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El nuevo Gobierno tendrá que hacer frente a la inestable confluencia de grupos armados ilegales en las fronteras, que tienen alianzas y disputas entre sí, las cuales afectan significativamente a las poblaciones y a los migrantes.

Esta situación no solo advierte sobre el efecto de contagio que se puede dar en los países vecinos, sino también sobre el impacto que pueden tener las dinámicas internas de cada país en el territorio colombiano. El más claro ejemplo es la crisis que está viviendo Venezuela.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) viene fortaleciendo su presencia en los territorios limítrofes, aumentando, en algunas zonas, su participación en economías ilegales, entre ellas el narcotráfico.

En Norte de Santander, frontera con Venezuela, hay disputas entre el ELN y el EPL por el control territorial y las economías criminales.

Las disidencias de las FARC tienen una fuerte presencia en los municipios fronterizos, coexistiendo, a veces, con otras facciones ilegales o entrando en confrontación directa.

Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (conocidas como el Clan del Golfo), con predominio en la frontera con Panamá, también se encuentran en los límites con Venezuela y Ecuador.

Y, se suma, que múltiples facciones del crimen organizado participan activamente en las economías ilegales que fluyen de manera transnacional en estas zonas.

Los territorios fronterizos son claves por su potencial energético, los recursos ambientales y la biodiversidad. En diez de los 13 departamentos fronterizos se concentra el 90% de los recursos forestales nacionales y en tres de ellos se localiza casi la mitad de la explotación maderera legalmente registrada. Allí también se concentra el 97% de la producción de carbón y el 43% de la producción nacional de metales preciosos. Así mismo, persisten múltiples economías ilegales cuyo control y rentas son disputadas por grupos armados ilegales de distinto tipo.

10 desafíos claves que requieren atención son:

  1. La expansión del ELN y su mayor participación en las economías ilegales fronterizas, incluyendo, en algunas zonas, al narcotráfico.
  2. La disputa activa entre el ELN y el EPL en la frontera venezolana en Norte de Santander, con una posible expansión de este último grupo.
  3. El fortalecimiento de las disidencias de las FARC en los territorios limítrofes con Venezuela (departamentos de Arauca, Vichada, Guainía y Vaupés), Brasil y Perú (Amazonas y Putumayo), y Ecuador (Nariño y Putumayo).
  4. La presencia de múltiples economías ilegales en las zonas fronterizas, que van más allá del narcotráfico, como la minería ilegal, el tráfico de gasolina, el contrabando, la trata de personas y la explotación sexual.
  5. El riesgo al que están expuestos los migrantes venezolanos de ser reclutados por grupos armados al margen de la ley y su incorporación como mano de obra de diferentes economías ilegales. Para las mujeres venezolanas el riesgo de explotación sexual y de feminicidios es mayor, en el marco de su vinculación al trabajo sexual y economías ilegales.
  6. El reclutamiento de menores de edad por parte del ELN, las disidencias y otras facciones criminales, en medio de disputas y procesos de expansión.
  7. La vulnerabilidad en la que se encuentran las poblaciones que habitan en las fronteras. Particularmente, las condiciones de seguridad de comunidades indígenas que están en constante riesgo de ser desplazadas, confinadas y reclutadas forzosamente, así como la de mujeres y niñas que pueden ser víctimas de explotación sexual ligada a las dinámicas de las economías ilegales. Es importante señalar que los departamentos de frontera albergan el 40% del total de la población indígena del país y el 22% de la población afrocolombiana.
  8. El tránsito y la presencia de grupos armados al margen de la ley más allá de las fronteras.
  9. El uso de minas antipersonal en las zonas fronterizas.
  10. El vacío que podría dejar el sometimiento a la justicia del Clan del Golfo, el cual podría generar disputas y la incursión de grupos armados ilegales a sus zonas de influencia.
En Nariño se registran confrontación de múltiples facciones armadas ilegales con aumento de la violencia

Estos 10 desafíos en zonas de frontera se enmarcan en una débil presencia del Estado, pobreza, falta de competitividad en el desarrollo rural, falta de infraestructura y limitado acceso a bienes públicos.

Todo este escenario requiere de una mayor coordinación de los esquemas de cooperación bilateral y multilateral. El mayor reto, sin duda, será Venezuela, con rupturas y tensiones diplomáticas que no permiten vislumbrar una posible articulación entre los dos países.

Bajo las condiciones actuales, el gobierno colombiano tendrá que construir una estrategia sin contar con la cooperación del país vecino, mitigando los efectos de la crisis venezolana en su propio territorio. Esta crisis genera un entorno propicio para las economías ilegales y posibilita el refugio de grupos armados al margen de la ley en ese país.

La manera como Colombia y sus vecinos han hecho frente a la situación de seguridad en la frontera ha sido –por lo general– bilateral y reactiva, con problemas para generar confianza y establecer relaciones recíprocas. Colombia requiere ganar apoyos en el vecindario bajo una perspectiva que no solo involucre la seguridad nacional, sino también la seguridad ciudadana y el desarrollo.

Este informe está acompañado de un especial multimedia:

Aquí encontrará un mapa interactivo de las zonas limítrofes con Panamá, Venezuela, Ecuador, Brasil y Perú con información actualizada sobre grupos armados, economías ilegales, impacto humanitario, agresiones a líderes, agresiones a desmovilizados y acciones de la fuerza pública.

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