Esta columna se publicó en La Silla Vacía el 6 de abril de 2020

Hay quienes piensan que estamos en una crisis similar a la de la bajada del precio del petróleo, donde se deben tomar medidas complementarias que aumenten los presupuestos estatales y eviten los efectos económicos. La verdad es que no. El estar encerrados en casa para frenar el avance del Covid-19 con su respectivo estancamiento social, económico e incluso político, tiene efectos mayores. Efectos que incluso no sabemos qué dirección tomarán.

Basta mirar la discusión filosófica iniciada en Europa por Slavoj Žižek y Byung-Chul Han, y a la que, para tranquilidad de aquellos que en Colombia solo leen a los estadounidenses, ya se sumó Judith Butler. Hay quienes piensan que avanzaremos perdiendo libertades y democracia, y otros que ganaremos en solidaridad. Hay quienes piensan que el capitalismo está muriendo mientras otros consideran que avanzamos al modelo chino de un capitalismo totalitario. El futuro posiblemente esté en un lugar intermedio.

Lo que es claro es que no estamos ante una crisis como la que he mencionado, sino ante el cambio de algunas condiciones de la forma como funciona el mundo que, por el momento, tiene un letrero que dice, como los cajeros automáticos: “Temporalmente fuera de servicio”.

Este encierro ha llevado a la necesidad de consumir, en primera instancia, análisis salubristas sobre el Estado y la administración de la pandemia. Luego, a la de conocer los efectos del Covid-19 sobre la economía, la política y —como no— la seguridad. Sobre este punto aparecen los terroristas habituales y los analistas, que pueden dedicarse a infundir temor con tal de ser leídos. Personajes que hablan de futuras hordas urbanas que destruirán establecimientos, asaltarán y violarán mujeres y niños en las calles haciendo uso de las imágenes alimentadas durante largo tiempo por el cine y la televisión.

Pero lo más probable es que eso no llegue a suceder o que, si ocurre, no tenga las dimensiones de las distopías cinematográficas a las que nos han acostumbrado. A esta imagen se antepone la de otro futuro más cercano y cotidiano, en el que un ciudadano común con acceso a crédito bancario pueda sortear la situación de manera individual, quedando empeñado de por vida y condenado a trabajar en condiciones precarias. Un futuro que se parece más a nuestro presente y corresponde al devenir de las cosas. Pero, quién sabe: tal vez el mejor método sea tirar los naipes para poder pronosticar lo que sucederá si estamos encerrados 15, 20, 30 días o hasta seis meses más.

Esos expertos de la seguridad, que aumentaron en las últimas dos décadas tan velozmente como el coronavirus, con tan diferentes pelambres en formación y criterio, tienden a quedarse estancados en las actuales categorías. Se insiste en hablar del tema en los mismos términos en los que se ha venido haciendo. Hay quienes insisten en querer hablar de los hurtos y las dinámicas de control asociadas al fortalecimiento de la Policía o la militarización, y continuar ignorando otras cosas que suceden y se pueden haber agravado en estos días de encierro. Y es frente a algunos de estos silencios que quisiera dirigir mi reflexión.

Esos expertos de la seguridad, que aumentaron en las últimas dos décadas tan velozmente como el coronavirus, tienden a estancarse en las actuales categorías y hablan de la seguridad en los mismos términos en los que se ha venido haciendo.

Hay un silencio que ya dejó de serlo y que —quizás por sustracción de la materia— ha sido el primero en salir a la luz, aunque de forma tímida: la violencia hacia las mujeres y la intrafamiliar. No sé si la línea “púrpura” en Bogotá o la “155” en el resto del país, sean suficientes para atender lo que está sucediendo en relación con estas violencias; tal vez solo sirvan para saber que se están manifestando.

