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Los programas de gobierno de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá revelan que la política en seguridad y convivencia ciudadana no se saldrá de los parámetros tradicionales y reproducirá elementos que, administración tras administración, se concentran en aumentar los activos de la fuerza policial sin demostrar su efectividad en la reducción del delito y en mejorar la percepción de seguridad de los ciudadanos.

También presentan vacíos en la definición de acciones concretas para prevenir el crimen y en combatir sus cadenas de valor. Además, pareciera que no cuestionan la gestión o la efectividad de la creciente institucionalidad, traducida, por ejemplo, en la creación de la Secretaría de Seguridad, desde donde debe ejercerse el liderazgo de la función de policía.

Los cuatro programas de gobierno definen y priorizan las mismas problemáticas de la Administración actual: el hurto (a personas, de celulares y de bicicletas), el microtráfico, el consumo de sustancias psicoactivas y las bandas criminales. Miguel Uribe añade el terrorismo como una amenaza latente; Claudia López y Miguel Uribe repiten el objetivo de disminuir el miedo de los bogotanos y los delitos; Claudia López, Miguel Uribe y Carlos Fernando Galán, identifican las violencias basadas en género, la violencia intrafamiliar y las violencias sexuales como principales amenazas, y apelan a las mujeres como receptores de sus propuestas, elemento bandera de la Administración actual y que además debería responder al cumplimiento de un mandato legal.

De nuevo, los cuatro candidatos proponen acciones hacia jóvenes en riesgo que convergen en lugares comunes (oportunidades e inserción laboral, habilidades, formación y emprendimiento), así como una mayor inversión tecnológica, un aumento del pie de fuerza y equipamiento policial, e intervención en entornos. Los candidatos también proponen estrategias en materia de prevención, educación y cultura ciudadana, justicia y cárceles.

Todas estas propuestas muestran varios vacíos. Los candidatos obvian la discusión sobre el interior de las cárceles y Centros de Atención Especializada (CAE) en términos de infraestructuras diferenciadas, monitoreadas y con condiciones dignas para impedir la reproducción del crimen. Tampoco enfocan la inversión tecnológica que proponen hacia los eslabones superiores de la cadena de valor del negocio criminal, sino al control de los delincuentes que cometen el delito. Carlos Fernando Galán no conecta su propuesta de dedicar una seccional de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) —que debe ser negociada con el Gobierno Nacional—, a la persecución de rentas criminales y cadenas de economía ilegal con una mayor inversión tecnológica.

Los candidatos también proponen una mayor articulación interinstitucional y coordinación con otros niveles de gobierno para la gestión de la seguridad y la convivencia ciudadana. Sin embargo, sus propuestas no reevalúan el rol central de la Secretaría Distrital de Seguridad en la gestión de la seguridad y la convivencia ciudadana, ni la inversión concentrada en la instalación de cámaras de videovigilancia y la construcción de bienes, principalmente para la Policía Nacional (inversiones que, como se enuncia en el apartado anterior, suponen la mayor inversión de la actual Administración).

De igual manera, tampoco discuten la asimetría entre la Fuerza Pública y el poder político civil en materia de seguridad, ni hablan sobre su interlocución con la Policía y otras fuerzas en su gestión.

Los bogotanos deberían preguntarse cómo el futuro Alcalde o Alcaldesa espera tener mejores resultados en seguridad si todos los candidatos proponen las mismas soluciones del pasado sin evaluar la efectividad de las altas inversiones que realizó la Administración Peñalosa

Recomendaciones para el próximo alcalde

  • Es indispensable que exista coherencia entre las propuestas de campaña, la política de seguridad y convivencia ciudadana (Plan de Desarrollo y PISCC), y las estrategias implementadas durante el periodo de gobierno.
  • Se debe ampliar el espectro de la conceptualización de los problemas de seguridad e integrar, de manera real, la información proveniente de las encuestas de percepción y victimización al momento de diseñar e implementar estrategias de prevención y control.
  • El miedo como bandera política imposibilita el cambio de las condiciones de seguridad y convivencia: los mensajes que se propagan ponen en riesgo las estructuras comunitarias, pues el “otro” se convierte en un potencial enemigo o criminal. Además, promueve que las personas se resguarden en su entorno más próximo, evitando o controlando la ocupación de los espacios públicos, lugares que históricamente se promueven como espacios para la construcción colectiva y las movilizaciones.
  • La prevención debe privilegiarse por encima de la dotación de bienes e infraestructura. Para ello, es necesario reconsiderar la estructura actual de las inversiones en materia de seguridad y convivencia.
  • Es hora de hacer un balance sobre los recursos económicos invertidos en el servicio de policía. Estos no solo deberían ser equilibrados en relación con las demás inversiones, sino tener una mayor orientación hacia su calidad y eficiencia, en lugar de insistir en aumentar el número de funcionarios y bienes.
  • La Administración futura debe tener un manejo responsable y transparente de las metas de resultado y cifras en materia de seguridad y convivencia ciudadana.
  • 7. La creación de la Secretaría Distrital de Seguridad tiene retos pendientes desde su creación. Uno de ellos es el fortalecimiento político y estratégico para apoyar a la primera autoridad de policía de la ciudad. Aún es prematuro establecer el éxito de esta nueva institucionalidad, pero el trabajo que realicen las futuras administraciones será fundamental.

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