El Gobierno afirmó que la explicación principal para las masacres y los recientes hechos de violencia es el narcotráfico. La respuesta: intensificar la erradicación de los cultivos ilícitos y reactivar la aspersión área.

Como señalaba el escritor H.L. Mencken, “siempre hay una solución fácil para todo problema humano: fácil, clara, plausible y equivocada”. Y esta no es la excepción. Primero, porque el narcotráfico no es el único problema y, en varios casos, tampoco el principal. Las masacres tienen distintas motivaciones, víctimas y determinadores, que no siempre concuerdan con la narrativa de los bandidos enfrentados por el control de esta economía ilegal. El problema es más complejo.

El más reciente boom de la coca en Colombia no estuvo acompañado por un aumento de la violencia letal. Mientras que las hectáreas de coca cultivadas casi se triplicaron de 2013 a 2016, las víctimas de masacres bajaron un 63%. Paradójicamente, ahora que los cultivos de coca venían disminuyendo, las masacres han comenzado a incrementarse. La relación no es directa. Depende, entre otras cosas, del tipo de regulación que haya en el nivel local; es decir, de que haya un actor con la capacidad de mediar y controlar el uso de la violencia. Pero con frecuencia la cara de este actor no es la del Estado.

Aun asumiendo que el planteamiento del Gobierno tenga sentido, la evidencia señala que el efecto puede ser el contrario. La economista Sandra Rozo —tomando el periodo de 2000 a 2010— encontró que un aumento en la proporción del área asperjada con glifosato en 1%, incrementa la tasa de homicidios en 4.2% y la pobreza en 4%. Además, Dan Werb y sus colegas de la Escuela de Población y Salud Pública en la Universidad de British Columbia, en Canadá, encuentran en una revisión sistemática de varios países que, paradójicamente, la disrupción de los mercados de drogas ilegales puede aumentar la violencia.

Este no es un llamado al inmovilismo. Por supuesto que el Estado debe responder al narcotráfico, pero no de la manera en que lo está haciendo.

Mientras que la apuesta del Gobierno es bajar los cultivos ilícitos, las intervenciones dirigidas a otros eslabones que no solo producen más ganancias, sino que tienen mayor capacidad de violencia y corrupción, dejan mucho que desear. La producción potencial de cocaína en Colombia se incrementó, mientras que el porcentaje de cocaína incautada ha disminuido en los últimos años. Además, en 2020, la infraestructura de producción de drogas ilícitas destruida y la incautación de precursores químicos para la producción viene descendiendo.

Y si se trata de enfocar las acciones contra las organizaciones criminales, el resultado no es más alentador: según el Ministerio de Defensa, en los primeros siete meses de 2020 hubo un descenso del 28% en las capturas de personas vinculadas a las organizaciones criminales.

Entre tanto, la sustitución de cultivos de coca, que podría ser una alternativa para aquellas comunidades que han expresado su voluntad de avanzar en la erradicación voluntaria, está desfinanciada y de última en la lista. Esto no solo implica un riesgo para aquellos líderes y comunidades que le han apostado a esta vía, sino que genera las condiciones propicias para que los grupos armados presionen a las comunidades y refuercen las relaciones de dependencia con esta economía ilegal.

La respuesta es equivocada. Pero este no solo es un problema de este Gobierno, sino de una visión que se ha impuesto de que los cultivos de coca son la causa —y no la consecuencia— de nuestra propia incapacidad de tener un Estado eficiente y legítimo en estos territorios.

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