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En medio de la preocupación ciudadana por el deterioro de la seguridad y el aumento de delitos como el hurto, la reincidencia delincuencial ha estado en el centro del debate. Las noticias e imágenes de personas que han sido capturadas una y otra vez, así como los listados con el “top” de reincidentes, han prendido las alertas, poniendo el foco en el funcionamiento del sistema de justicia. Las autoridades locales y la policía han reclamado mayor severidad por parte de los jueces, mientras que el problema de sobrepoblación y hacinamiento en las cárceles persiste. Además, como parte de la contienda electoral, los candidatos han asegurado que actuarán con mano firme para evitar que queden en libertad los delincuentes que reincidan. Una frase que ha calado en la discusión es que, en Colombia, “el delito paga”.

Sin duda, la reincidencia es un problema respecto al cual no hay una única solución. Aunque la adopción de medidas severas y el uso de la cárcel suelen estar en el primer orden de las alternativas, lo cierto es que no siempre resultan la mejor opción. Para contribuir a este debate, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) analiza en este documento las dimensiones de la reincidencia y las opciones de política pública para hacerle frente. Estas son las nueve conclusiones principales.

La discusión sobre la reincidencia se ha dado en el marco del aumento en los casos de hurto, la baja en las capturas y la estabilización en el número de personas que se encuentran en la cárcel por este delito
  1. No hay consenso sobre lo que es la reincidencia (se suelen mezclar peras con manzanas). No existe una única forma para medir la reincidencia, por lo que los datos disponibles no necesariamente hablan del mismo problema. Esta falta de información y la disonancia institucional que producen las distintas interpretaciones, hacen difícil proponer una hoja de ruta y tomar decisiones de política pública viables para enfrentar el escenario actual.
  2. Contrastándolas con otros países, las cifras de reincidencia no son tan altas. Pero eso no significa que estemos mejor. La diferencia en las definiciones y los métodos de medición no permiten hacer este contraste; sin embargo, sí pueden dar una idea de las magnitudes del fenómeno a la luz de las estadísticas existentes. La cifra más alta de reincidencia en Colombia es del 21%, la mitad de lo encontrado en otros países. Las estimaciones hechas por las autoridades sirven más para revelar la limitada respuesta institucional y desconocimiento de esta problemática, que para mostrar la real dimensión del fenómeno.
  3. La reincidencia es más frecuente en los casos de hurtos y fabricación y porte de armas. Para encarar este problema es importante difenciar entre los distintos tipos de delitos. La información disponible coincide en que los mayores niveles de reincidencia se encuentran en el hurto y la fabricación y porte de armas. Un dato a destacar es que los delitos relacionados con drogas suelen inflar las cifras, aunque su abordaje en el caso de porte de pequeñas cantidades debería tener un tratamiento diferenciado, especialmente cuando son derivados del consumo problemático o comprometen a los eslabones más débiles de la cadena que están en situación de vulnerabilidad.
  4. Si bien alarman las listas de casos con múltiples capturas hay que ser cuidados con las generalizaciones. El “top” de reincidentes no el mejor indicador para evaluar esta problemática. El análisis debe hacerse con el total de personas capturadas para establecer su verdadera dimensión. Además, no solo es relevante considerar el número de delitos sino el tipo de ellos, haciendo énfasis en aquellos que, al usar la violencia, tienen un mayor nivel de riesgos e impacto para los ciudadanos.
  5. La cárcel no necesariamente es la mejor alternativa para todos los delitos y puede llegar a ser contraproducente. Según el DNP, una de cada dos personas privadas de la libertad puede acceder a un programa de resocialización y únicamente el 2,5% de la población carcelaria está vinculada a programas de trabajo promovidos por el sector privado. Además, la evidencia no sugiere que quienes pasan por estos programas tengan un menor riesgo de reincidencia. Bajo estas condiciones, puede tener un “efecto criminal” que incrementa la posibilidad de reincidencia. La cárcel puede tener un mayor efecto para los delitos violentos.
  6. Las intervenciones para reducir los niveles de reincidencia no deben limitarse a la imposición de una condena o la resocialización al interior del sistema penitenciario. Se requieren medidas de prevención dirigidas a disminuir los múltiples factores de riesgo ligados a la reincidencia y a fortalecer los de protección, generando capacidades específicas que faciliten la inclusión económica y social, así como cambios de comportamiento. Además, La evidencia señala que retornar a la comunidad de manera paulatina y supervisada permite alcanzar mejores resultados en la disminución de este fenómeno.
  7. Para enfrentar la reincidencia es clave identificar y solucionar los cuellos de botella, evitando las recriminaciones mutuas. Hay múltiples cuellos de botella en el sistema de justicia que dificultan dar una respuesta a la reindicencia, los cuales incluyen bajos niveles de denuncia, falta de capacidades para desarrollar investigaciones, problemas de articulación entre las entidades, dificultades para acceder a la información, bajos niveles de cumplimiento de las penas e indicadores de medición que desincentivan la judicialización de las conductas. Los señalamientos mutuos y el pedido de aplicación de medidas severas, no hacen más fuerte al sistema de justicia, sino que debilita su credibilidad y legitimidad.
  8. Hay alternativas y posibilidades de implementar medidas innovadoras. En este informe se destacan medidas innovadoras que podrían contribuir a dar respuesta a la reincidencia, dentro de las cuales se encuentran intervenciones dirigidas a jóvenes en riesgo (como la Terapia Cognitiva Conductual), las evaluaciones de riesgo basadas en datos (data-driven risk assessment), el uso de dispositivos comunitarios y el uso de subsidios monetarios condicionados en la etapa de poscondena, entre otros.
  9. Es clave que las autoridades locales tengan un papel activo. Las administraciones locales pueden trabajar con la Policía para disminuir los niveles de corrupción, revisar los incentivos que la propician y fortalecer la supervisión de los delincuentes reincidentes, así como la protección de las comunidades donde estos se encuentran. Los alcaldes también pueden apoyar las medidas alternativas al encarcelamiento con trabajos comunitarios y programas enfocados en la reintegración de personas en situación de vulnerabilidad. Las ciudades y municipios pueden tener un papel activo en el diseño e innovación de procesos de reinserción de los detenidos y los programas post-condena.