Esta columna de opinión se publicó el 13 de marzo de 2019 en Semana Rural

En la audiencia pública de la Corte Constitucional sobre la aspersión aérea con glifosato y las condiciones para su reactivación, desarrollada la semana pasada, salieron de nuevo los desacuerdos alrededor de este tema. El gobierno de Duque hizo una apuesta arriesgada pidiendo al alto tribunal ‘modular’ la sentencia T-236 de 2017, en la que se establecen los requisitios para fumigar cultivos con coca. Mientras tanto, los opositores presentaron argumentos para que la Corte mantenga estos criterios, cerrándole la puerta a la reactivación de la fumigación.

El Ejecutivo sostuvo que el Estado debe contar con todas las herramientas para contener el crecimiento exponencial de los cultivos de uso ilícito. Quienes defienden el regreso de la fumigación aérea aseguraron que los costos de emplear el glifosato son menores en comparación con los impactos asociados a la producción de la cocaína. Bajo esta línea, desconocen las evidencias sobre las afectaciones a la salud y al medioambiente. Existe un convencimiento de que la única salida es volver a la aspersión.

Los detractores de la fumigación argumentaron ante la Corte que hay evidencia suficiente sobre los riesgos del glifosato para la salud y el medioambiente. Además, señalaron que las aspersiones pueden deteriorar las relaciones que en los últimos años construyeron las comunidades y el Estado. Desde esta perspectiva, la fumigación no solo deja sin solucionar el problema, sino que genera efectos adversos.

Luego de la audiencia, la Corte tendrá que discutir internamente este asunto y tomar una posición.

A pesar de que el gobierno tuvo varios deslices —como las cuentas erradas del Ministro de Defensa sobre los costos de la fumigación o las respuestas titubeantes de algunos de sus funcionarios a las preguntas de los magistrados—, puede que no le vaya mal. La Corte podría revisar algunas de las condiciones, abriendo la posibilidad de usar la aspersión de manera muy limitada. El alto tribunal, además, podría decir que seguirá dando seguimiento a la sentencia, sin cerrar la puerta a la reactivación de la fumigación.

Pero los magistrados también podrían ratificar la sentencia, con lo que será muy difícil para el gobierno volver a asperjar con glifosato. Esta opción toma especial relevancia tras la decisión del presidente Duque de plantear objeciones a la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, tensionando así la relación que tiene con la Corte.

Para valorar estos escenarios, no hay que olvidar que, a pesar de la insistencia en la utilización de la evidencia científica, este debate es político. Y la Corte no es ajena a esta influencia. Se debe tener en cuenta que los argumentos esbozados en la audiencia pública no son muy distintos a los que se tenían en 2017, cuando el alto tribunal definió las condiciones en la sentencia T-236.

Pero el contexto ha cambiado: el arreglo político en torno a la implementación del Acuerdo de Paz es débil y la presión para que regrese la aspersión es notable.

En medio de las tensiones y las diferencias reveladas en la audiencia, ha pasado desapercibido un hecho importante: el consenso alrededor de la sustitución de cultivos y la necesidad de fortalecer el Estado a través de la provisión de bienes y servicios. Revisando las intervenciones, encontramos distintos matices y tonos que coinciden alrededor de este punto. Si bien es un acuerdo —no explícito— que no despierta entusiasmo entre los más radicales, es un asunto que la Corte no debería ignorar.

No hay que olvidar que, en el pasado, el uso de la aspersión —y recientemente de la erradicación forzada—, ha sido priorizado frente a otras estrategias. Existe el riesgo de que esto pase de nuevo, ante la urgencia de detener el incremento de los cultivos ilícitos. Por eso es importante que la Corte ayude a darle fuerza a este consenso, llevando a que el Ejecutivo se tome en serio la sustitución y el fortalecimiento de su presencia real en los territorios.

A estas alturas deberíamos tener claro que la imagen del Estado para las comunidades no puede volver a ser una avioneta asperjando glifosato.