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Los jóvenes quieren que los escuchen. Y lo que tienen que decir aquellos que viven en las zonas más afectadas por la violencia resulta clave para los tomadores de decisión que le hacen seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz. Por ello, 65 jóvenes de cuatro regiones del país –Catatumbo, Cauca, Buenaventura y Meta-Caquetá– participaron durante tres meses en las “Conversaciones de paz: Los jóvenes se toman la palabra” convocadas por la FIP y IRI, en el marco de “Del Capitolio al Territorio” , una iniciativa en la que congresistas de diferentes partidos escuchan las preocupaciones sobre construcción de paz que tienen los actores locales a lo largo del país.

Los resultados de esas conversaciones con jóvenes se compartieron en una jornada virtual con congresistas, en la que participó la directora ejecutiva de la FIP, María Victoria Llorente, quien recordó el propósito del proyecto: “En la FIP reconocemos el valor de las iniciativas participativas y de diálogo porque permiten acercarnos a realidades y percepciones de las comunidades y otros actores en los territorios. Con “Los jóvenes se toman la palabra” buscamos tender puentes entre los participantes y los tomadores de decisiones para que sus opiniones y percepciones sean tenidas en cuenta”.

Aunque cada territorio es diverso y tiene dinámicas particulares, hubo tres temas en común que los jóvenes compartieron a los congresistas:

1. El recrudecimiento de la violencia y el reclutamiento forzado

Los jóvenes señalaron que son los más vulnerables a sufrir los impactos de la violencia, a ser vinculados a economías ilegales y a ser reclutados forzosamente por grupos armados. Recordaron la crítica situación que hoy vive Buenaventura e hicieron un llamado para que la paz “no solo se limite al silenciamiento de los fusiles y la confrontación de estructuras ilegales. Queremos una paz positiva que logre transformar esa violencia estructural, cultural e histórica que hemos vividos por años en nuestro territorio”, señaló Luzary Riascos, representante de los jóvenes de Buenaventura.

Asimismo, Jimmy Arias, del Cauca, le dijo a los congresistas que, pese a que algunos municipios de ese departamento fueron priorizados por el Acuerdo, persiste la violencia y el reclutamiento. “Aquí en el Cauca se siguen viendo casos de reclutamiento forzado. Entonces, que esos Acuerdos también sirvan para proteger la niñez, la juventud, la adolescencia, para que todos tengamos un espacio de buen vivir”.

Con respecto al recrudecimiento de la violencia, el Representante a la Cámara, Crisanto Pisso, manifestó su preocupación por el aumento de reclutamiento de jóvenes a causa de la tardanza de la implementación del Acuerdo de Paz. “Es que ya no es un grupo con un jefe los que reclutan, son varios grupos armados los que están incitando a los jóvenes a la guerra. Mientras que el Estado los abandona, los grupos armados les ofrecen opciones económicas delinquiendo”, dijo.

2. Barreras en el acceso a la educación y a la formación para el trabajo

Los jóvenes de las cuatro regiones coincidieron en que en el área rural la calidad de la educación no es la mejor y que la escaza conectividad dificultó la asistencia a clases virtuales de muchos jóvenes durante la pandemia. Vivien Alba, representante de los jóvenes de Catatumbo, señaló que “las zonas rurales del Catatumbo son territorios muy extensos que hacen que la población no tenga una educación de calidad, ni acceso a plataformas digitales. Por ejemplo, en este momento debo participar en el encuentro a través de línea telefónica porque no hay internet en mi municipio. Lo mismo me ocurre a veces con las clases virtuales”.

También, Brandon Alvis, representante de los jóvenes de Meta y Caquetá, señaló que “los jóvenes rurales no tienen oferta educativa y los pocos que buscan oportunidades tienen que asumir los costos de vivienda, alimentación y transporte en las ciudades. Además, el tránsito hacia la ciudad hace que se pierda el valor que tiene el campo, pues si allí no hay oportunidades, ¿para qué volver?”.

Frente a esto, el Representante a la Cámara Juan Carlos Lozada se sumó a los jóvenes señalando que “la instrumentalización de la educación para el trabajo esta nublando las oportunidades. Duele ver como la educación para las regiones más apartadas carece de la calidad necesaria con el argumento de que tiene que ser práctica”. En el mismo sentido, el senador Antonio Sanguino llamó la atención sobre cómo aumentó la deserción escolar por cuenta de las barreras de conectividad en las zonas rurales: “Según cifras del DANE, el 33% de los jóvenes colombianos ni trabajan ni estudian. Tras la pandemia, el 37% de los estudiantes de educación superior desertaron de la educación pública y cerca del 50% desertaron de la educación básica y media, debido a las brechas digitales que se pusieron al descubierto en medio de la pandemia. Esto debería alarmar al Estado”. En este mismo sentido, la FIP el año pasado había advertido que la suspensión de clases presenciales, sumado a la crisis económica, podría hacer más vulnerables a niños, niñas y adolescentes al reclutamiento forzado o vinculación a economías ilegales.

3. Reclaman que los tomen en serio y tengan más participación en la toma de decisiones

Casi que a unisono, los jóvenes participantes reclamaron que las autoridades locales de sus regiones los subestiman y no tienen en cuenta sus opiniones. Señalaron que no se promueven los espacios de participación juvenil ni la vinculación de nuevos participantes, aunque los grupos de jóvenes estén organizados. Por ejemplo, Liceth Cuetia, del Cauca, contó que “los jóvenes de Corinto estamos bastante organizados y hacemos parte de la plataforma municipal de juventudes. Buscamos incidir en nuestro territorio y llevamos iniciativas de participación ciudadana. Eso nos ha traído un poco de resiliencia, ya que nacimos y crecimos dentro del conflicto armado”.

En el mismo sentido, Fernando Valencia, un joven de Buenaventura, llamó la atención para que se fortalezcan y promuevan los liderazgos juveniles: “queremos acompañamiento, sobretodo cuando nos enfrentamos a acciones violentas como amenazas”.

Al respecto, la Representante a la Cámara Juanita Goebertus señaló que, en los informes de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz, que realizan desde el Congreso de la República, se evidenció la baja participación ciudadana en la etapa de hojas de ruta de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET. “Los problemas de conectividad son evidentes cuando el proceso se hace de manera virtual. Los elementos que ustedes están poniendo de presente los tenemos que poner sobre la mesa. Escucharlos nos permite tener una mirada territorial”, dijo.

Sobre este punto, también reaccionó el senador Roosvelt Rodríguez. “Como congresistas tenemos la obligación de escucharlos. Ustedes pueden reclamar los espacios, en las audiencias públicas de los proyectos, solicitar información a nuestros correos para que se les tenga en cuenta y se les escuche”.

Para presentar los resultados, los jóvenes prepararon varios contenidos por cada territorio:

Escuche aquí el podcast que hizo el equipo de “Del Capitolio al Territorio” con los jóvenes participantes.

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