Esto es algo que se viene cultivando desde hace tiempo. Lo que sucede en la actualidad no puede entenderse como un problema aislado sobre la institucionalidad policial. Es verdad: la Policía colombiana se fue convirtiendo en un Leviatán que ha concentrado poder y capacidades en todo sentido desde que se inició su reforma a comienzos de la década de los noventa. Una concentración y unas capacidades que la ponen muy por encima de otras entidades en el país, incluso sobre aquellas que deben controlarla.
Como profesional que ha trabajado en torno al sistema penal durante más de 25 años, asumo la responsabilidad que en eso tengo, porque creo que la estrategia ha sido equivocada. Es necesario hacer varias modificaciones y una de las principales es la desconcentración de poder en una sola institución, separando sus distintas “especialidades” bajo las autoridades civiles que corresponde. Por ejemplo, la Policía Fiscal y Aduanera bajo la Dian o la Policía de Tránsito bajo el Ministerio de Transporte.
Esta es una discusión dolorosa pero necesaria, dado que la actual concentración de poder en la Policía es uno de los mayores riesgos para la democracia en el país. Esto implica también remover de entrada los rangos militares en las instituciones policiales y profesionalizarlas con vocación civil, bajo las especialidades que exige el desarrollo de la función de policía en nuestra estructura de Estado. No podemos seguir mezclando las instituciones de policía con las fuerzas militares.
Hay también otro tipo de reformas que tienen que ver con la educación que reciben quienes deben cumplir estas funciones; se deben romper las barreras entre la educación civil y la policial. La formación de los funcionarios de policía debe darse en academias, previo paso por universidades o centros de formación tecnológica que no estén administrados por la institución.
A su vez, se debe avanzar en el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y control externos, tanto desde la perspectiva técnica como política. La función policial debe ser controlada políticamente. Hemos construido una institución con un poder excesivo sobre la sociedad y las instituciones, con capacidades superiores a las entidades que deben controlarla o dirigirla. Hemos separado a sus funcionarios de la sociedad creando mecanismos propios y aislados de formación y sin la debida supervisión y control. Esta tarea, sin lugar a dudas, implica que debemos abrir un debate político y técnico amplio. A veces pienso que es demasiado tarde para hacerlo, pero la peor acción es la que no se emprende.
Sin embargo, lo que sucede en este momento no se limita a la policía que tenemos. Esto está relacionado totalmente con el tipo de Estado que hemos ido construyendo, también desde los años noventa. El Estado de bienestar ha dado paso a un Estado policivo. La única forma que tenemos de comprender nuestros problemas es a través del delito. Y ni siquiera del delito sino de la idea ambigua de seguridad. Ante cualquier protesta, ante cualquier demanda, la respuesta estatal es el uso de la fuerza. Esto ha hecho que los ciudadanos nos convirtamos en enemigos del Estado y se nos endilgue el título de ser enemigos de la sociedad, cuando en realidad lo único que queremos es ejercer nuestros derechos y libertades y contar con un Estado que cumpla con ello.
Durante los últimos meses, ese estado policial se ha acentuado como mecanismo para administrar la crisis derivada de la pandemia. Esto ha generado escenarios regulatorios diversos en los distintos municipios, pero siempre con una constante: la reducción de las libertades y los derechos, algunas con sentido, otras no. La pandemia ha hecho que perdamos el empleo, el comercio, actividades productivas, vínculos públicos de encuentro, espacios afectivos y emocionales; hemos perdido mucho. Mucho de lo que nos define como personas.
La respuesta mínima que esperamos del Estado es que cumpla su función y, en el caso de Colombia, que cumpla con sus fines de Estado Social de Derecho, los cuales acordamos también en los años 90. Pero recibimos lo contrario. La imagen de los dos policías descargando con sevicia la pistola eléctrica contra un ciudadano, que era estudiante, que tenía dos hijos, que era un ser humano al que se le negaba su propia condición humana para controlar lo que fuera, está lejos del tipo de respuesta que esperamos como sociedad y ciudadanos.
Ahora bien, los políticos siguen en su visión equivocada. Me refiero a la inmadurez política de los colombianos que hace que se repita ese escenario de lucha entre dos puntos irreconciliables sin que ninguno domine el panorama, para que continuemos en lo mismo. Bogotá es un campo de batalla físico e ideológico. Un campo de lucha en el que el Gobierno Nacional y el local han decidido librar las batallas históricas. Y me inclino más por lo que dice la alcaldesa que por lo que señala el Gobierno Nacional, pero también tengo mis reservas sobre el estilo autoritario de corte educativo escogido por la mandataria.
Los políticos tienen en este momento la tremenda obligación de abrir canales de diálogo y no poner en el medio la discusión sobre la Policía Nacional para continuar manteniendo una estructura bipolar de la sociedad, que no representa a la mayoría de los ciudadanos. Es necesario construir puentes entre las diversas posiciones que nos permitan desarrollar un Estado Social de Derecho que logre articular la gobernanza –en cuanto a la provisión de bienes y servicios entre los distintos actores, tanto estatales como sociales–, que deje de estigmatizar y criminalizar a los ciudadanos, y que encuentre salidas sociales y no penales a los problemas que tenemos.
Necesitamos que el Congreso y los políticos maduren, así como tendremos que exigir cambios en la Policía y buena parte de las instituciones del Estado. Esto solo es posible con una madurez política que supere los trinos. Avancemos como ciudadanos y no como consumidores de basura en las redes sociales. Tal vez así dejaremos de quemar los CAI, que fueron creados para unir a la ciudadanía con sus autoridades.