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Desde que se desató la pandemia por el covid-19, con las consecuentes medidas de confinamiento, la seguridad en varios municipios del país ha empeorado. La crisis sanitaria ha sido aprovechada por varios grupos ilegales para ampliar su influencia en las regiones, lo que no solo ha afectado a la población, sino que ha traído retrasos en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el Plan de Sustitución de Cultivos (PNIS) y la reincorporación. Los casos del Catatumbo, sur de Córdoba, Bajo Cauca y nordeste antioqueño, demuestran cómo la confrontación armada, la debilidad del Estado y la crisis sanitaria confluyen para crear un escenario complejo.

Los problemas

Aunque cada región tiene sus particularidades, es posible encontrar tres grandes coincidencias: el reacomodo de los grupos armados y el recrudecimiento de la violencia; los rezagos en la implementación del Acuerdo (como en los PDET o el PNIS); y, finalmente, los efectos colaterales que podrían tener consecuencias en los esfuerzos de paz, como la migración o la crítica situación del empleo.

Misión Humanitaria de la Defensoría en San José de Uré que buscaba visibilizar la problemática del Bajo Cauca antioqueño. 21 de febrero de 2019. Colprensa - Sergio Acero

En las cuatro regiones analizadas, las medidas de cuarentena no han sido un obstáculo para que los grupos ilegales mantengan sus acciones armadas (Antioquia y Norte de Santander, por ejemplo, fueron dos de los tres departamentos que, en el primer cuatrimestre de 2020, concentraron el 72% de los combates de la Fuerza Pública contra los grupos armados organizados). En las cuatro, también, los grupos armados han aprovechado el escenario de pandemia para imponer medidas restrictivas y de control. Un ejemplo es que, en el sur de Córdoba, las comunidades han denunciado la aparición de panfletos en los que el Clan del Golfo amenaza a la población para que acate las medidas de confinamiento.

Se suman los retrasos en la puesta en marcha de los PDET en las cuatro regiones. Las comunidades denuncian que a pesar de que el Gobierno continúa avanzando de manera virtual en el tema, su participación no solo ha disminuido, sino que se han retrasado muchas obras de infraestructura prioritarias. Si a eso se añaden las dificultades de conectividad, que no en todas las regiones es óptima, el panorama se vuelve aún más complejo.

El Programa de Sustitución de Cultivos (PNIS) avanza muy lentamente en las cuatro regiones, donde varios líderes sociales denuncian que el Gobierno no ha cumplido con todos los compromisos de desembolso de pagos y asistencia para los proyectos productivos. A su vez, varios procesos de reincorporación —como algunas iniciativas productivas lideradas por mujeres— se han frenado, y hay denuncias de que en el ETCR de Ituango (Antioquia), por ejemplo, varias familias han tenido que salir desplazadas.

Por último, no se puede dejar de lado problemas tangenciales como el aumento del desempleo en las subregiones (en Antioquia se estima que se podrían perder entre 112 mil y 131 mil empleos, llegando a una tasa de desocupación cercana al 15%); la deserción escolar, especialmente en las zonas rurales más apartadas, que pone en riesgo a niños y jóvenes frente al reclutamiento por parte de grupos armados; y aquellos asociados a la población migrante desde y hacia Venezuela, hacen que la situación sea aún más compleja.

¿Qué hacer?

La FIP propone una serie de recomendaciones para mitigar los efectos de la pandemia en la construcción de paz en estas cuatro regiones y en el país. Entre ellas sobresalen:

Misión Humanitaria de la Defensoría en San José de Uré que buscaba visibilizar la problemática del Bajo Cauca antioqueño. 21 de febrero de 2019. Colprensa - Sergio Acero
  • Establecer espacios de diálogo entre las autoridades locales y las comunidades en los territorios para evaluar las medidas con relación al manejo de la emergencia sanitaria.
  • Garantizar la seguridad de las comunidades desde una perspectiva integral.
  • De la mano con el Gobierno Nacional y los departamentales, es importante que las administraciones locales diseñen y pongan en marcha protocolos de bioseguridad para facilitar el regreso a clase de los estudiantes.
  • Mejorar la infraestructura de comunicaciones, así como la provisión de ayudas económicas y tecnológicas por parte de las administraciones municipales.
  • Durante la emergencia por covid-19, las autoridades locales deben garantizar el funcionamiento de las Mesas Municipales de participación de víctimas.

La situación de las regiones

  • Según el Instituto Nacional de Salud (INS), con corte al 15 de septiembre de 2020, en las cuatro subregiones se habían reportado un total de 6.603 casos confirmados de covid-19 (equivalentes a 0,9% de los casos de todo el país), 5.342 recuperados y 364 fallecidos.
  • En el sur de Córdoba, la situación ha sido especialmente crítica en el caso de algunos resguardos indígenas Zenú y Embera, donde se han reportado 187 muertes.
  • En el Catatumbo, según los datos del INS, el mayor número de casos positivos y recuperados se ha concentrado en el municipio de Ocaña.
  • En cuanto a la seguridad, en Bajo Cauca y nordeste antioqueño, si bien se ha registrado una disminución significativa de los homicidios —cerca de un 28% en comparación al primer semestre de 2019—, se presume que el Clan del Golfo y los “Caparrapos”, así como el ELN y las disidencias de los frentes 18 y 36 de las FARC, siguen llevando a cabo acciones hostiles.
  • En Catatumbo, los grupos armados están realizando acciones con las que estarían buscando legitimar su presencia, como “labores humanitarias” o la instalación de retenes y puntos de control para prevenir la propagación del covid-19.
  • En Catatumbo, Bajo Cauca y nordeste antioqueño, actores locales manifiestan que la Fuerza Pública representa un factor de tensión y malestar y no una garantía de seguridad en medio de la pandemia.
  • Con respecto a la sustitución de cultivos ilícitos, en el sur de Córdoba, las 5.538 familias firmantes del PNIS siguen esperando la implementación de proyectos productivos luego de haber cumplido con la erradicación de cerca de 2.900 hectáreas como parte de lo acordado.
  • En Bajo Cauca y nordeste antioqueño, el PNIS, según las comunidades, se ha concentrado en los pagos sin generar alternativas económicas claras de subsistencia.
  • En Antioquia se estima que por cuenta del covid se podrían perder entre 112 mil y 131 mil empleos, llegando a una tasa de desocupación cercana al 15%, que afectaría, especialmente, a los empleos informales. En Córdoba se calcula que la tasa de desempleo podría llegar al 16%, y en Norte de Santander sobresale el caso de Cúcuta, donde la tasa de desocupación ha bordeado el 24%.
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