Pese al avance normativo orientado a la prevención y control de estos fenómenos, no se han logrado desarrollar mecanismos efectivos de protección dirigidos a que aquellas que viven con su victimario puedan tener una vida distinta, pues implica costos económicos elevados para financiar hogares de paso adecuados, apoyos para alcanzar una independencia económica, asistencia psicosocial sostenida, protección efectiva y la solución judicial que tanto tarda en llegar.

Tampoco se han desarrollado verdaderos mecanismos orientados a la prevención o a la eliminación real de nuestros prejuicios y barbaries basadas en una masculinidad (si es que tal cosa existe) equivocada. Y, tal vez, hemos sido cómplices por acción y omisión al aceptar el chistecito machista, el acoso y tanta cosita que a diario toleramos. Por eso, todos somos responsables de esta violencia de la que poco queremos saber, pero de la que estamos seguros que sufren muchas mujeres, niñas y niños en diferentes regiones, municipios, corregimientos y veredas (eso que llaman territorios) del país.

Es verdad que nos cuesta tener un sistema de salud preparado para atender fenómenos como el Covid-19, igual que puede costar atender las violencias arriba descritas. La pregunta no es si hay o no violencia de género o intrafamiliar, o si está en aumento: las respuestas son obvias. La pregunta es si estamos dispuestos a desarrollar mecanismos efectivos que contribuyan a prevenir y sancionar esas violencias que ahora sí vemos, mientras el hurto de celulares, que parece tan importante, ha disminuido considerablemente en las calles de Bogotá. La pregunta es si vamos a dejar de lado la insensibilidad y a concentrarnos en “actuar” contra estas violencias.

Hay otro silencio —más bien un murmullo— ante el cual el Estado no actúa en este momento. No vivimos condiciones económicas normales. Si hay algo que afecte a los ciudadanos ahora es el aumento de precios de los productos básicos que todos requerimos para alimentarnos, asearnos y, como tanto insisten los gobernantes, “cuidarnos en casa”. Estas variaciones de precios se originan en los delitos de “acaparamiento”, “especulación”, “agiotaje”, “usura” y demás, que hacen parte del Título X del Código Penal colombiano.

La pregunta no es si hay o no violencia de género o si está en aumento. La pregunta es si estamos dispuestos a desarrollar mecanismos efectivos que contribuyan a prevenir y sancionar esas violencias que ahora sí vemos.

Pensarán que eso no es “Seguridad Ciudadana” porque la Policía nos ha acostumbrado a pensar que el homicidio, el hurto de celulares y al comercio son los únicos delitos relacionados con este tema. Pero no hay, en tiempos del coronavirus, delitos que afecten más a los ciudadanos que los arriba mencionados, y que se traducen en el aumento de precios en un momento donde la capacidad de generación de ingresos es reducida o ha quedado prácticamente en cero.

Vemos militares y policías en las calles garantizando que los ciudadanos no salgamos a infectarnos. Acciones algo innecesarias, pues es probable que el 75% de los ciudadanos estemos respetando la medida por miedo a padecer el Covid-19. Lo que no vemos es la misma respuesta agresiva en las plazas de mercado para realizar un control financiero a quienes comercializan alimentos o ante todos aquellos que tienen el poder para acaparar y acumular productos.

No hay que engañarnos: no es el ciudadano común, ese que intenta superar la cuarentena comprando dos bolsas de lentejas, el delincuente en este caso. Es el empresario, el comerciante y aquel que tiene el poder económico para poder sacar ventaja de esta situación límite que vivimos.

En este caso, como en el de la violencia de género o intrafamiliar, también hemos guardado silencio. No somos conscientes de que la “usura” es un fenómeno que, a través del “cuenta a gotas”, afecta a buena parte de los colombianos. Y no solo ahora: siempre. Sin embargo, consideramos algunas condenas —como la proporcionada al cartel del “papel higiénico”, tan de moda por estos días— como ejemplares, exóticas y excepcionales. Sin duda, estos delitos afectan la calidad de vida de los habitantes de manera más profunda, incluso, que el hurto de celulares. Pero desconocemos su dimensión y, por supuesto, no se ha hecho nada para reprimirlos. Entonces no nos preocupamos por aquellos que delinquen desde la legalidad, quizás porque son considerados “gente de bien”.

