Reducir la violencia sexual y de género en regiones de Colombia que han sido gravemente afectadas por el conflicto armado, pasa por entender que las condiciones de seguridad de estas poblaciones tienen relación directa con fragilidades locales de tipo social, económico e institucional, con la continuidad de la confrontación armada, la existencia de diferentes órdenes (legales e ilegales), y con patrones de discriminación y el uso de violencias basadas en género.
Bajo ese entendimiento, durante más de dos años, la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en el marco de una agenda de trabajo que conecta la construcción de paz con temas de género, se acercó a tres territorios afectados por la violencia, para hacer un diagnóstico de las condiciones de seguridad de mujeres y población LGBTI y priorizar alertas que mejoren su seguridad[1].
Puerto Asís y San Miguel, en Putumayo; Apartadó, en el Urabá antioqueño; y Tumaco, en Nariño, comparten un crecimiento en el número de delitos sexuales y hechos de violencia intrafamiliar que coinciden con la tendencia nacional. Por ejemplo, los casos de delitos sexuales aumentaron en promedio un 23% desde 2012.
Los hallazgos de la FIP evidencian que en estas regiones, tanto para las mujeres como para las personas LGBTI, persiste el dilema entre la efectividad que tenían los actores armados ilegales al ‘administrar justicia’, y el miedo por el uso que hacían de la violencia, incluida la de género, para regular la vida cotidiana. También que donde hay economías ilegales se agudizan las desigualdades para acceder a los recursos y obstáculos para el empoderamiento. Para la FIP, entender cómo se tejen las relaciones de convivencia pasa por aceptar que hay una conexión entre la tolerancia que existe frente a las violencias de género y la percepción de seguridad que tienen estas poblaciones. De acuerdo a esa percepción, adecuan o limitan sus comportamientos. En el caso específico de la población LGBTI, las dinámicas de expulsión temprana de la familia y la escuela, hacen que sobrevivan de manera aislada, exponiéndose a entornos adversos como el microtráfico y la explotación sexual.
El control territorial que ejercieron los grupos armados y la falta de mecanismos eficientes para solucionar conflictos, acentúan la tolerancia a las violencias de género
En contextos de alta complejidad donde los grupos ilegales tuvieron un control importante, el sistema de justicia y la institucionalidad estatal enfrentan barreras que son habituales en otras zonas del país como la impunidad y la desconfianza, a lo cual se suma la legitimación de “justicias paralelas” de carácter punitivo y efectista que generaron una falsa percepción de seguridad, mediada por la reproducción de estereotipos de género y por modelos de comportamiento masculinos y femeninos.
(También puede ver el especial "Las violencias de género en la transición")
Para algunas comunidades en zonas rurales, los conflictos se tramitaban de manera más efectiva a través de “la ley del monte”, aquella que era ejercida por grupos armados ilegales y que garantizaba el castigo como resolución. Así, las vivencias de las mujeres y sus memorias evidencian un dilema entre las certezas que generaban quienes se constituían en fuentes de “seguridad” y “justicia”, y el miedo por el uso que hacían de la violencia, incluida la de género, como mecanismo para regular la vida cotidiana.
La población LGBTI sigue encontrando múltiples barreras para acceder a la justicia formal: discursos que justifican la violencia, intolerancia, discriminaciones y una invisibilidad frente a las posibilidades de registro o la denuncia particular como persona lesbiana, gay, bisexual, transexual o intersexual. Esto los deja en medio de nociones de justicia heredadas de los actores armados que los victimizaron y provocaron su destierro, y un sistema de justicia formal al que no pueden acceder y que reproduce ciclos de discriminación.
Entre los legados del conflicto armado, también encontramos la justificación y normalización de violencias asociadas a estereotipos de género sobre mujeres y personas LGBTI, de manera que los antecedentes del control territorial ejercido por grupos armados y la falta de mecanismos locales eficientes para solucionar conflictos, son factores que acentúan la tolerancia a las violencias basadas en género.
