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Desde hace dos años, la FIP y el International Development Research Center-IDRC, establecimos una alianza estratégica que busca fortalecer nuestra apuesta de generar herramientas técnicas para la construcción de paz con enfoque de género. El objetivo de la FIP es contribuir a posicionar el tema de género en la agenda de transición.

Uno de los productos de esa alianza es el informe Violencias de género en la transición: legados del conflicto y desafíos para la paz, que resume los hallazgos del proyecto "Seguridad para mujeres y población LGBTI en regiones afectadas por el conflicto armado en Colombia”, cuyo fin es aportar a la reducción de la violencia sexual y de género en tres regiones emblemáticas: Puerto Asís y San Miguel en el Putumayo, Apartadó en el Urabá antioqueño y Tumaco en Nariño.

Para ello se realizaron 117 actividades enfocadas en el diagnóstico y recolección de información, que involucraron a cerca de 1.900 personas, además de 80 entidades del sector privado y público, educadores, cooperantes y organizaciones de la sociedad civil. También se realizaron 46 sesiones de mesas de trabajo en las que participaron más de 200 personas.

"El informe evidencia que la persistencia de las violencias basadas en género sigue siendo un obstáculo para la construcción de paz territorial", dice María Victoria Llorente, Directora Ejecutiva de la FIP. Y agrega que en lo que va de la fase de transición y durante la implementación del Acuerdo de Paz, las violencias de género y el impacto humanitario se han incrementado en varias regiones, activadas por el control y disputa de los grupos armados ilegales. Se sabe que el proceso de paz causó una disminución notable de la violencia vinculada a la confrontación armada, pero esos dividendos se están viendo comprometidos por amenazas y riesgos que persisten y afectan a las mujeres y la población LGBTI.

De acuerdo con el más reciente informe del Instituto Kroc, los niveles de implementación de los compromisos con enfoque de género son más bajos que los de la implementación general: no se ha iniciado el 46% de los compromisos con enfoque de género, el 38% tiene un nivel mínimo de implementación, el 10% ha alcanzado un nivel intermedio y solo el 5% se ha implementado completamente.

Los desafíos para la paz

El estudio de la FIP en las tres regiones, evidencia dos grandes desafíos para la construcción de paz:

1. La violencia de género sigue siendo utilizada por los actores armados ilegales como instrumento de regulación social. Preocupa que reproducir patrones históricos de discriminación y de violencia basada en género sigue siendo eficaz en contextos de disputa territorial, coexistencia o dominio de estos grupos. "Las percepciones de seguridad de mujeres y población LGBTI están impactadas por las violencias de género que enfrentaron en el pasado y continúan enfrentando. De hecho, las regulaciones que ejercieron los actores armados persisten, especialmente de los espacios públicos y sus usos, y en las relaciones interpersonales y normas de comportamiento. De ahí que la percepción de inseguridad actual está mediada por la incertidumbre ante la repetición de hechos similares", dice el informe.

2. Hay factores asociados con las violencias de género que implican cambios en las dinámicas territoriales y nuevos desafíos. Allí donde los grupos ilegales tuvieron un control importante, el sistema de justicia y la institucionalidad se enfrentan a la impunidad de delitos como la violencia sexual, a la desconfianza y a la legitimación de “justicias paralelas” que en el pasado generaron una falsa percepción de seguridad y que hoy no son ajenas a los reacomodos de los actores armados. Todo esto genera incertidumbre sobre los patrones de comportamiento masculino o femenino que se suelen imponer.

Otro factor que genera nuevos desafíos tiene que ver con el peso que tiene la violencia económica en las condiciones de seguridad de las mujeres. "Suele pasarse por alto cómo este tipo de violencia incide en el tránsito efectivo, sostenible y seguro de las mujeres que están en economías ilegales hacia dinámicas lícitas de generación de ingresos", dice el informe. A esto se suman restricciones en la oferta, falta de canales de empleabilidad que garanticen su inclusión económica, así como desconocimiento de las tareas de cuidado como actividades que aportan a las economías familiares.

