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Hablar de sustitución de cultivos ilícitos suele llevar, casi siempre, a un callejón sin salida: mientras el Estado colombiano continúa echando mano de diversas estrategias para intentar reducirlos —entre ellas la erradicación forzada y la aspersión aérea con glifosato que, aunque muestran resultados a corto plazo, en el largo parecen resultar insostenibles—, cientos de campesinos que dependen de esta actividad todavía se preguntan cómo hacer para dar el paso a una economía legal que les permita vivir de manera digna.

La respuesta es que hasta ahora no hemos podido salir de este embrollo. De hecho, según el informe de Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos de Naciones Unidas, aunque las hectáreas de coca disminuyeron en 2018, la cifra continúa siendo alta: 154.000 hectáreas (un número muy superior a las casi 48.000 que había en 2012, la cifra más baja registrada por Colombia en dos décadas).

Para decirlo en palabras sencillas: ninguno de los remedios aplicados hasta ahora ha podido lograr un descenso sostenible.

Y, sin embargo, existen algunos ejemplos específicos de sustitución que han funcionado, quizás en contra de toda lógica. De eso se trata precisamente este libro, El catálogo de las pequeñas soluciones, escrito por Juan Carlos Garzón, director del Área de Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz y el periodista Andrés Bermúdez Liévano: de mostrar, con rostro y nombres, las historias de decenas de campesinos que han logrado abandonar la economía de la coca y encontrar un sustento, muchas veces novedoso, para romper con este círculo vicioso. Pero más que clasificarlas como “éxitos” —explican los autores—, el libro “propone abrir una conversación a partir de las pequeñas soluciones que existen y que se pueden combinar, para ayudar a que otras comunidades rompan la dependencia con los cultivos de coca y amapola”.

Así, pues, los lectores nos topamos con historias como las de los indígenas del resguardo de Aponte, en el municipio del Tablón de Gómez, en Nariño, que cambiaron dos mil hectáreas de amapola por café especial entre 2003 y 2004; o la de los cientos de campesinos en San José del Guaviare que dejaron de vivir de la coca para empezar a cosechar el fruto de la palma de asaí, que ya existía en sus propios bosques y lleva años de “boom” comercial en Brasil; o, incluso, la de 1.224 familias caucheras del Caquetá que están trabajando de la mano con científicos para encontrar una variedad de caucho resistente a un patógeno llamado, irónicamente, “el mal suramericano de las hojas”.

Apenas tres casos de los diez que componen este libro y que muestran cómo, a través de esfuerzos colectivos —y a punta de ensayo y error— diversas comunidades a lo largo y ancho del país han logrado romper su dependencia de la coca. Ejemplos que, como dicen los autores, demuestran que “las soluciones duraderas son probables cuando se trabaja con las comunidades, y no al margen de ellas”, y que lo que hace funcionar estas historias ha sido, en la gran mayoría de los casos, la suma de actores que trabajan unidos, desde las comunidades hasta los gobiernos locales y nacional. En el fondo, los autores argumentan que lo importante es ver qué han inventado estas comunidades para crear oportunidades de bienestar en las economías legales y asegurar que esas soluciones planteadas contribuyan a gestionar bien los recursos naturales que los rodean.

Ojalá este Catálogo de las pequeñas soluciones sirva, entonces, como una muestra de que la sustitución de cultivos ilícitos tiene caminos posibles y que muchas veces los más insospechados son los que logran convertirse en una alternativa viable. De eso se trata.

Cinco ideas clave

1. Las comunidades que han logrado romper la dependencia que tenían con los cultivos como la coca y la amapola, lo han hecho a través de esfuerzos colectivos, implementando muchas soluciones concretas y complementarias a problemas específicos, construidas desde lo local y descubiertas a punta de ensayo y error.

2. Los planes rígidos y basados en lecturas simplificadoras se han visto sobrepasados por el dinamismo de las personas y su capacidad para identificar alternativas concretas. Las soluciones duraderas son probables cuando se trabajan CON las comunidades, no al margen de ellas.

3. Los cambios se han dado de manera incremental, con la participación de múltiples actores bajo la perspectiva de que todos ponen: instituciones locales y regionales, Gobierno central, agencias de cooperación, comunidades, emprendedores y el sector empresarial. En muchos casos lo que las hace funcionar es esa suma de actores.

4. La solución al problema de los cultivos ilícitos no solo depende de lo que puede hacer el Estado, sino también del mercado y la posibilidad real de que las comunidades logren participar en las economías legales, mejorando su calidad de vida. Para saber si algo está funcionando, el indicador debería ser entonces si hay más oportunidades y mayor bienestar social en esas comunidades.

5. En un país con tantos recursos naturales y valiosos ecosistemas que nos prestan servicios esenciales al resto del país, es fundamental que la discusión sobre qué hacer con la coca esté conectada permanentemente con la gestión del ambiente. Es decir, que las soluciones ayuden a cuidar mejor esos recursos ambientales y no al revés.

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