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Aunque el más reciente informe de Naciones Unidas evidenció una disminución del 14% respecto al área sembrada con coca en Parques Nacionales Naturales (PNN) en 2018, una mirada a los distintos Parque Naturales muestra que en muchos de ellos la situación ha empeorado.

Los PNN Catatumbo Bari (Norte de Santander) y La Paya (Putumayo), tuvieron este año un incremento del 66% y 49% en el área sembrada. Mientras los PNN del andén Pacífico Munchique (Cauca), Farallones de Cali (Valle del Cauca) y Sanquianga (Nariño), vieron un aumento del 10%, 14%, y 39%, respectivamente.

El aumento en estas áreas protegidas es reflejo de la tendencia a la concentración que vienen teniendo los cultivos ilícitos en Colombia desde 2015. La coca sigue concentrándose en zonas donde, históricamente, se encuentran estos Parques Naturales: Catatumbo (Norte de Santander), El Charco-Olaya Herrera (Nariño), El Naya (Cauca-Valle del Cauca), Valdivia- Argelia-El Tambo (Cauca) y Frontera Putumayo (Putumayo).

En general, el 47% de los cultivos de coca en Colombia están en las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN), Zonas de Reserva Forestal de Ley 2ª, resguardos indígenas y tierras de comunidades negras.

Parques Naturales afectados por cultivos ilícitos 2018 / UNODC 2019

Este informe de la FIP se centra en analizar la problemática de los cultivos ilícitos en los PNN, que resulta relevante para la identificación de alternativas compatibles con la protección del medio ambiente, en otras áreas de manejo especial. En estas áreas, además de los cultivos ilícitos, también se realizan actividades como minería, ganadería extensiva, caza ilegal y siembra de cultivos que no están permitidos. Las alternativas que planteamos en este documento también puede contribuir a avanzar en la solución de estos problemas. Estos son los principales hallazgos:

Los cultivos ilícitos se han expandido en las zonas de amortiguamiento de los PNN

Luego de rondar las 8.000 hectáreas en 2001 y disminuir hasta 2.000 hectáreas en 2013, los cultivos de coca en zonas de amortiguamiento de PNN han alcanzado en 2019 las 9.823 hectáreas (es decir, cerca del 6.4% del total nacional de cultivos).

La coca aumentó de manera particular en las zonas de amortiguamiento de los mismos PNN donde los cultivos han aumentado: Farallones de Cali (+67%), Catatumbo Bari (+51%), y La Paya (+75%). Aunque, a primera vista, esta cifra parecería de menor importancia respecto a la coca que hay en otras zonas de interés estratégico o manejo especial, las zonas de amortiguamiento son ecosistemas fundamentales para la protección de las áreas protegidas, y, en muchos casos, constituyen por sí mismas espacios de alto valor biológico y cultural.

Estas zonas permiten atenuar las perturbaciones causadas por la actividad humana en los lugares circunvecinos a las distintas áreas del Sistema de PNN, con el fin de impedir que lleguen a causar disturbios o alteraciones en la ecología o en la vida silvestre. Las zonas de amortiguamiento aportan a la conservación de los elementos biofísicos, los servicios ambientales y los procesos ecológicos que conectan el área protegida con los complejos regionales del ecosistema.

Los impactos de los cultivos de coca preocupan y persisten

Deforestación, contaminación de fuentes hídricas y suelos, expansión de la frontera agrícola, conflictos sociales, presencia de grupos armados, acaparamiento de tierras, desarrollo de ganadería extensiva y —en algunos casos— minería ilegal, son las principales dinámicas asociadas a la expansión de los cultivos dentro las áreas protegidas. Esto significa que, aunque en términos de extensión la afectación es baja, los costos resultan muy altos en lo que tiene que ver con los daños causados a los valores objeto de conservación y a las comunidades vulnerables que allí habitan.

Entre las áreas protegidas más afectadas se destacan la Sierra de La Macarena, Paramillo, Nukak y Catatumbo Barí / FOTO FIP

Abordar los cultivos ilícitos en las áreas protegidas es una tarea con múltiples retos

1. Existen complejas redes detrás de los crímenes ambientales y el narcotráfico.

2. Las estrategias desplegadas por el Estado generan tensiones con actores locales, en especial con las comunidades vulnerables largamente asentadas.

3. La desarticulación e inconsistencia de las distintas instituciones e intervenciones del Estado, no llegan a conectar las agendas de desarrollo, seguridad, política antidrogas y protección del ambiente.

4. No hay una legislación actualizada y sensible a las particularidades que caracterizan algunos de los principales retos ambientales.

5. La capacidad del Gobierno Nacional y de las autoridades regionales y locales para administrar estos espacios, es limitada.

