Esta columna de opinión se publicó el 6 de enero de 2020 en Razón Pública

Un año decisivo

El 2020 marca los primeros cuatro años de implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y la guerrilla de las FARC. Este nuevo año será decisivo para consolidar el Acuerdo, considerado como uno de los más ambiciosos y más robustos que se hayan firmado en las últimas décadas.

Hasta ahora, entre otras cosas, el Acuerdo:

  • Ha permitido que cerca de 13.000 hombres y mujeres dejaran las armas y estén adelantando sus procesos de reincorporación.
  • Ha permitido crear un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición (SIVJRNR), que se encuentra en etapa de consolidación.
  • Ha abierto la puerta, a través de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), para que las políticas públicas se orienten a los territorios que históricamente han estado más excluidos de la oferta estatal.

No obstante, persisten algunos retos porque lo que se requieren transformaciones de largo plazo y porque el desarrollo de cualquier Acuerdo de Paz trae imprevistos. Desde la FIP, hemos hecho un seguimiento riguroso al cumplimento de los puntos neurálgicos del Acuerdo. En este artículo destacamos los que consideramos serán los cuatro retos más importantes en este nuevo año.

Integralidad del Acuerdo

El primero reto tiene que ver con la comprensión del Acuerdo como una apuesta integral. El espíritu de la negociación siempre incluyó la idea de crear condiciones para la transformación profunda de los territorios, lo cual implica que los seis puntos definidos son interdependientes y su ejecución debe ser integral en vez de fragmentada.

Este reto demanda voluntad política para abordar todos los temas con la misma intensidad. El Gobierno ha avanzado sobre todo en la reincorporación de los excombatientes a través de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) y el diseño e implementación de los PDET, liderados desde la Consejería para la Estabilización. En estos dos temas existen resultados significativos, pero no necesariamente están articulados, a pesar de estar en los mismos territorios en la mayoría de los casos.

Adicionalmente, se deben intensificar los esfuerzos alrededor de otros componentes como la solución al problema de drogas ilícitas dado que, según Naciones Unidas, el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) ha avanzado significativamente en la erradicación voluntaria y asistida con un 95 por ciento de hectáreas. Sin embargo, no hay grandes avances en la sustitución, lo cual puede aumentar el riesgo de resiembra de los cultivos.

En este punto es importante que el Programa reduzca las hectáreas sembradas de coca y además que ofrezca oportunidades efectivas de desarrollo alternativo para los cultivadores. En la práctica se han presentado demoras en los subsidios y la asistencia técnica para los nuevos cultivos, lo cual ha llevado a desconfiar del Programa.

La ejecución integral del Acuerdo debe generar condiciones de desarrollo que permitan superar la violencia como método de dominación. Esto quiere decir que se coordinen los Planes de Acción de los PDET, el PNIS, los Planes Sectoriales, la Hoja de Ruta para la reincorporación de excombatientes definida en diciembre de 2019, entre otros instrumentos de planeación para cumplir con la apuesta integral del Acuerdo de Paz.

Compromiso de las nuevas administraciones locales

No es posible pensar en una exitosa ejecución del Acuerdo sin pasar por una efectiva coordinación entre las políticas nacionales y las territoriales. Durante el primer semestre del nuevo año se establecerán los planes de desarrollo municipales y departamentales, los cuales deben incorporar programas que contribuyan al cumplimento del Acuerdo.

Esto no es un tema menor si se tiene en cuenta, solo por citar algunos casos, que:

  • Los excombatientes están adelantando su proceso de reincorporación en cerca de 430 municipios.
  • Los PDET se han concentrado en los 170 municipios prioritarios.
  • Existen víctimas registradas en la totalidad de los municipios del país.
  • El catastro multipropósito será actualizado para 2022 en el 60 por ciento del territorio nacional.
  • El PNIS señaló cinco departamentos prioritarios en su tercera etapa.

Si bien no toda la responsabilidad de la ejecución debe recaer sobre las administraciones locales, estos son actores estratégicos para robustecer el enfoque territorial que contempla el Acuerdo.

Garantías de seguridad

Crear condiciones de seguridad en todo el territorio es un requisito básico para la ejecución integral del Acuerdo. La existencia de economías ilegales, el crecimiento de las llamadas disidencias de las FARC, así como las amenazas y el asesinato de casi 90 líderes sociales en 2019 —en diciembre fueron asesinados 23 en distintas regiones— y cerca de 77 exguerrilleros, han puesto en evidencia el deterioro de los niveles de seguridad, principalmente en las áreas rurales del país.

Un ejemplo claro se encuentra en la ejecución del PNIS, en cuyos territorios han aumentado las amenazas a aquellas personas que deciden sumarse o continuar en el Programa. Además, la tasa de homicidios en algunos de estos municipios ha aumentado durante el último año y, si bien no se puede afirmar categóricamente que todos están relacionados con la sustitución, no deja de llamar la atención este fenómeno.

El recrudecimiento de la violencia es uno de los principales obstáculos para el cumplimento del Acuerdo, dado que incide directamente sobre la capacidad de participación de las comunidades, el desarrollo de estrategias en la ruralidad, la confianza en el Estado, la posibilidad de generar inversión privada en áreas alejadas y la intención misma del Acuerdo de llevar oferta estatal pertinente y cualificada a los territorios históricamente olvidados.

Consolidación de la justicia transicional

El SIVJRNR, en su componente de justicia, cuenta con grandes avances en cuanto a la organización de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, a casi dos años de su puesta en marcha, su labor se ha visto empañada por los casos de “Márquez”, “Santrich” y “El Paisa”, los cuales han puesto en entredicho la capacidad de administrar justicia de manera oportuna por parte de la institución.

Entre los retos para la JEP se destaca la necesidad de mostrar el trabajo realizado durante este tiempo, que va más allá de los obstáculos por la falta de voluntad de algunos líderes de la exguerrilla de las FARC. A 2019, según esta institución, 12.234 personas han sido sometidas a la JEP, de las cuales el 79,4% son de las FARC, el 19,9% de la Fuerza Pública y el 0,4% son agentes del Estado.

También es un desafío importante abordar de manera conjunta con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) el flagelo de la desaparición forzada. Se espera que a partir de la investigación y de los actos tempranos de reconocimiento de actores involucrados en el conflicto, sumados a la contribución a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición, se logren esclarecer las causas y promover la reconciliación.

En cuanto a la Comisión de la Verdad, esta debe entregarle al país en menos de dos años un informe que muestre lo ocurrido en el conflicto armado y promueva el reconocimiento de responsabilidades y la convivencia en las comunidades que han sido afectadas por la guerra.

En ese sentido, la Comisión ha avanzado durante su primer año en cinco “Diálogos para la No Repetición”, en la construcción de confianza con actores relevantes y en la recolección de los relatos que permitirán construir los contextos que expliquen lo ocurrido. El reto será conciliar, en un periodo relativamente corto, las diversas verdades de los múltiples actores que estuvieron involucrados de manera directa e indirecta en el conflicto armado.

Finalmente, se suman situaciones muy particulares que contribuyen o dificultan la implementación del Acuerdo, tales como:

  • El futuro de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).
  • La definición del futuro de las Circunscripciones Especiales para la Paz.
  • La posibilidad de retomar los acercamientos con el ELN.
  • La persistente polarización política en el país.
  • Los fenómenos de movilización ciudadana que comenzaron en 2019.
  • Los desafíos e implicaciones de la prórroga a la Ley de Víctimas.

Sin lugar a duda, el 2020 marcará pasos fundamentales en la implementación del Acuerdo y su vigencia dentro de la agenda nacional.