Esta columna de opinión se publicó el 30 de abril de 2018 en Razón Pública

Fórmulas convencionales

Aunque la seguridad rural y urbana ha sido una de las preocupaciones centrales de esta campaña electoral, no es fácil resumir y evaluar las políticas de convivencia y seguridad ciudadana que proponen los candidatos a la presidencia.

Todos ellos se han limitado a mencionar o destacar un cierto subconjunto de acciones y estrategias que ya se han desarrollado o que se están aplicando. Total, ni hay propuestas de política, ni las iniciativas son novedosas.

Todas las propuestas incluyen medidas de fortalecimiento institucional y de prevención situacional para controlar delitos específicos, o acciones de prevención social que varían en intensidad. Todos los candidatos defienden la cooperación entre los ciudadanos y las autoridades.

Insistir o redoblar las estrategias que ya están siendo aplicadas es la fórmula central de los distintos candidatos para disminuir los índices delincuenciales. Pero en el debate no aparece ninguna alusión a la calidad, legitimidad y eficacia de estas intervenciones.

  • Una propuesta son los frentes de seguridad que, desde hace 30 años, han sido la estrategia principal para estrechar los lazos entre las autoridades y la comunidad. Pero se desconoce que estos frentes presentan fallas estructurales y han demostrado tener corta duración.
  • Otra propuesta es instalar cámaras de seguridad, una medida estrella de la última década. Pero no se dice nada sobre los serios problemas de mantenimiento de los equipos, ni se sabe que los centros para el seguimiento de las mismas nunca han sido evaluados, de manera que aún desconocemos su impacto sobre las condiciones de seguridad y convivencia.
  • Estrategias como la de puntos críticos o el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes hacen parte de algunos programas de gobierno, pero estos nada dicen sobre su estado actual. Estas estrategias se abandonaron para dar prioridad a otras de alto valor operativo.

El delito ordinario

La prioridad de esas operaciones de alto valor hace que los ciudadanos queden sin vigilancia, y por eso no es extraño que muchos prefieran la vigilancia privada como mecanismo alternativo (sin una concertación o control adecuados por parte de la seguridad pública).

El homicidio, las lesiones personales y los hurtos son los delitos más mencionados por los candidatos. Aquí también hay un déficit de propuestas. ¿Cuál debe ser la estrategia frente al homicidio y cómo vamos a mantener la tendencia a reducirlo? Preguntas que hasta ahora no tienen respuesta en ninguna campaña.

Lo mismo sucede con los hurtos que parecen aumentar y ante los cuales tampoco hay propuestas claras. Incluso se ignora la insólita situación en la que, por los ajustes técnicos al sistema de información de la policía, intentando vincularlo con el de la fiscalía y con los nuevos mecanismos para la denuncia ciudadana, se rompen las series históricas del delito en las ciudades por un incremento desproporcionado y se reabre una discusión sobre las cifras de criminalidad en el país que parecía cerrada.

Además, se han quedado por fuera del radar otras conductas delictivas que atentan contra la libertad sexual —con bajos niveles de denuncia e investigación—, las estafas, las amenazas o la violencia intrafamiliar, que requieren estrategias concretas de prevención y control.

Finalmente, llama la atención que los comportamientos no civilizados recogidos en el Código de Policía, que afectan de manera cotidiana la vida en los entornos urbanos, sean otro de los olvidos en las propuestas de los candidatos.

Aumento del pie de fuerza

El gran punto de encuentro entre los candidatos es la propuesta de aumentar el pie de fuerza de la policía. Este planteamiento, sin embargo, es inocuo si no se acompaña de iniciativas alrededor del uso adecuado de la fuerza policial, de la calidad y la financiación.

Un número indeterminado de efectivos se encuentra en el área administrativa de la organización, de modo que muchos policías no están ejerciendo las funciones de vigilancia o cualquier otra para la cual fueron entrenados en relación con la seguridad y convivencia ciudadanas.

Antes que aumentar el número de policías, el uso eficiente de la fuerza policial debería ser un tema básico en los programas de gobierno. Pero si los candidatos insisten en el aumento, esto implicaría vincular y capacitar personal (lo que, a su vez, necesitaría cofinanciación por parte de las entidades territoriales).

Los aumentos del pie de fuerza de los últimos años se han caracterizado por su poca exigente selección de personal y por períodos de formación que se han ido acortando.

El problema de la corrupción policial es uno de los vacíos más notorios en los varios programas de gobierno. Los escándalos dentro de la institución se repiten una y otra vez, pero esto no parecen preocupar a los candidatos. Sin tener mucha claridad al respecto, será imposible lograr un acercamiento entre la policía y los ciudadanos.

