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A pesar de que la migración masiva de venezolanos es percibida por algunos colombianos como un factor que afecta la seguridad ciudadana, el análisis de las cifras sobre los flujos migratorios, los delitos y la actividad operativa del sistema penal, indica que las condiciones de seguridad no se han visto afectadas por los migrantes venezolanos.

Los resultados de este análisis realizado por la FIP, sugieren que la población venezolana se ha insertado en las dinámicas colombianas comportándose como el grueso de la población, lo que significa que no existe una diferencia entre los ciudadanos colombianos y venezolanos con respecto a su vinculación en actividades delictivas o como víctimas de estas.

De ahí que no sea necesario tomar medidas de control y prevención sobre la población venezolana para disminuir los índices delictivos del país, sino desarrollar una política de seguridad ciudadana integral que, además de reducir el crimen, genere una disminución en la participación de los migrantes venezolanos en actividades delictivas.

En la primera sección de este documento, se analizan los flujos migratorios de venezolanos a Colombia durante las últimas dos décadas.

En la segunda, se presenta el análisis mediático de la figura del venezolano.

En la tercera, se examina el contexto criminal en las zonas de frontera.

En la cuarta sección se expone el comportamiento del flujo migratorio y de la actividad delictiva en el país y en las principales ciudades receptoras, y la estimación de un modelo que estudia formalmente la relación entre migración y crimen.

En la quinta se revisan las políticas nacionales y locales para la atención de los migrantes.

Finalmente, en la última sección, se presentan algunas conclusiones y recomendaciones para continuar con el monitoreo de la relación entre migración y actividad delictiva.

Hay que tener en cuenta que este documento presenta un análisis de carácter exploratorio dadas las limitaciones de información tanto en los datos disponibles sobre los flujos migratorios de venezolanos, como en su incidencia sobre la actividad delictiva.

Breve resumen de las principales conclusiones:

• No existe solidez en la información que permita realizar un análisis completo de la relación entre migración y criminalidad. Es necesario continuar desarrollando mecanismos que permitan cuantificar los venezolanos que permanecen en el territorio nacional.

• La población venezolana que ha migrado a Colombia es heterogénea. Si no existe claridad sobre esa diversidad, también resulta equivocado establecer una relación entre criminalidad y migración.

• Los procesos de estigmatización encontrados en el análisis de prensa y en las encuestas de percepción en las ciudades, se convierten en uno de los puntos de riesgo frente a la población migrante.

• El contexto criminal en las regiones no solo implica que los venezolanos puedan ser reclutados por los grupos delincuenciales, sino convertirse en parte de un nuevo negocio asociado al tráfico de personas.

• Por el momento, no existe una diferencia significativa entre las tasas de victimización de la población venezolana y el resto de las tasas en el país (con excepción de lo que sucede en la ciudad de Cúcuta).

• Aunque las tasas de capturas de venezolanos van en aumento, eso no implica una mayor participación en las actividades delictivas. Este aumento puede corresponder a una selección operativa por parte de la Policía Nacional.

• El análisis estadístico realizado para determinar el vínculo entre criminalidad y migración refleja que no existe una relación significativa ni causal en el país. Se sugiere continuar monitoreando el fenómeno.

• Del análisis de las políticas locales se puede concluir que no existe una política pública integral y articulada que responda al fenómeno migratorio. De hecho, en algunas ciudades existen políticas agresivas enfocadas en la seguridad ciudadana para reprimir a los migrantes.

• No resulta necesario, según el análisis exploratorio, el desarrollo de una política de seguridad ciudadana dirigida o enfocada en la población migrante. Por el contrario, resulta necesario desarrollar una política de seguridad integral en todo el territorio que contribuya a mejorar las condiciones de seguridad de todos los residentes del país.