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Dos años después de la implementación del Acuerdo de Paz, y ad portas de un periodo electoral, las amenazas y homicidios de excombatientes continúan siendo uno de los principales desafíos del proceso de reincorporación. La atomización y dispersión de sus exmiembros ha puesto a prueba las capacidades del Estado y de las propias FARC, y está claro que las respuestas actuales son insuficientes.

Aunque varios hechos recientes han obligado al Gobierno a tomar acciones para fortalecer la seguridad de los excombatientes, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad ya han expresado su profunda preocupación por las agresiones y homicidios que se vienen dando desde el inicio de la implementación del Acuerdo.

La revisión histórica de anteriores procesos de desarme y desmovilización muestra que el Estado colombiano ha tenido dificultades para garantizar la seguridad de los distintos excombatientes. Si bien las agresiones y homicidios de personas que decidieron dejar las armas no son algo nuevo, en el caso particular de las FARC aún no presentan las magnitudes que tuvieron procesos anteriores: por citar solo un ejemplo, 560 exintegrantes de las Autodefensas fueron asesinados en los dos años posteriores a la desmovilización (2007 y 2008), lo que equivale al 2% de los 31.671 paramilitares que dejaron las armas de manera colectiva. Años más tarde, entre el 2003 y el 30 de julio de 2018, 3.656 desmovilizados de las AUC fueron víctimas de homicidio, de los cuales 3.334 se encontraban en la ruta de reintegración del Gobierno.

El gran problema con la reincorporación es que se ha dado a través de un proceso de atomización y dispersión que ha puesto a prueba las capacidades del Gobierno y las FARC. En la actualidad, una tercera parte de los excombatientes se encuentra en los ETCR, mientras que los demás han seguido distintas trayectorias de reincorporación individual y colectiva, como la de los Nuevos Puntos de Reagrupamiento (NPR). Según los cálculos, en abril de 2018 había 31 Nuevos Asentamientos de las FARC, con casi 1.800 excombatientes; aunque no contamos con cifras actualizadas, a través del trabajo de campo identificamos una tendencia al aumento.

Es cierto que se desconoce la ubicación del 9% de los excombatientes, pero esto no significa que se encuentren en la ilegalidad o estén vinculados a algún grupo armado al margen de la ley. En este informe, mostramos que los mitos y las ideas erradas sobre las disidencias han dado una imagen distorsionada sobre lo que ocurre y que esto pone en riesgo a los exintegrantes de las FARC que se mantienen en el proceso de reincorporación.

Los datos también revelan que 13.190 personas fueron acreditadas como excombatientes luego de la fase de dejación de armas; de ellas, 13.011 se encuentran en el proceso de reincorporación. Un 26% del total (es decir, 3.366), están en los 24 Espacios de Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), que el próximo 15 de agosto cumplirán dos años de vigencia. Al respecto, El Gobierno ha afirmado que acompañará a los excombatientes por el tiempo que sea necesario, señalando que buena parte de los espacios permanecerán y otros serán reubicados.

Por esas razones, la Fundación Ideas para la Paz realiza en este informe una serie de recomendaciones y tareas pendientes para evitar la preocupante tendencia al ascenso del asesinato de excombatientes y solicitar una oportuna respuesta del Estado. Entre ellas se encuentran fortalecer el proceso de reincorporación económica y social; dar continuidad a los ETCR; invertir en las capacidades y coaliciones locales; avanzar de manera decidida en la reincorporación comunitaria; fortalecer la Unidad Nacional de Protección; impulsar el Pacto Político Nacional y desarrollar una estrategia de prevención de la violencia sexual y de género.

De igual manera, el documento analiza las fallas y los problemas que históricamente ha tenido el Estado para garantizar la seguridad de los excombatientes; identifica las trayectorias de la reincorporación y los riesgos diferenciados para su seguridad, y hace un balance de las medidas adoptadas.