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De acuerdo con la base de datos de la Policía Nacional publicada en el mes de agosto de 2018, durante los primeros ocho meses del año el número de homicidios presentaba un incremento del 8.6% con respecto al mismo periodo del año anterior. En septiembre y octubre, de acuerdo con las bases publicadas por la Policía, seguía habiendo un crecimiento en el número de víctimas por violencia letal, pero esta vez menor, ya que el acumulado para los 10 meses era de 6.5%, inferior al registrado en los primeros ocho meses.

Este cambio en la magnitud del crecimiento de los homicidios entre los meses de agosto, septiembre y octubre llevó a realizar un análisis detallado sobre los datos, en el cual se identificó que, para el mes de septiembre habían desaparecido de la base 110 casos de homicidios pertenecientes a las categorías de víctimas catalogadas por la Policía Nacional como “presuntos delincuentes” y “presuntos miembros de bandas criminales”.

Al revisar los datos del mes de octubre, se encontró que 87 casos seguían desaparecidos y 23 fueron reclasificados, lo que amerita una respuesta de las autoridades. Teniendo en cuenta estas inconsistencias en las bases de datos, el siguiente análisis sobre el comportamiento del homicidio solo tiene en cuenta las cifras hasta el mes de agosto de 2018.


Si se analiza el periodo comprendido entre septiembre de 2017 y agosto de
2018 (años móviles), la preocupación del incremento persiste, ya que muestra un regreso a las cifras de hace dos años. Mientras que en 2017 la tasa de homicidios se encontraba en 24.1 por cada 100 mil habitantes, en la actualidad está en 25.4, con tendencia a aumentar en los próximos meses.

Para la FIP, parte del incremento de los homicidios tiene relación directa con la ausencia de una política de Estado estructurada específicamente para prevenir las muertes violentas cometidas en el país. El gobierno anterior fundamentó buena parte de su estrategia en el desarrollo de su política de paz, pero no tuvo en cuenta que las causas del homicidio son diversas, así como sus modalidades, ni se percató de los indicios que señalaban los registros policiales acerca de posibles incrementos en el mediano plazo.

En Colombia se han venido desarrollando una serie de acciones que no configuran una política dirigida a reducir los homicidios y su impacto social. Esta ausencia no es una particularidad del gobierno actual; por el contrario, es una constante estructural del país.

Este documento busca contribuir a la construcción de una política unificada para la protección del derecho a la vida. Además, recupera e introduce discusiones que, considera, deben ser tenidas en cuenta en el debate sobre cómo hacerle frente al aumento de homicidios. Sin duda, el nuevo gobierno tiene una oportunidad para consolidar una política de Estado que rompa con la visión del pasado.