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Este es el primer informe de seguimiento a las dinámicas de la confrontación armada y su impacto humanitario que hacemos en medio de la pandemia. Por eso, decidimos poner un foco especial a lo que ha ocurrido desde que se adoptaron medidas para responder al covid-19 entre marzo y abril de 2020.

Para la FIP, la pandemia actúa como un dinamizador que puede intensificar o —en algunos casos— desacelerar las dinámicas de violencia y de confrontación armada. Por ello, sus posibles efectos no apuntan a una sola dirección, sino que son heterogéneos: varían dependiendo del territorio y las variables que se seleccionen. Se suma que las tendencias generales pueden tener importantes excepciones en el nivel local.

¿Qué ha pasado durante el primer cuatrimestre del año?

La confrontación armada continúa activa, con el aumento de las acciones ofensivas de la Fuerza Pública y de los grupos armados organizados. Sin embargo, su letalidad ha disminuido: menos miembros de la Fuerza Pública mueren o resultan heridos. También, hay una caída en el número de integrantes de los grupos armados organizados que han resultado muertos en operaciones.

Los grupos armados de mayor actividad fueron el ELN y las disidencias de las FARC, pero la mayoría de los combates de la Fuerza Pública se dirigieron contra el Clan del Golfo y Los Caparros.

A nivel nacional, los homicidios disminuyeron 16%. En el caso de los municipios que hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la baja fue del 12%.

Los meses con más casos de homicidio fueron enero y febrero; es decir, los anteriores a la implementación de las medidas para enfrentar la pandemia, siendo enero el peor mes.

Las agresiones a líderes sociales aumentaron un 10% y los homicidios 53% (49 entre enero y abril). El mayor número de casos se encuentran en Cauca, Putumayo y Antioquia. Por su parte, los desplazamientos forzados tuvieron un incremento del 5%, concentrándose en Nariño, Putumayo y Antioquia.

También continúan los problemas ambientales ligados a la minería ilegal, la deforestación y los atentados a los oleoductos; en algunas zonas, incluso, se han intensificado.

Durante la pandemia (marzo y abril de 2020)

Los combates de la Fuerza Pública no tuvieron variaciones significativas, mientras que las acciones de los grupos armados organizados disminuyeron.

Hay grupos armados ilegales que han ordenado restricciones y reforzado el aislamiento, bajo el argumento de que así evitan la propagación del virus; en otros casos, las facciones armadas han incrementado sus acciones contra los líderes y las comunidades.

El cambio más relevante se da en la disminución de los homicidios, con descensos notables, especialmente en abril. Preocupa el incremento reciente de las muertes violentas en Tumaco (Nariño) y Buenaventura (Valle).

Respecto al número de homicidios de líderes sociales y excombatientes, la pandemia no parece tener efectos en las tendencias que se venían presentando. Sin embargo, sí hay un incremento en los desplazamientos forzados y en las víctimas de minas antipersonal.

Las regiones de mayor preocupación

La intensificación de la confrontación armada —con el aumento de la violencia y el impacto humanitario— se concentra en regiones específicas del país.

En el mapa se pueden observar los municipios con incrementos en las cifras de una o más de las siguientes variables: 1) Acciones de los grupos armados organizados (como hostigamientos y emboscadas, así como ataques a la población y bienes civiles); 2) Homicidios; 3) Homicidios de líderes sociales; y 4) Eventos de desplazamiento forzado.

En el primer cuatrimestre de 2020, las zonas de mayor preocupación, con disputas activas entre grupos armados ilegales que no surgen en este periodo, pero que sí se intensifican son: el Pacífico nariñense, el sur del Valle y el norte del Cauca, el centro y la costa pacífica en el Cauca, el departamento de Putumayo, la herradura que va desde el Urabá antioqueño, pasando por el sur de Córdoba, el Bajo Cauca y el sur de Bolívar y llegando hasta el Catatumbo, en Norte de Santander, y el norte del Chocó.

Es importante señalar que en buena parte de estas zonas la presencia de la Fuerza Pública ha sido reforzada, sin que esto signifique que hayan mejorado las condiciones de seguridad. Se destacan, además, regiones donde se evidencia la incursión de grupos armados organizados, lo que ha generado la intensificación de la confrontación armada y los índices de violencia: los Montes de María, el norte de Boyacá, el sur del Tolima, el sur de La Guajira y el norte del Cesar, y algunas áreas del sur del Meta, Caquetá y Guaviare.

No hay una única explicación para lo que ocurre en estos departamentos y regiones. En este informe, destacamos algunas dinámicas locales que pueden servir de guía para analizar las tendencias y los datos. En todo caso, no hay que perder de vista que detrás de los números se encuentran personas y poblaciones en contextos de inseguridad que comprometen sus capacidades, libertades y derechos.

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