Las violencias de género —incluyendo la económica—, están conectadas con economías ilegales
La violencia económica ocurre en relaciones desiguales de poder en las que están insertas las mujeres y la población LGBTI y se expresa a través del limitado acceso a los recursos, y con obstáculos para la autonomía y el empoderamiento. En contextos con economías ilegales se agudizan este tipo de desigualdades y riesgos. Es el caso de la la economía cocalera y de organizaciones ilegales vinculadas al narcotráfico que funcionan en el marco de masculinidades guerreras y violentas que reproducen ciclos de violencia en las familias contra niñas y mujeres.
Bajo condiciones de vulnerabilidad económica, la violencia contra las mujeres se agudiza; expresión de ello es la explotación sexual. Para el caso de población LGBTI, las economías ilegales (en particular el microtráfico), la vinculan aprovechando sus precarias condiciones económicas y la necesidad de sobrevivencia en medio de contextos poco incluyentes.
En las fronteras, la presencia de economías ilegales y las dinámicas de desplazamiento y migración propias de la población afectada por el conflicto, generan un contexto de alto riesgo. Para las mujeres, los riesgos están ligados a la trata de personas, la explotación y su vinculación con el tráfico de drogas.
Se suma que la superposición de diferentes formas de discriminación se convierte en una barrera para el tránsito efectivo, sostenible y seguro de mujeres insertas en economías ilegales hacia dinámicas lícitas de generación de ingresos. Agrava la situación la inivisibilización del trabajo doméstico y del cuidado no remunerado en contextos familiares, sociales y comunitarios en los que se siguen validando estereotipos en torno al rol de los hombres como proveedores (desde ámbitos laborales y productivos), y de las mujeres como cuidadoras (rol reproductivo y doméstico).
Persiste la conexión entre la tolerancia frente a las violencias de género y las percepciones de (in)seguridad
Las percepciones de seguridad de mujeres y personas LGBTI comparten dos elementos particulares. Primero, los temores en torno a un posible ataque de tipo sexual se combinan con estereotipos de género sobre su propia fragilidad y debilidad. De esta manera, el miedo a una agresión sexual da un sello particular a las percepciones de seguridad de mujeres, lesbianas, gais y trans.
Segundo, los efectos de entornos sociales, comunitarios o institucionales que son permisivos y tolerantes frente a las violencias de género, se pueden medir y caracterizar no solo por los riesgos y amenazas que enfrentan las mujeres y personas LGBTI, sino también desde su percepción de seguridad y cómo adecuan o limitan sus comportamientos y rutinas con base en las mismas. La conexión entre tolerancia frente a las violencias de género y percepción de seguridad, contribuye a entender cómo se tejen las relaciones de convivencia.
Este asunto resulta fundamental para comprender el alcance de los mecanismos de coerción y regulación que usaron y siguen usando los actores ilegales, incluido el uso de las violencias de género, así como su impacto en la seguridad de las mujeres y la población LGBTI, y en el debilitamiento de prácticas de protección de carácter colectivo (social, comunitario o cultural) y de autocuidado (dimensión individual), por ejemplo:
Las regulaciones que ejercieron los actores armados han persistido en las disposiciones sobre los espacios públicos y sus usos, en las relaciones interpersonales y normas de comportamiento.
Las vivencias actuales se inscriben en los lugares específicos donde ocurrieron hechos de violencia durante el conflicto.
La percepción de inseguridad actual está mediada por la incertidumbre ante la repetición de hechos similares.
La percepción de inseguridad está relacionada con la ruptura y el debilitamiento de tejidos y saberes ancestrales que funcionaban como mecanismos de protección y de reconocimiento en la vida cotidiana.
En entornos sociales, comunitarios e institucionales, prevalecen los señalamientos a las mujeres sobrevivientes a las violencias de género, en vez del reconocimiento y el acompañamiento.