6. Existe una progresiva expansión y control de los grupos armados ilegales.

La erradicación forzada ha sido el principal mecanismo para reducir los cultivos, pero preocupa su eficiencia y costos

Para el periodo 2017-2018, por ejemplo, encontramos que para reducir un 5% (457 hectáreas) de los cultivos de coca en estos territorios, se tuvieron que erradicar un total de 4.230 hectáreas. Además, esta es una medida que, como se ha visto en los últimos meses, tiene costos humanos muy altos y es un motor de choque y conflictividad entre autoridades y comunidades.

Desde 2019, el Gobierno viene implementando el PNIS en 11 PNN, sin resultados, por lo que intenta corregir el rumbo

Gracias al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), el año pasado se erradicaron de manera voluntaria 1.608 hectáreas de coca en áreas protegidas del Sistema de PNN, pero no fueron suficientes para evitar que la coca aumentara en algunos de estos espacios.

En el PNN Farallones de Cali, por ejemplo, el programa intervino 71,6 hectáreas de coca, pero, de todas maneras, tuvo un incremento del 14% en el periodo 2018-2019. En La Paya se eliminaron 102 hectáreas, pero tuvo un alza del 49% en los sembradíos. En otros casos se han presentado reducciones en los cultivos ilícitos, pero no las que se esperarían. En el PNN Alto Fragua Indi Wasi, el PNIS erradicó voluntariamente 73 hectáreas, pero solo reportó la disminución de tres este año.

Actualmente, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Agencia de Renovación del Territorio se encuentra trabajando en el diseño e implementación de una serie de “modelos especiales” de sustitución sensibles al ordenamiento territorial y orientados a la restauración ecológica, la conservación de ecosistemas y el desarrollo rural sostenible.

Hectáreas de coca censadas vs. hectáreas erradicadas en PNN

El traslado voluntario, gradual y concertado de las familias fuera del área protegida, sigue siendo una opción

Para impulsar esta alternativa, las autoridades cuentan con los Acuerdos 058 de 2018 y 118 de 2020 de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Esta normativa habilita a la entidad para otorgar derechos de uso a sujetos de ordenamiento social sobre baldíos inadjudicables. Esta posibilidad puede cobijar a los pequeños cultivadores de coca que se encuentran en las áreas PNIS o PDET, o en los municipios focalizados para el ordenamiento social de la propiedad.

Otra medida para dinamizar este proceso está en el artículo ocho del PND, que permite la compra de mejoras realizadas en predios al interior de las áreas del Sistema de PNN.

Una solución a largo plazo para manejar los impactos en las áreas protegidas, es el Régimen Especial y Transicional de Manejo para Campesinos (REMC)

Esta medida se alcanzó a materializar en un proyecto de ley y se presentó con el fast track. Los REMC son una alternativa que busca establecer un equilibrio entre la protección del ambiente, la garantía de los derechos de las comunidades y la seguridad nacional. Hacen referencia a un sistema de toma de decisiones conjuntas entre los organismos estatales y las comunidades locales que permite a todas las partes involucradas dialogar, definir y garantizar el reparto equitativo de las funciones de manejo, los derechos y las responsabilidades de un determinado territorio o conjunto de recursos naturales.

La FIP propone cinco recomendaciones principales:

  1. Proteger a las autoridades ambientales, a los líderes sociales y a las poblaciones involucradas en la sustitución de cultivos ilícitos y en la protección del ambiente.
  2. Elaborar y adoptar una política pública para abordar la problemática de los cultivos ilícitos en las áreas protegidas del Sistema de PNN.
  3. Abrir el abanico de opciones para responder al desafío de los cultivos ilícitos. Además de opciones integrales para reducirlos —como es el caso de los REMC—, es importante considerar alternativas que, en el corto y mediano plazo, acompañen la transición (por ejemplo, los pagos por servicios ambientales, ecoturismo, aprovechamiento de productos no maderables del bosque, la bioprospección para fines medicinales y cosméticos, y los negocios verdes).
  4. Fortalecer los PNN aumentando su presupuesto, número de funcionarios, infraestructura, tecnología y autonomía.
  5. Incentivar un cambio cultural que permita que la sociedad colombiana dimensione la importancia de los bosques y se comprometa a mantenerlos en pie.

Con el propósito de lograr intervenciones de largo plazo que sean efectivas, las autoridades deben impulsar las reformas normativas necesarias y mejorar la capacidad institucional para poder desplegar alternativas que permitan reducir los cultivos ilícitos en estos espacios y mejorar la calidad de vida de las personas en condición de vulnerabilidad que dependen de esta economía.

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