¿Garrote o zanahoria?

Las estrategias de prevención social focalizadas en los jóvenes parecen ser uno de los grandes desacuerdos. Existen dos tendencias claras:

  • La criminalización de conductas o factores asociados con la juventud, incluyendo la idea de reducir la edad de responsabilidad penal, e
  • Iniciativas para la inserción de los jóvenes en el contexto social.

Pero en estas propuestas hay algo de falso dilema. La prevención social es una de las principales áreas de cualquier política de seguridad ciudadana, pero es insuficiente por sí sola, como lo son las medidas de prevención situacional o las iniciativas de fortalecimiento institucional.

Seguridad en entornos rurales

Todos los candidatos coinciden en la necesidad de una seguridad ciudadana en los entornos rurales. Esta es una prioridad actual, tal como lo muestran los análisis sobre homicidios en el último año en los municipios más afectados por el conflicto.

Para ingresar a muchas veredas de Colombia se necesita el permiso de los grupos delincuenciales que allí operan. El vacío dejado por las FARC debe ser ocupado por las instituciones del Estado. Por eso era de esperar que los candidatos tuvieran propuestas concretas sobre este asunto para extender el territorio colombiano más allá de los cascos urbanos. Y, sin embargo, no las tienen.

La fuerza pública debe vigilar las veredas, acompañar y acercarse a las comunidades —al mismo tiempo que se fortalecen las instituciones de gobiernos locales y comunitarios—. Es necesario tener una agenda de justicia penal efectiva que investigue y sancione lo que sucede en esos territorios.

Cuatro vacíos notables

1. La financiación

Esta no necesariamente se refiere a crear nuevas fuentes de financiación. Una propuesta novedosa sería la reorganización de los actuales mecanismos.

Ninguno de los candidatos hace referencia a Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia adscrito al Ministerio del Interior, a los fondos territoriales de seguridad o a los fondos-cuenta en cabeza de las administraciones locales. La plata que invertimos en seguridad y convivencia es un gran misterio. No existen mecanismos claros para organizar la gestión y vigilar esas finanzas.

Por otro lado, no sabemos cuánto invierte el sector privado mediante convenios con autoridades para apoyar la seguridad. Una propuesta integral en este sentido abriría un debate indispensable sobre estos gastos.

2. Articulación entre lo nacional, lo regional y lo local

El presidente de la República es la máxima autoridad de policía en el país, al igual que los alcaldes y gobernadores lo son en sus territorios. Durante los últimos diez años, la adopción de los planes integrales de seguridad y convivencia nos ha llevado a un sistema atomizado de planeación y seguimiento de la seguridad, que resulta ineficaz porque los problemas de seguridad exceden las capacidades y recursos de los alcaldes de la mayoría de los municipios.

En esta carrera a la presidencia no se abordan estos asuntos y muchas preguntas quedan sin respuesta ¿Con qué sistema de asistencia a los municipios vamos a contar?, ¿Cuáles son los mecanismos de articulación y las áreas correctas de intervención?, ¿Dónde está la Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana (la última fue del 2011)?

3. Relación entre seguridad ciudadana y política criminal

La seguridad ciudadana la hemos dejado en manos de los alcaldes, sin hacer explícita su relación con las labores de investigación criminal, judicialización y penalización.

La reincidencia criminal, problema que últimamente ha cobrado notoriedad, es un claro ejemplo de la necesidad de conectar las acciones de las alcaldías con la respuesta de la justicia penal.

Los jueces están ausentes en la discusión, las cárceles son fuente de delito en su interior y en relación con sus entornos. Esta falta de articulación entre el ejecutivo y el poder judicial se traduce en acusaciones mutuas de ineficiencia, que debilitan las instituciones y agravan la vulnerabilidad de los ciudadanos. Estas dos agendas son eslabones claves de un sistema que debe ser abordado integralmente.

4. El papel de los militares en la seguridad ciudadana

Los militares son parte de los consejos de seguridad y han acompañado operaciones de la Policía, pero los candidatos han guardado silencio sobre su papel en este campo.

Durante este año han tenido que movilizarse contingentes militares al municipio de Tumaco y desde hace unos días han tenido que acompañar las operaciones en la comuna trece de Medellín.

Las fuerzas militares y de policía están inmersas en estrategias de transformación para enfrentar las nuevas lógicas delictivas y, al mismo tiempo, desarrollan operaciones combinadas. Estas discusiones han sido adelantadas sin el liderazgo del poder civil e implicado cambios en las normas de la doctrina militar, y la toma de decisiones operacionales y operativas muchas veces se han dejado a la deriva.