Los resultados de la última Encuesta de Percepción y Victimización que realiza la Cámara de Comercio de Bogotá desde 1996, señalan un deterioro en la percepción de seguridad en la ciudad. La percepción de seguridad de los ciudadanos es producto de una compleja combinación de factores donde nunca hay una sola explicación. Sin embargo, alcaldes, secretarios de gobierno o de seguridad y muchos funcionarios, pero en especial, la Policía, la subvaloran y deslegitiman cuando sus indicadores son adversos a lo que siente la ciudadanía. Es una forma de decir: el ciudadano se equivoca, el funcionario tiene la razón. Lo que por lo general se acompaña de una acusación a los medios de comunicación.
Esto no es más que el síndrome del funcionario público que queda atrapado en su propia lógica, en sus propias metas, y deja de observar el comportamiento de otras realidades. Al final del día, la forma como los funcionarios ven la realidad es una forma de percepción y ésta también puede estar equivocada. Es verdad que salvo el hurto a bicicletas y los homicidios, los otros delitos no aumentan en la ciudad. Pero los delitos contra la vida tienen alto impacto en la experiencia delictiva de los ciudadanos. Es equivocado seguir desconociendo que algo pasa en la ciudad en materia delictiva. Más bien, es posible que los indicadores que se tienen no sean suficientes para entender la situación. Bajo este contexto, no sorprende que la sensación de inseguridad aumente.
Las vulnerabilidades de los ciudadanos son un factor determinante. Pero estas no están necesariamente vinculadas a la actividad delictiva. En la agenda de investigación que adelantamos en la Fundación Ideas para la Paz (FIP) sobre el miedo y la percepción, hemos encontrado que la seguridad ocupa el séptimo o sexto lugar entre las preocupaciones que afectan de manera cotidiana la calidad de vida de los ciudadanos. La pandemia es un fenómeno con efectos permanentes y que ha aumentado los riesgos en salud, educación y empleo de los colombianos. No tenemos un sistema de salud sólido que nos respalde, los colegios están cerrados hace casi un año y miles de personas han perdido empleos y negocios. Son estas preocupaciones las que realmente están asociadas a la actual percepción de seguridad en Bogotá y posiblemente en todo el país.
En este sentido, toma relevancia el papel de la institucionalidad, que es el tercer elemento del modelo británico adaptado en 2005 por la Cámara de Comercio de Bogotá para hacer su encuesta. Más allá de la insistencia de los ciudadanos en acabar con la corrupción policial, fenómeno con un indicador similar al registrado en 2017 (43%), lo que sucede en Bogotá y en el país es una manifiesta debilidad de las entidades políticas y técnicas.
A pesar del programa de televisión presidencial, del uso de chaquetas de la Policía por quienes no lo son, o las manifestaciones de la alcaldesa vestida de ciclista, médica o académica, la realidad es que estamos viviendo una crisis económica y social. No tenemos claridad sobre cuándo habrá vacunación masiva, a pesar de que se habla de simulacros y preparación del ciudadano. Yo tengo listo mi brazo, no necesito más. El segundo pico tomó a Bogotá sin las 4.000 camas prometidas. Se dijeron cosas que se iban a hacer y no se hicieron. Y, tal vez, este es el mayor problema, que todo el tiempo se están diciendo cosas y cosas, como en una bicicleta estática que se detuvo en marzo del 2019 cuando arrancó la cuarentena. Lo que ha cambiado es que estamos en duelo, desempleados, aislados y deprimidos.
Los indicadores de la Cámara de Comercio, que ha cambiado su metodología con importantes problemas de comparación, pero que espero se mantenga como patrimonio de la ciudad, deben ser tenidos muy en serio tanto por la administración distrital, como por otros alcaldes del país e incluso el mismo Presidente de la República. Las instituciones no pueden asumir una posición defensiva frente a los resultados, sino que por el contrario deben recuperar las ideas originales de seguridad ciudadana, destruidas por tanto burócrata despistado, cuyo objetivo principal es protegernos y no proteger al Estado o garantizar la seguridad política de los funcionarios.