Esta columna se publicó el 20 de marzo en La Silla Vacía

Sobre el mercado de armas en Colombia tenemos claras dos cosas. La primera es que no hay información suficiente y disponible que permita entender cómo funciona su cadena y comportamiento económico, ni en el caso del mercado legal ni del ilegal. Sin información resulta muy difícil proponer y tomar medidas efectivas sobre su control.

La segunda es que hay vacíos importantes en su regulación, como sucede con la comercialización de armas de aire y fogueo, una actividad que está completamente exenta de cualquier tipo de vigilancia especial a nivel local e internacional, y cuyas cifras de importación por parte de particulares han subido significativamente en los últimos años sin mayor explicación. Colombia pasó de importar 8.000 unidades en el 2010 a 190.000 en el 2020. Hoy en día es tan fácil importar, vender y comprar un arma de este tipo, casi igual que si fueran un balón de fútbol o un juego de mesa.

Las armas de fuego han sido utilizadas de manera recurrente en la historia de Colombia para delinquir, pero también en enfrentamientos políticos y sociales, y para ejercer violencia en los hogares (tan solo el año pasado hubo 300 denuncias por violencia intrafamiliar y delitos sexuales asociados a su uso). Por eso resulta alarmante que aún haya propuestas para promover el incremento de este mercado, en vez de asegurar, primero, un absoluto y riguroso control.

Las armas de fuego son instrumentos para ejercer violencia, con motivaciones legítimas o no. Su uso pretende demostrar superioridad y poder sobre los demás, pues tener la capacidad y el control de decidir sobre la vida de otro y de otros es una condición que adquieren quienes las tienen en sus manos. De ahí que llame la atención no solo la exposición de motivos del proyecto de ley que recientemente se presentó al Congreso sobre la flexibilización del porte de armas, sino además algunos de sus artículos. Aquí hablaré de los más llamativos.

El primero tiene ver con la sección de multas. De acuerdo con el nuevo proyecto, debe incrementarse la multa de uno a tres salarios mínimos cuando se incurra en alguna de las siguientes conductas: se esté borracho o drogado al mismo tiempo que se porta un arma de fuego, municiones o explosivos en lugares públicos; se saque el arma del lugar autorizado en el permiso de porte; se dispare en un lugar público; o se porte, transporte y posea armas sin los permisos correspondientes.

Esto quiere decir que no solo estaría previsto que en las circunstancias en las que más peligro hay de ejercer violencia con un arma de fuego (bala perdida, estar bajo condiciones de excitación y poco control emocional), o en las que las personas puedan estar involucradas en actuaciones irregulares e incluso delictivas (cuando se presta el arma a un tercero o que se esté en un lugar diferente al que se argumentó se necesitaba tener), el castigo sea una multa de un poco menos de tres millones de pesos. Sino que, además, la preocupación de los que propusieron modificar las multas no tiene ninguna relación con los verdaderos problemas de Colombia.

Somos el quinto país en el mundo en donde más se asocia el uso de armas de fuego a la muerte de civiles, donde más de 8.000 personas son asesinadas con armas de fuego al año y en el que más de 9.000 hurtos se cometen haciendo uso de estas armas. Sin embargo, el castigo para quienes tienen permisos excepcionales de tenerlas y portarlas, pero las prestan a terceros, las sacan de los lugares en donde el Estado permite tenerlas temporalmente o las disparan en lugares públicos (porque los privados ni se menciona), es una multa que equivale a lo que cuesta un año de moverse en Transmilenio en Bogotá.

El segundo de los artículos que llama la atención es el que propone establecer un término para la expedición de los permisos, que no deberá ser mayor a 30 días en el caso de las armas que se solicitan para defensa personal. Me pregunto si en vez de preocuparse porque los permisos se otorguen rapidito, no habría sido mejor hacerlo por incluir algunas características y herramientas que permitan garantizar que, quien porte un arma de fuego tenga la mínima posibilidad de estar implicado o implicada en una actividad irregular o ilegal asociada a su uso.

Dos aspectos más que resalto sobre el proyecto. El primero tiene que ver con que, en nombre de “salvaguardar la vida de la ciudadanía, así como mejorar la percepción de seguridad existente en el país”, se proponga propiciar que la sociedad se arme. ¿Acaso no generaría más temor e inseguridad que cualquier persona pueda adquirir armas de fuego en un país caracterizado por altos niveles de violencia e intolerancia?

El segundo tiene que ver con que, en la exposición de motivos, se argumente que “la mayor parte de los homicidios son cometidos con armas de fuego ilegales”: eso es falso. Las cifras sobre la actividad delictiva que se presentan en el proyecto son el resultado de denuncias e investigaciones que hace y recibe la Policía Nacional y la Fiscalía. Determinar el tipo de arma (legal o ilegal) que se utilizó en un homicidio sólo se puede hacer si se decomisa el arma en flagrancia, o se encuentra en el marco de una investigación o un operativo.

Teniendo en cuenta que Colombia ocupa el quinto lugar en impunidad en América Latina —según el índice Global de Impunidad que periódicamente realiza la Universidad de las Américas— me atrevo a asegurar que no existe información suficiente para determinar qué porcentaje de los homicidios registrados en el país ocurren con armas legales e ilegales. Por otro lado, en el caso de Medicina Legal, apenas un 70% de los homicidios cuentan con información suficiente para caracterizar el hecho, por lo cual la información disponible es apenas de entre el 20% y 30% de los casos registrados.

Conclusión: no hay información que permita determinar qué porcentaje de los delitos que ocurren en Colombia, suceden con armas ilegales. Y es que el tema de la legalidad y la ilegalidad es un camino gris por el que transitan mercancías como estas. Las armas se producen de manera legal en fábricas de diferentes países del mundo, e incluso Colombia exporta desde hace algunos años armas de fuego. Se pueden comercializar de manera legal, como sucede con los permisos o con las armas traumáticas que no tienen regulación para su comercialización: quien las compra y las vende en Colombia no está incurriendo en ningún tipo de delito o irregularidad. Su uso “ilegal” se da únicamente cuando se rompe alguna de las normas en una larga cadena económica, y es por esto que un arma con permiso o comprada de manera legal puede terminar teniendo participación en una actividad ilegal y volver a la legalidad.

Por último, quisiera resaltar la importancia de no caer en la romantización ni demonización de quienes portan y tienen armas de fuego. Esta no es una discusión sobre ciudadanos de bien o mal, frente a los cuales se hacen juicios morales sin tener en cuenta cientos de factores y circunstancias que rodean sus acciones. Esta es una discusión sobre un mercado que nutre la violencia entre y contra los demás, y sobre la protección de la vida de todos los colombianos.

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