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Si bien los candidatos difieren en sus propuestas, todos coinciden en que se requieren ajustes y, en algunos casos, cambios de fondo. Están de acuerdo en que el narcotráfico continúa siendo un problema grave para el país y que podría empeorar si no se toman las decisiones adecuadas. Colombia tiene una larga experiencia en este ámbito, con notables avances (como la reducción de la violencia), pero también con retrocesos. El país ha aprendido valiosas lecciones que muestran que, si bien no hay soluciones simples, tampoco es preciso reinventar la rueda. Es posible mejorar lo que se ha hecho, prestando atención a la evidencia.

El Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de Los Andes, y la Fundación Ideas para la Paz (FIP) quieren contribuir a esta discusión, identificando diez aspectos claves sobre la política de drogas que los candidatos deberían tener en cuenta al momento de discutir sus propuestas, elaborar su programa de gobierno y, en el caso de que resulten elegidos, considerar en su Plan de Desarrollo. Con este decálogo, el CESED y la FIP ponen sobre la mesa temas que verdaderamente importan, con propuestas que pueden contribuir a la definición de una política eficaz, humana y sostenible.

Esta es una síntesis de los diez puntos claves:

  1. La política de drogas debe partir de las lecciones aprendidas, hacer un balance de los costos y beneficios y tener en cuenta la evidencia. Han sido múltiples los esfuerzo por contener la oferta y la demanda de drogas ilegales, pero aun así no ha habido cambios significativos. Si bien algunas medidas han sido efectivas local y temporalmente, sus costos y efectos colaterales resultan mayores a los beneficios de su aplicación. Por esto es importante partir de una evaluación sensata de lo hecho hasta ahora.
  2. La política de drogas debe responder a las causas y reducir los síntomas. Las respuestas se han dirigido en su mayoría a mitigar los efectos, pero no llegan a afectar las causas. En el ámbito rural los cultivos ilícitos siguen teniendo como trasfondo la debilidad institucional, la desconexión de extensas zonas del territorio con el desarrollo, así como condiciones sociales adversas. La expansión de los cultivos es también una consecuencia del fortalecimiento del narcotráfico y de la intensificación del conflicto armado. Mientras tanto, en el ámbito urbano, la distribución de drogas ilegales en manos de organizaciones criminales y la afectación de grupos vulnerables, como los jóvenes, están vinculados a condiciones de exclusión, deterioro del tejido social y presencia desigual del Estado.
  3. Una respuesta sostenible a los cultivos ilícitos requiere del desarrollo rural. Es necesario cambiar las condiciones de los territorios que hacen competitivos los cultivos ilícitos, lo cual no solo requiere contener y disminuir la presencia de los grupos criminales con intervenciones estratégicas e inteligentes, sino oxigenar a las regiones con la presencia integral de las instituciones, el fortalecimiento de las capacidades locales y la participación de las poblaciones afectadas. Lo anterior requiere, entre otros factores, del acceso a bienes públicos, la conexión con cadenas productivas y de comercialización y el mejoramiento en las condiciones de vida de las poblaciones. Por tanto, la respuesta a los cultivos ilícitos debe ser parte integral de la política de desarrollo rural, y no un programa aislado y excepcional.
  4. Las preocupaciones por el uso problemático de drogas ilegales deben tener una respuesta desde la salud pública. La mayoría de las personas no usan drogas ilegales; entre quienes llegan a probarlas, solo una fracción desarrolla patrones de dependencia y uso problemático. Es justo en esta población donde la política debe concentrar sus esfuerzos. Por un lado, se requiere prevenir su uso en edades tempranas y retrasar el inicio del consumo entre jóvenes, para lo cual los programas puramente didácticos no son la solución: es necesario desarrollar entornos protectores en las familias y en la escuela. En cuanto los usuarios regulares de drogas, la evidencia disponible indica que su criminalización no resuelve el problema y sí puede aumentar el daño asociado a las actividades de consumo y comercialización, así como saturar a las fuerzas policiales y agravar los problemas de sobrepoblación carcelaria. La clave está contar con tratamientos basados en evidencia científica e implementar medidas enfocada en reducir los daños asociados a su uso.
