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La incertidumbre está en el centro de este análisis. Aunque es pronto para estimar los costos reales, no es tarde para tomar decisiones sobre sus efectos potenciales, que podrían ser los impactos y riesgos del coronavirus en 6 temas claves para la Agenda de Estabilización (escuchar los hallazgos más relevantes):

1. El accionar de los grupos armados y las facciones criminales no será uniforme

La cuarentena decretada por el Presidente Iván Duque desde el 24 de marzo hasta el próximo 26 de abril (sin contar con que se prolongue), podría traducirse en la disminución de las acciones armadas de los grupos ilegales. No obstante, también podría ser una “ventana de oportunidad” para diversificar las acciones delincuenciales armadas y expandir su influencia. Todo dependerá de las condiciones de cada zona y la postura de los grupos armados ilegales, que será heterogénea.

El cese al fuego unilateral declarado por el ELN podría significar un alivio para las comunidades. Aunque este gesto ha generado expectativas sobre la posible reapertura de las conversaciones, para la FIP es poco probable que esto suceda.

Mientras que algunas economías ilegales podrían experimentar dificultades por la interrupción de las cadenas de transporte y comercialización en medio de la pandemia —así podría suceder con el narcotráfico y el contrabando—, otras podrían tomar fuerza, como sería el caso de la minería de oro. A nivel local, además de la extorsión, en el mediano plazo hay riesgo de que aumenten el hurto y los saqueos.

Sobre el fenómeno de la deforestación —que está en aumento, según lo denunciado por las autoridades locales— la FIP advierte que su control se hace más difícil, ya que las autoridades ambientales también están cobijadas por el aislamiento preventivo obligatorio.

2. En algunas zonas las medidas humanitarias aliviarán a la población, pero en otras la situación puede empeorar

Pese a que aún no es clara la conexión entre el homicidio de líderes sociales con las medidas adoptadas para mitigar el Covid-19, la FIP advierte sobre algunos riesgos: la restricción de la movilidad puede aumentar la vulnerabilidad de estas personas, volviendo sus rutinas y ubicación mucho más previsibles, mientras los canales de atención y denuncia para las agresiones pueden afectarse por la reorientación en las actividades de las instituciones del Estado.

Preocupan, además, el desplazamiento y los confinamientos. De acuerdo con la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), ambos se han incrementado en el 2020, especialmente en Chocó y Nariño: 944 personas que pertenecen al Consejo Comunitario El Progreso han tenido que desplazarse y más de 3.000 están confinadas desde el 11 de marzo en el Alto Baudó, por citar solo dos ejemplos.

Sobre la violencia contra mujeres y niñas, la FIP alerta que se puede profundizar en zonas de conflicto armado por el riesgo de violencia intrafamiliar y sexual, tráfico de personas, explotación sexual, violencia cibernética y riesgo para mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos. Preocupa, además, la alta vulnerabilidad de las poblaciones indígenas y su cercanía con zonas en las que se han detectado nuevos casos.

3. Debilitamiento de la capacidad de respuesta ante la crisis migratoria

El cierre de las fronteras terrestres decretado por Duque podría intensificar el control de estructuras armadas en estos territorios y dinamizar las economías ilegales como el contrabando, el tráfico de migrantes y la explotación sexual. Algo que puede ser más evidente en la frontera colombo-venezolana.

El panorama se hace aún más preocupante si se tiene en cuenta que las organizaciones de cooperación internacional dedicadas a la atención de extranjeros han suspendido temporalmente sus operaciones, acogiendo las medidas de aislamiento social. En Norte de Santander se han cerrado algunos refugios y comedores que atendían a población migrante.

En el extremo suroccidental del país la no situación no es muy distinta. A medida que la crisis sanitaria se hace cada vez más dramática en Ecuador, también se incrementan los riesgos de que aumente el flujo de personas en esta frontera. Y no solo de venezolanos y ecuatorianos, sino de africanos, asiáticos y cubanos que van camino a Norteamérica. Esta diáspora podría incrementar la presión a los servicios de salubridad a la población migrante en los departamentos de la frontera.

4. Las movilizaciones y protestas advierten sobre un nuevo ciclo de demandas ciudadanas

Las movilizaciones sociales reclamando soluciones en materia de inversión social y garantías laborales no se han hecho esperar. Entre las comunidades más vulnerables se encuentran las personas que dependen de los mercados informales, los micro y pequeños empresarios, las mujeres con empleos precarios y los grupos históricamente excluidos.

De acuerdo con la Base de Datos de Movilización Social de la FIP, desde que se decretó el aislamiento en todo el país, entre el 25 y 31de marzo se presentaron al menos 22 movilizaciones de distinto tipo, 54% de las cuales ocurrieron en ciudades capitales y 46% en otros municipios.

Estos eventos se han manifestado principalmente a través de bloqueos de vía, plantones, concentraciones y paros de actividades educativas o laborales. Han protestado los trabajadores de la salud, los trabajadores informales, los migrantes venezolanos y las comunidades en donde se implementa la erradicación forzada de cultivos ilícitos, entre otros.

En el ámbito rural, se destaca el rechazo de las comunidades a la erradicación forzada, que exigen su suspensión en medio del Covid-19.

5. Sobrecarga de funciones para la Fuerza Pública y alto riesgo de contagio

El aislamiento y otras restricciones tomadas para mitigar la expansión y efectos de la pandemia, están generando una alta demanda de control por parte de la Fuerza Pública, sobrecargándola en sus funciones.

Los incidentes de orden público ligados a las fallas en la provisión de bienes y servicios públicos, podrían incrementarse en un escenario en el que la curva de casos aumente. Eso generará presión sobre la limitada infraestructura de salud.

La inconformidad de la ciudadanía con las medidas adoptadas y sus consecuencias, podría tener un efecto negativo en la legitimidad de la Policía, que es la institución más visible en la imposición de las medidas.

Se suma que la Fuerza Pública está en la primera línea de respuesta del Estado, por lo que está más expuesta a contagiarse del virus, aun tomando las medidas de autocuidado. Esto puede disminuir el pie de fuerza y limitar las capacidades de respuesta.

6. La agenda de construcción de paz se ralentiza

El Covid-19 plantea un desafío mayúsculo para la implementación del Acuerdo de Paz en términos logísticos y operativos, una posible disminución de recursos y la redefinición de las prioridades. La ralentización, o incluso el detenimiento de algunas de las actividades, puede aumentar los rezagos en componentes claves de la agenda de estabilización y de transformación territorial. Todo esto a pesar de los esfuerzos del Gobierno para garantizar la atención en salud, suministro de alimentos a los ETCR y apoyo económico para los excombatientes. El Consejero para la Estabilización, Emilio Archila, ya ha advertido que las vías terciarias, los programas Agua al Campo y de electrificación, tendrán afectaciones y retrasos.

La implementación de los PDET también podría retrasarse por cuenta de las dificultades que impone el aislamiento obligatorio en la participación presencial de los actores locales. Aunque el Gobierno está tomando medidas para sostener los espacios de articulación, hay regiones con limitaciones tecnológicas y las autoridades e instituciones locales están enfocadas en responder a la emergencia.

Las limitaciones presupuestales a las que se ha enfrentado la implementación del Acuerdo de Paz podrían profundizarse como resultado de la reorientación de recursos para responder a la pandemia.

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