Las dinámicas de expulsión temprana de las personas LGBTI de la familia y la escuela, hacen que asuman la sobrevivencia de manera aislada, exponiéndose a entornos adversos
En territorios afectados por el conflicto armado, la discriminación y violencia que enfrentan las personas LGBTI ocurre de manera temprana en su casa y con sus parientes más cercanos. En el afán de escapar del escenario hostil que representa su hogar, se encuentran con posibilidades restringidas de sobrevivencia económica que reproducen estereotipos de género. Ejemplo de ello es trabajar peluquerías y vincularse a actividades relacionadas con los grupos criminales, principalmente microtráfico y explotación sexual.
Esto afecta su posibilidad de contar con redes de apoyo y desarrollar capacidades y habilidades que deberían facilitar su acceso a oportunidades de formación y preparación para el trabajo. Desafortunadamente, la información y registro de la violencia económica y patrimonial en contextos de vulnerabilidad son precarios, lo que dificulta abordar la relación de personas LGBTI con las economías ilegales.
La violencia contra personas LGBTI, determinada por la discriminación histórica y reciente, hacen que la invisibilidad y el ocultamiento sean la forma de responder a la posibilidad de ser señaladas o agredidas física y verbalmente. No en vano, asocian “inseguridad” con “salir del closet”, algo que se repite cada vez que emprenden cambios, nuevas oportunidades o están cualquier espacio de socialización donde se enfrentan al desagrado que causa su expresión de género o identidad sexual.
Además, algunos discursos sobre violencias contra personas LGBTI —influenciados por estereotipos, tolerancia y discriminación—, interfieren en su adecuado tratamiento como delitos. La capacidad institucional a nivel territorial en este tema es precaria, no se tienen registros institucionales de las personas LGBTI, ni sobre los delitos contra ellas, pues esta variable no ha sido incorporada en los sistemas de información.
Conclusiones y recomendaciones
Para la FIP, uno de los desafíos principales para mejorar las condiciones de seguridad de las mujeres y personas LGBTI en contextos de fragilidad es avanzar en las agendas de construcción de paz en veredas y municipios en los que se entrecruzan las violencias basadas en género, economías ilegales y legados del conflicto armado.
Es importante que desde sectores académicos y de cooperación se continúe con iniciativas territoriales para comprender las dinámicas de estas violencias, sus transformaciones y continuidades, de manera que se generen insumos para el trabajo regional y la incidencia política.
En términos de política pública, es una prioridad la inclusión del enfoque de género en la implementación de la Política de Seguridad y Convivencia, siendo indispensable que se identifiquen fuentes de financiación ilegal y patrones de criminalidad que afecten de manera particular a mujeres y personas LGBTI. Para esto se deben desarrollar sistemas de información para la gestión local de la seguridad y la paz con enfoque de género, incorporando la categoría de género en los análisis de la seguridad, así como generar y desarrollar instrumentos de medición de la percepción de seguridad.
El abordaje de la seguridad en estas regiones debe considerar los legados del conflicto armado en términos de acceso y nociones de justicia, las tolerancias a las violencias de género y la ruptura y debilitamiento de tejidos y saberes ancestrales que funcionaban como mecanismos de protección. De allí pueden resultar importantes iniciativas de memoria, reconciliación y garantías de no repetición, así como la promoción y garantía de entornos comunitarios seguros y libres de discriminación.
Finalmente, uno de los retos transversales en estas regiones es la inclusión y autonomía económica de mujeres y población LGBTI, dada la relevancia que tiene la violencia económica y patrimonial como base de otras violencias y discriminaciones. En este sentido, es importante comprender las dinámicas de esas violencias económicas para generar estrategias de inclusión y vincular al sector privado en esta apuesta.
[1] El acercamiento de la FIP a los territorios incluyó: 117 actividades de diagnóstico y recolección de información con participación de 1.900 personas, con 80 entidades del sector privado y público, educadores, cooperantes y organizaciones de la sociedad civil; 56 actividades de validación y posicionamiento de intereses frente a los resultados del proyecto con 96 participantes; y 46 sesiones de mesas de trabajo con actores territoriales clave (200 personas), con quienes se priorizaron alertas en pro de la seguridad de ambas poblaciones.