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“Del Capitolio al Territorio” es un proyecto de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes implementado por la FIP que, a través de visitas regionales, hace seguimiento multipartidista a la implementación del Acuerdo de Paz. Con estas visitas se busca identificar, de primera mano, los avances y rezagos en el desarrollo de políticas públicas relacionadas con temas claves para la implementación del Acuerdo de paz.

Al departamento del Guaviare se realizaron tres visitas en el marco del proyecto: un viaje de recolección de información y preparación en noviembre de 2019; la visita de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes al municipio de San José del Guaviare, el 14 y 15 de noviembre de 2019; y un viaje de seguimiento por parte del equipo de la FIP, entre el 24 y 27 de febrero de 2020.

Tras esas tres visitas, los hallazgos dejan ver que la firma del Acuerdo de Paz con las FARC generó un cambio en las dinámicas de la confrontación en Guaviare, ya que disminuyó la intensidad del conflicto, pero aún persisten las afectaciones sobre las comunidades, principalmente en zonas rurales. El reclutamiento forzado, por ejemplo, sigue siendo un fenómeno generalizado en el departamento que afecta principalmente a las comunidades indígenas.

Por su parte, la implementación de dos de los programas centrales del Acuerdo, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), tienen retrasos y se enfrentan a importantes desafíos asociados a las restricciones ambientales y a la ausencia de ordenamiento territorial.

En cuanto al proceso de reincorporación de los ex miembros de las FARC, las entrevistas en terreno dan cuenta de que avanza de manera diferenciada para los excombatientes de los dos antiguos ETCR (Colinas y Charras), pero su gran dificultad está atada al acceso a la tierra y a la reincorporación económica.

Sobre la reparación de las víctimas preocupa que continúa siendo una deuda por parte del Estado y el acceso a las indemnizaciones sigue siendo limitado, según lo indican las organizaciones de víctimas.

Finalmente, el informe sobre Guaviare señala que un efecto no deseado de la desmovilización de las estructuras de las FARC ha sido el aumento en la deforestación de zonas protegidas. Según cifras del IDEAM, en 2018 se deforestaron 38.221 hectáreas de bosque en el Guaviare, mientras en 2019 se talaron 34.527 hectáreas, convirtiéndose, en los últimos meses de ese año, en el segundo departamento con mayor deforestación después del Caquetá.

Este informe está basado en entrevistas y diálogos con actores locales, así como en las acciones de seguimiento y requerimientos a las instituciones que se realizaron luego del viaje de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes.

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