La Declaración conjunta de rechazo a las amenazas a la vida e integridad
de personas es promovida por los miembros del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos y Carbón, conformado por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio del Interior y las empresas mineras Cerrejón, CNR, Drummond y Prodeco, con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil CREER – IHRB y la Fundación Ideas para la Paz (FIP). El evento de suscripción contó con la participación del Gobernador del Cesar, autoridades municipales, organizaciones de la sociedad civil, miembros de la comunidad, líderes y defensores de Derechos Humanos y medios de comunicación.

Con la publicación de esta Declaración, los firmantes dieron un primer paso para prevenir y mitigar las dinámicas que ponen en riesgo la vida e integridad de líderes y defensores de DDHH en Cesar y La Guajira. Durante el evento de suscripción, María Victoria Llorente, Directora Ejecutiva de la FIP, resaltó que los pasos siguientes deben consistir en precisar el alcance de las responsabilidades que tiene cada actor frente a tales dinámicas y trabajar en el fortalecimiento de capacidades de gestión de estos actores para tramitar efectivamente las situaciones de riesgo.

La FIP también destacó que la Declaración tiene una gran trascendencia en un contexto complejo como el colombiano, donde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró, en 2017, 121 asesinatos de defensores de DDHH (105% más que en 2016) y reportó otros 320 ataques contra esta población: desde intentos de homicidios hasta amenazas y violaciones al derecho a la privacidad. Según el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), Colombia concentró, entre 2015 y 2016, el 10% de los casos en América Latina de afectaciones a defensores de Derechos Humanos en asuntos de empresas, convirtiéndolo en el país más peligroso de la región para este tipo de defensores, solo comparable con Guatemala.

Ante esta realidad, la Declaración marca un importante precedente frente a la generación de sinergias y el establecimiento de canales de articulación efectivos entre la institucionalidad pública, actores económicos y sociedad civil, para definir y realizar acciones efectivas encauzadas a identificar, prevenir y detener las afectaciones a la vida e integridad de las personas, en particular de quienes se exponen diariamente para promover y reclamar el goce de derechos.

La FIP resalta y valora el rol activo asumido por las empresas en la formulación y adopción de esta Declaración, como parte de su deber de respetar los Derechos Humanos, así como la participación del Estado en su calidad de garante de derechos.

Según Paula Gaviria, Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, el acuerdo “es un mensaje para la región y el país. Tenemos que trabajar juntos, las empresas, las comunidades y el Estado, en el beneficio de las comunidades, en un desarrollo humano y sostenible. Nos llena de satisfacción saber que esta declaración ha sido recibida con beneplácito por parte de los líderes y lideresas presentes el día de hoy".

Como FIP, reconocemos y respaldamos la importancia de la labor de defensa de los derechos como un factor indispensable para la construcción de paz, y rechazamos las acciones de violencia y amenaza que van en contra del ejercicio de los derechos de todas las personas. Por esta razón, hacemos un llamado a las comunidades, demás organizaciones de la sociedad civil, autoridades públicas y empresas de otros sectores, a sumarse al proceso que supondrá la puesta en marcha de esta declaración.

La Declaración

Las instituciones, empresas y organizaciones firmantes. Ante los homicidios, amenazas, ataques e intimidaciones ejercidas contra algunos ciudadanos, incluyendo líderes sociales y defensores de derechos humanos;

Considerando las obligaciones del Estado colombiano en virtud de tratados internacionales y regionales de derechos humanos tales como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la necesidad de fortalecer su aplicación para hacerlos efectivos;

Considerando las iniciativas de los órganos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que recomiendan escalar acciones tendientes a la protección de los ciudadanos en general, con énfasis en líderes sociales y defensores de derechos humanos;

Considerando que la Constitución Política de Colombia consagra el deber del Estado de proteger a todas las personas residentes en Colombia y establece, en desarrollo de los derechos fundamentales, que el derecho a la vida es inviolable, que se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, y que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento;

Considerando la iniciativa del Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables CREER, organización de la sociedad civil que desarrolla acciones para fortalecer el ejercicio de los derechos humanos en el marco de actividades empresariales, que cuenta con el apoyo de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos para diseñar y activar una hoja de ruta y protocolo con el objeto de articular acciones públicas y privadas que propendan por la prevención de vulneraciones a la vida e integridad de las personas;

Considerando el trabajo que ha venido adelantando el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos y Carbón, integrado por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería, las empresas Cerrejón, Drummond Ltd. Colombia, el Grupo Prodeco y C.N.R., y la Fundación Ideas para la Paz, para aportar desde este sector con buenas prácticas en derechos humanos;

Reiterando el compromiso del sector privado de respetar los derechos humanos;

Convencidos de la necesidad de aunar esfuerzos entre el Estado, la sociedad civil y las empresas para la convivencia pacífica y la promoción del ejercicio de los derechos y libertades fundamentales y conscientes de la urgente necesidad de asegurar la protección de todas las personas, con especial énfasis en líderes sociales y defensores de derechos humanos;

En virtud del marco jurídico nacional aplicable a la acción del Estado para la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos, incluyendo el Decreto 1066 de 2015 en lo que corresponde a la prevención y protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades, así como las modificaciones introducidas mediante los Decretos 2078 de 2017 y 2252 de 2017 y demás instrumentos para la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos,

Manifestamos:

  1. Nuestro total rechazo de todos los actos de violencia, estigmatización y amenaza en contra de la vida e integridad de cualquier persona, con especial énfasis en líderes sociales y defensores de derechos humanos.
  2. Nuestro reconocimiento a la labor que llevan a cabo los defensores de derechos humanos y líderes sociales para la defensa de los derechos y la consecución de una sociedad más justa e igualitaria; así como a la necesidad de garantizar su participación y de generar acciones tendientes para su protección como un pilar fundamental en la construcción de paz.
  3. Que reafirmamos el compromiso desde el Estado de proteger a las personas contra la violación de sus derechos; desde el sector privado de respetar los derechos humanos, y desde la sociedad civil junto con los anteriores, para la promoción del ejercicio de los derechos humanos en todo tiempo y lugar.
  4. Y que continuaremos aunando esfuerzos para trabajar de manera armónica de conformidad con las competencias de los aquí firmantes en la colaboración Estado-empresa-sociedad civil para el desarrollo de acciones y mecanismos alrededor de la protección y el respeto de la vida e integridad de personas, con especial énfasis en líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Finalmente, hacemos un llamado para que otras instituciones públicas, empresas y organizaciones de la sociedad civil se sumen a esta iniciativa.

En constancia de lo anterior, firmamos en la ciudad de Valledupar a los 7 días del mes de junio de 2018,

Gobierno Nacional

Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Paula Gaviria Betancur

Ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata

Ministro del Interior, Guillermo Rivera Flórez

Las empresas del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos y Carbón

Presidente Drummond Ltd. José Miguel Linares

Presidente Cerrejón, Roberto Junguito

Presidente Grupo Prodeco, Mark McManus

Presidente Colombian Natural Resources – CNR, Juan Carlos Gómez

Las Organizaciones de la Sociedad Civil

Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables (CREER – IHRB). Luis Fernando de Angulo, Director Ejecutivo

Fundación Ideas para la Paz. María Victoria Llorente, Directora Ejecutiva