  5. Las medidas represivas contra el narcotráfico y los mercados de drogas locales deben priorizar la protección de las comunidades y el restablecimiento de la presencia del Estado. Aunque las medidas represivas suelen tener como principal propósito reducir la oferta y la demanda, su foco debe centrarse en reducir los efectos nocivos del narcotráfico y de los mercados locales de drogas. Un elemento clave es focalizar los esfuerzos de investigación y juzgamiento en los eslabones más violentos y con capacidad de corrupción. Respecto a los mercados locales de drogas, el objetivo realista es disminuir su visibilidad, priorizando sus manifestaciones perjudiciales y que afecten la sensación de inseguridad. No hay que olvidar que la reducción de los fenómenos criminales tiene sentido en la medida que fortalezca la seguridad de los ciudadanos.
  6. Se requiere ordenar la casa, definir una nueva arquitectura institucional y un marco legal acorde con los nuevos desafíos. Una alternativa a considerar es la creación de una entidad coordinadora de política de drogas con rango de agencia presidencial, con capacidad de asignación de recursos a las entidades ejecutoras de la política de drogas. Otra tarea prioritaria es actualizar el marco legal vigente, con una nueva versión del denominado Estatuto de Estupefacientes (Ley 30 de 1986), con disposiciones y herramientas adecuadas para responder a los nuevos desafíos. Colombia carece de una política de drogas de Estado que aborde las distintas dimensiones del problema y que vaya más allá de la seguridad.
  7. La clave está en lo local. Es necesario adecuar las intervenciones a las condiciones locales, involucrando a los actores claves, a través de arreglos institucionales concertados, respaldados por recursos y acciones concretas. Uno de los elementos más importantes para la sostenibilidad de los esfuerzos es la apropiación de las iniciativas por parte de las autoridades locales y las comunidades. Enfocarse solo en una estrategia nacional de drogas tiende a ignorar la naturaleza local de los problemas.
  8. No hay soluciones mágicas, ni todo es blanco o negro. Se debe considerar que, en medio de los extremos de prohibición o la total liberalización del mercado, hay opciones intermedias que han mostrado resultados en términos de salud pública, seguridad y respeto de los derechos humanos. Las políticas como la despenalización, la reducción de daños y la regulación legal (como ocurre, por ejemplo, con la marihuana para fines medicinales), son un punto medio que debe ser considerado a partir de un análisis de los potenciales costos y beneficios. Si el propósito es disminuir los efectos negativos de las drogas ilegales se requiere ser pragmático y flexible, con intervenciones que respondan a las circunstancias cambiantes, a partir de evaluaciones y controles cuidadosos.
  9. Las medidas no pueden concentrarse solo en el corto plazo. Una de las tensiones que enfrentan las políticas de drogas es que las medidas que dan resultados en el corto plazo difícilmente se sostienen en el tiempo, y las intervenciones que ofrecen un horizonte de sostenibilidad suelen no mostrar dividendos de manera inmediata. La evidencia señala que medidas como la erradicación forzada —aérea y terrestre— pueden arrojar reducciones de corto plazo en el número de hectáreas cultivadas, pero son ineficientes y transitorias, especialmente si se aplican de manera deliberada y no están acompañadas por medidas que se propongan la transformación de los territorios. Por el contrario, las intervenciones dirigidas a sustituir los cultivos ilegales por alternativas legales pueden demandar más tiempo y recursos, pero ofrecen mejores resultados en el mediano y largo plazo.
  10. Pensar más allá de las fronteras, reduciendo la brecha en el discurso internacional y la política nacional. El problema de las drogas trasciende las fronteras y por eso no es posible conseguir avances significativos actuando de manera aislada. La política de drogas debe articular los esfuerzos de países productores, de tránsito y consumidores. Es clave reducir la brecha existente entre el discurso internacional y la política nacional, especialmente en lo relacionado con el fortalecimiento del enfoque de salud pública y derechos humanos, sin bajar la guardia en la lucha contra la criminalidad y la reducción de la violencia.