Recomendaciones de política pública

El informe incluye recomendaciones para entidades particulares. Sin embargo, creemos que esas recomendaciones sólo serán efectivas si se acompañan de cambios en los enfoques institucionales. "En el nivel nacional se ha avanzado en la expedición de normativas y la elaboración de planes. Ahora se requiere avanzar en su implementación y articulación con el nivel local", dice nuestra directora. Algunas de las recomendaciones son:

- Incluir el enfoque de género en la implementación de una Política de Seguridad y Convivencia, teniendo en cuenta tres elementos: primero, los efectos de las acciones militares sobre las violencias basadas en género; segundo, el rol que juegan en la reconfiguración de la violencia asociada a la criminalidad; y tercero, las percepciones de seguridad de mujeres y personas LGBTI.

- Priorizar la implementación de medidas especificas para la protección individual y colectiva de mujeres líderes y defensoras de derechos humanos y líderes LGBTI.

- Construir estrategias para identificar fuentes de financiación ilegal y patrones de criminalidad que afecten de manera particular a mujeres y personas LGBTI.

- Vincular a las instancias y mecanismos territoriales de género en la implementación del Acuerdo. El objetivo es que las autoridades locales se apropien de los retos de la implementación del enfoque de género en el Acuerdo de Paz.

- Proporcionar acceso universal a espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles para mujeres y población LGBTI. Hay que poner especial cuidado en la planificación, diseño y dotación de espacios y transporte públicos seguros, tanto en cabeceras municipales como en las áreas rurales. Además es relevante contar con estrategias para ampliar y estimular el uso de los mismos.

En las tres regiones que analizó la FIP se encuentra una tendencia al aumento en el número de delitos sexuales y hechos de violencia intrafamiliar

- Fortalecer el rol de las Juntas de Acción Comunal en la prevención comunitaria. Las Juntas son espacios claves para promover entornos comunitarios seguros de mujeres y personas LGBTI, a partir del reconocimiento de la diversidad. En esa medida es necesario apoyar iniciativas comunales enfocadas en la convivencia pacífica y la seguridad, con recursos del Fondo para la Participación y Fortalecimiento de la Democracia

- Generar capacidades locales para la puesta en marcha de la Política Pública de Garantía de los Derechos Sociales LGBTI (Decreto 762 de 2018) a nivel local

- Implementar políticas integrales de inclusión económica y empleabilidad para mujeres expuestas a las economías ilegales con el fin de garantizarles los medios de vida y el acceso a seguridad social, al control de bienes y medios de producción, al establecimiento de mercados y cadenas de producción y comercialización, al acceso a formación y capacitación en áreas de interés, y a la reducción y redistribución de las tareas de cuidado.

La agenda de género y la construcción de paz

El pasado 28 de mayo se llevó a cabo un conversatorio que tuvo como propósito socializar el informe de la FIP con entidades del nivel nacional relevantes para la agenda de género en la construcción de paz. Con todos ellos abrimos el diálogo acogiendo sus puntos de vista sobre nuestros hallazgos e indagando por los asuntos prioritarios desde su perspectiva misional y en torno a las proyecciones de nuestras recomendaciones.

El evento contó con la participación de Diana Rodríguez (defensora delegada para Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género); Juanita Goebertus (representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde), y Alicia Rueda (coordinadora de asuntos de mujeres y género, víctimas y etnias de la Consejería Presidencial para la Estabilización), quienes actuaron como comentaristas centrales de nuestro informe. Al conversatorio asistieron, entre otras, entidades como la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Unidad para las Víctimas, la Oficina de Mujer Rural del Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras y la Procuraduría General de la Nación. También representantes de las embajadas de Suecia y Canadá y algunos de nuestros socios locales. (Ver fotos del lanzamiento)

Durante la sesión se destacaron los hallazgos del informe —que coinciden con las alertas que viene planteando la Defensoría del Pueblo en el incremento de las violencias basadas en el género en algunas regiones del país—, y se señalaron algunas preocupaciones en torno a las condiciones para la participación paritaria de las mujeres y las condiciones de seguridad necesarias para el ejercicio del liderazgo. A ello se suma la fragilidad del sistema de justicia en materia de investigación y judicialización en los municipios priorizados para la implementación del Acuerdo de Paz.