ‘vacunas’, grupos armados estarían recibiendo mensualmente entre 650 y 3.500 millones de pesos.
* Más de 100.000 familias del departamento viven de la explotación ilegal.
* El 80% del oro que se produce en Antioquia viene de empresas que no son legales.
Para los autores del libro Informalidad e ilegalidad en la explotación del oro y la madera en Antioquia, la actividad minera en ese departamento se ha convertido en fuente de financiación de grupos armados ilegales, lo que se suma a la informalidad y la ilegalidad. Esa es una de las grandes conclusiones de esta investigación que fue presentada por Jorge Giraldo en Bogotá, con apoyo de la Fundación Ideas para la Paz.
Para Giraldo, decano de la Escuela de Ciencias y Humanidades de la Universidad Eafit, es urgente trabajar en políticas públicas que involucren procesos de formalización, legalización y aseguramiento de los derechos de propiedad en las zonas donde hay explotación de oro. “La explotación ilegal está directamente relacionada con el propio carácter informal que tiene la industria del oro en Colombia. La investigación reveló que en Antioquia, el 80% del oro que se produce viene de empresas que no son legales. Pero además, que esta manera de explotar el oro guarda una relación directa con la informalidad en la tenencia de la tierra”, dijo.
Es por eso que los investigadores también recomiendan regular los mercados informales, pero sobretodo, buscar una articulación entre los mercados informales y los formales y entre las explotaciones informales de oro y las grandes empresas legales. “La conclusión a la que hemos llegado es que quienes están generando la articulación con los productores informales son las organizaciones criminales o lo que nosotros llamamos ‘mineros emergentes’. También, en algunos casos, los jefes políticos locales”. De ahí la importancia que desde el Estado y desde las empresas mineras formales se establezcan mecanismos de articulación con la economía informal del oro.
“También existe una intención en el manejo de las regalías que hace que las ventas de oro y las captaciones de estas por parte de los municipios sean muy irregulares”, aseguró Giraldo, quien ve con preocupación el inminente riesgo que existe en el país de criminalizar a los productores informales de oro.
Hace poco, el ministro de Ambiente, Frank Pearl, afirmó que “la minería ilegal es el nuevo narcotráfico”, algo que también piensa el ex director de la Policía, Oscar Naranjo, quien la define como “la mayor amenaza”. Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, también reforzó esta idea y dijo que a la minería ilegal hay que tratarla como al narcotráfico.
Por eso, para los investigadores es urgente fortalecer la institucionalidad local. “Antes que atacar a los mineros con la estrategia militar y policial, habría que empezar a preocuparse por la manera cómo los ex políticos locales entran a estos mercados informales y criminales”, dijo Giraldo.
Otro punto son las modificaciones al Código Minero que para los investigadores no genera incentivos para que los informales se formalicen. “La prueba está es que en Antioquia, durante el 2010, apenas hubo tres procesos de solicitud de formalización”, dijo Giraldo.
En el tema de la extorsión, los profesores calculan que solo por las ‘vacunas’ que cobran los grupos armados ilegales para permitir, por ejemplo, el uso de las retroexcavadoras, los grupos ilegales podrían estar recibiendo mensualmente entre 650 a 3.450 millones de pesos, “cifra que representaría entre el 20 y el 70 por ciento del PIB minero”. Según las cifras recogidas por los investigadores, la extorsión oscila entre uno y cinco millones de pesos mensuales por máquina o entable, en zonas de baja producción como el Occidente, y, hasta de 10 millones en zonas de alta producción como el Bajo Cauca y el Nordeste.
Enfrentar estas nuevas realidades del sector supone grandes retos. Los investigadores encontraron que la mayoría de municipios auríferos en Antioquia son los peor calificados en el ranquin de desempeño fiscal de Planeación Nacional y explican que la legislación deposita en los alcaldes la fiscalización, pese a su vulnerabilidad ante los actores ilegales y hasta su vinculación directa con la explotación ilegal. Para Giraldo y Muñoz, el único que estaría en capacidad de ejercer ese control es el Estado a nivel central.
Con relación a la madera, que también está incluida en la investigación, las irregularidades incluyen explotación de bosques públicos, talas sin autorización, extracción de más madera de la permitida, utilización de especies protegidas, declaración de exportación inferior a la real y transporte sin salvoconducto.
La publicación de este libro fue posible gracias al trabajo conjunto entre EAFIT y la Fundación para el Progreso de Antioquia (Proantioquia).