Durante la implementación de un proyecto en el Caquetá en el que participé, estudiamos qué información y herramientas se necesitaban para fortalecer la participación de las comunidades en el desarrollo de la política local de seguridad. Las entrevistas y grupos focales evidenciaron la necesidad de acceder, de manera permanente, a información actualizada y, sobre todo, de fácil acceso. Pero, ¿qué tan fácil es encontrarla?

Colombia cuenta con un estricto marco jurídico en materia de protección de datos personales. Este ha sido el argumento que han dado algunas entidades del Estado para negar información criminal, el cual no viola el principio de habeas data, pero sí limita la capacidad de los entes locales —como las alcaldías de pequeños municipios— para tomar decisiones en materia de seguridad y convivencia.

Aunque la información es la herramienta más importante para trazar un camino de acción que lleve a cumplir objetivos, actualmente la mayoría de las alcaldías, así como la sociedad civil, no cuentan con ella para hacer un seguimiento riguroso a los temas delictivos.

La información pareciera no ser un tema relevante en lugares donde, desde hace décadas, todo tipo de manifestaciones de violencia han sido el día a día de las comunidades. Sin embargo, la falta de esta herramienta —absolutamente necesaria para tomar decisiones y generar un ejercicio realmente participativo— no ha sido un obstáculo para que las comunidades de municipios como Florencia y San Vicente del Caguán, hayan logrado ejercer una presión importante sobre la gestión administrativa de las alcaldías y la institución pública local.

Por eso, recibieron con satisfacción, que la FIP desarrollara un módulo virtual con acceso a información delictiva y operativa, que describe, de manera sencilla y puntual, las propuestas de las alcaldías en materia de seguridad y convivencia, y que, además, genera una medición del clima de opinión frente a la gestión de estos temas en ambos lugares (ni Florencia ni San Vicente del Caguán cuentan con encuestas o sondeos sobre temas de interés ni participación ciudadana).

Pero, si bien la plataforma es un recurso útil, la implementación de este proyecto puso en evidencia el grave problema que mencioné al inicio: la falta de información pública adecuada, de fácil acceso y comprensión, que le permita a los ciudadanos ejercer con eficacia sus labores de control social.

En Colombia, la base de datos del Observatorio del Delito de la Policía Nacional es la única que está a disposición virtual de todo el público, sin ningún tipo de restricción a su acceso. Incluye el microdato y la caracterización de cada uno de los delitos que se registran en todos los municipios del país. De hecho, es la única base de datos pública y actualizada en América Latina que cuenta con tantas características de la actividad delictiva y operativa.

Sin embargo, la naturaleza de esta base de datos es "orientadora", es decir, una guía para la Policía, pues es el primer contacto que tienen las autoridades con las características de un presunto delito y su victimario antes del proceso investigativo y judicial. No lo es para la toma de decisiones de política local, ni para la elaboración de estudios o para el monitoreo que la sociedad civil hace de los temas de seguridad y convivencia. Aún así, es la que hay.

Esta base de datos cuenta con varios problemas que la FIP ha destacado en distintas publicaciones: no incluye en las cifras de homicidios a las personas muertas en combate, quienes deberían registrarse como tal mientras un juez determina si esa muerte fue o no producto del uso legítimo de la fuerza del Estado; caracteriza a las personas únicamente por su sexo biológico y no incluye ningún tipo de información sobre posibles causales del delito por identidad de género, y tiene problemas en algunas de sus categorías como “profesión” y “ocupación” (no hay un manual público en donde se pueda consultar el significado de las categorías, lo que dificulta el análisis). En ocasiones, también tiene errores de digitación, ya que proviene de un proceso manual que se realiza a nivel local.

Pese a todas estas falencias, es la herramienta que tienen a la mano las autoridades locales civiles para tomar decisiones sobre los temas de seguridad y convivencia (es lo que lleva a la mano el comandante de la Estación de Policía a los consejos de seguridad), y la sociedad civil para hacer seguimiento a estos temas.

La FIP ha solicitado durante años a entidades como Medicina Legal, la Fiscalía, las Fuerzas Militares y el Ministerio de Defensa, información que permita hacer seguimiento a temas de interés nacional. Pero ha sido una tarea difícil y, por lo general, poco exitosa. Las entidades envían la información en formatos como PDF, con los cuales no se pueden trabajar los datos, con vacíos, sin explicaciones en el uso de categorías o, simplemente, nunca responden. Esto evidencia un problema mucho más grande: en Colombia, el acceso a información pertinente para la toma de decisiones de seguridad y convivencia, es limitado e incompleto.

Las instituciones que manejan este tema se han excusado, como ya lo dije, en el principio de habeas data, así como en la seguridad nacional, para justificar la falta de entrega de información y su publicación, todo esto a pesar de que existe una norma que garantiza que la mayoría de estos datos sean públicos. Lo que ha hecho esta actitud es limitar el apoyo que entidades de la sociedad civil como la FIP, pueden dar al estudio riguroso de estos temas y generar propuestas más acordes a la realidad.

Si bien la Policía Nacional y la Fiscalía hicieron un acuerdo en 2017 para integrar el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía (SIEDCO) y los registros administrativos de denuncias del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía, no existe una base de datos, ni pública ni privada, que una estas cifras. Eso implica que no hay un seguimiento completo caso a caso que esté sistematizado en una base, el cual comience con la denuncia del presunto delito y termine en el estado judicial del presunto victimario.

Estos problemas transcienden los esfuerzos que organizaciones de la sociedad civil, comunidades e incluso autoridades locales hacen en pro de fortalecer la implementación de políticas de seguridad ciudadana. Es una decisión de Estado y, el colombiano, desde hace años, pareciera no tener la disposición para trabajar en el cierre de brechas de información; es decir, en la asimetría del acceso a la información de la criminalidad en el país.

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