La historia demuestra que cuando el problema de la tierra y sus derechos de propiedad es sometido a un manto de silencio o a la lógica de lo no negociable se le concede un amplio margen de acción a los poderes fácticos. Estos terminan imponiendo sus particulares intereses, desconociendo las mínimas reglas del juego o, en el peor de los casos, dando rienda suelta a la brutalidad y la violencia. Después de eso, como ocurre hoy, el tema reingresa al campo político cargado de dramatismo y generando altos grados de confrontación. Es necesario que el país se de tiempo y espacio para responder ciertas preguntas estratégicas: ¿Cuál es el modelo de desarrollo rural que el país necesita para el siglo XXI?, ¿Cómo garantizar que dicho modelo de desarrollo sea democrático, incluyente y sostenible en el tiempo? ¿Cómo consolidar un control estatal del campo que permita garantizar las reglas del juego y la viabilidad del modelo de desarrollo escogido con base en un consenso político amplio?

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