Más bien, tenemos la respuesta fácil: “son los grupos criminales”. Y el problema con los grupos criminales —a los que se les pone nombres sacados del bajo mundo y se asocia a ciertos lugares—, es que ignoramos por completo su origen, dinámicas y vínculos con las actividades legales.

No hay, en tiempos del coronavirus, delitos que afecten más a los ciudadanos que los de “acaparamiento”, “especulación”, “agiotaje” y “usura” que se traducen en el aumento de precios en un momento donde la capacidad de generación de ingresos es reducida o ha quedado prácticamente en cero.

Eso me lleva al tercer silencio, y es el de los lugares que no estamos viendo. Tenemos noticias y ecos de la violencia que se vive en las regiones, municipios y veredas y, para eso, también tenemos la respuesta fácil: “son los grupos”. Es la explicación monolítica contra la que tanto se ha luchado y frente a la cual lamento no tener una respuesta alternativa (es imposible hacerlo cuando a diario pulula ese discurso y porque hacer investigación social de calidad también cuesta). No queremos mirar el papel que instituciones o personas del Estado juegan en la dinamización de esa violencia y, en muchos casos, en el mantenimiento de las actividades delictivas. Desconocemos lo local en todas sus dimensiones, desde la política hasta la humana.

La comprensión de lo local no se puede reducir a la visión de los medios de comunicación, de las instituciones del Estado o de las entrevistas de investigadores, que parecen indagatorias y no herramientas para el análisis social, donde lo único que hacemos es repetir el discurso sin ningún análisis de contenido.

Nos hemos dedicado a estigmatizar esos lugares y esos pobladores, a señalarlos por convivir con el narcotráfico, como si no tuviera la misma presencia en la totalidad de nuestra sociedad con violencias distintas. Porque esas regiones no se diferencian de Bogotá: al final, la violencia está presente en toda la sociedad colombiana. Un fenómeno en donde el que detenta el poder abusa del que no lo tiene, como el que le pega a su pareja en el hogar o el que ha prestado para exprimir al que tiene menos.

Esto no es, como ha querido ser entendido, algo que se produce en los extremos del territorio colombiano, sino que está presente en nuestra cotidianidad. Que lo queramos ignorar es una cosa, pero su existencia está dada. Como no tenemos contacto con la realidad de lo que sucede en esos lugares, por ende, no podemos realmente describir lo que allí ocurre. Por eso, de manera apresurada repetimos los discursos de los medios que, a su vez, repiten los discursos de las autoridades. Vivimos tiempos de profunda inseguridad, no sabemos qué nos depara el futuro y la incertidumbre siempre altera la percepción de seguridad, mientras la inseguridad se fortalece con nuestras vulnerabilidades. El Covid–19 ha mostrado que los Estados que hemos construido en las últimas cuatro décadas han dado respuestas a medias.

En términos de seguridad ciudadana hay que tener presente que las preguntas no pueden ser las mismas y que debemos enfocarnos en aquellos fenómenos silenciados. Ante la inseguridad tendemos a restringir la libertad, eterna enemiga de la seguridad. Pero como el Covid-19 no es una crisis sino un fenómeno, hago una invitación a la rebeldía de pensamiento, algo difícil para los expertos en seguridad. Debemos dejarlo en libertad para encontrar nuevas categorías, nuevas formas de pensar la realidad y nuevas vías de acción frente a un mundo que se ha mostrado profundamente inseguro. Solo así podremos evitar el regreso de la barbarie que ya conocemos. No vendrán hordas salvajes a despojarnos, lo más probable es que ya estaremos despojados y volverá la violencia estructural de siempre. Aquella que ignoramos y que sufren las víctimas de la violencia intrafamiliar, de género, de la usura, de la violencia política… Es decir: el ciudadano libre, ese al cual tanto le tememos.

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