Esta columna de opinión se publicó el 21 de diciembre de 2017 en El Espectador

Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo alertó sobre la posible llegada de nuevos grupos armados a Buenaventura, algo que las autoridades locales y la Fuerza Pública desmintieron. Pero lo cierto es que en este puerto del Pacífico colombiano se está dando un reacomodo del crimen organizado.

Ya desde mediados de año, la FIP afirmó que había una disputa en las comunas 10, 11 y 12 entre ‘La Empresa’ –que venía en proceso de fortalecimiento y recuperación militar– y otra organización que algunos llamaban ‘Urabeños’ por su relación con el ‘Clan del Golfo’, pero que las autoridades denominan ‘Banda Local’ por considerarla una estructura autónoma.

Esto ha venido cambiando sustancialmente. Estas dos organizaciones llegaron a un pacto de no agresión que habría ocasionado el debilitamiento de ‘La Empresa’ y su integración a la estructura de la ‘Local’, lo que redujo las afectaciones sobre la población hasta mediados de este año, pero luego empezaron a aumentar los índices de violencia y las presiones contra líderes sociales y la comunidad en general, principalmente en las comunas 3, 4, 10 y 12.

En el caso de los homicidios, si bien hubo bajos niveles durante los primeros meses de 2017, entre mayo y junio aumentaron. Se suma que en las comunas 10 y 12 reaparecieron las fronteras invisibles y la confrontación se focalizó en algunos barrios.

Este aumento de la violencia se debe a la disputa por el control de las comunas 3 y 4, que tienen importantes salidas al mar. Lo mismo ocurre con la comuna 12, que conecta la zona rural y el bajo Calima con el Puerto, y es paso terrestre obligado para entrar al casco urbano.

Las razones para explicar este cambio difieren entre si

La lectura la Defensoría del Pueblo, respaldada por algunos líderes y organizaciones, señala la llegada del ´Clan del Golfo´ y el ELN a la zona rural del municipio, principalmente por el norte, por Juanchaco, La Barra y Ladrilleros. Allí se han presentado desplazamientos desde el Litoral de San Juan. En este caso, la confrontación entre el ELN y las AGC en el sur del Chocó estaría afectando las condiciones de seguridad de la zona rural de Buenaventura.

La Defensoría también advierte sobre la presunta desaparición de ‘La Empresa’, “la presencia de nuevos grupos armados ilegales denominados ‘La Gente del Orden’ (GO), y el posible fortalecimiento de otros que se concentraban en sectores rurales aledaños como el ELN y las AGC”.

Sobre GO se sabe que ha venido presionando a niños y jóvenes para reclutarlos. Y aunque no es claro si hay una relación entre este grupo y los que recibieron el mismo nombre en Tumaco, que hoy en día se autodenominan Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), puede haber una conexión entre ambos puertos, ya que los de Tumaco habrían establecido una franquicia en Buenaventura. Tampoco se descarta que se esté usando la marca ‘La Gente del Orden’.

La Defensoría también hace un llamado respecto al ELN y el interés en fortalecer sus estructuras para consolidar algún tipo de presencia en la Comuna 12, en la que ha circulado propaganda y ha habido intentos de reclutamiento. En el caso de las comunas 3 y 4 la afectación humanitaria estaría relacionada con el fortalecimiento de las AGC, que extorcionan, amenazan a las comunidades y cometen homicidios y desplazamientos.

Por su parte, la administración municipal y la Fuerza Pública afirman que no hay indicios de la presencia del ELN ni de ‘La Gente del Orden’ en Buenaventura. Además, destacan que los esfuerzos de las autoridades contra las estructuras criminales han evitado la llegada del ‘Clan del Golfo’.

Sin embargo, en contraste con ambas versiones, la FIP tiene otra interpretación. De acuerdo con nuestras entrevistas, actualmente se está presentando un reacomodo o enfrentamiento entre la ‘Banda Local’ o ‘Los del Golfo’ con una facción de ‘La Empresa’ que se estaría conformando después de la salida de la cárcel de antiguos mandos de la organización, como Orlando Antonio Cuero Ramírez, alias ‘Orejas’ o ‘Mono’, quien estaría reuniendo cabecillas cercanos a él para organizar su regreso al Puerto.

Se suma, según una fuente consultada, que se ha debilitado la cadena de mando del ‘Clan del Golfo’ o ‘Banda local’, debido a la falta de pago a los cabecillas de barrio y miembros rasos. Esta situación ha generaro que las estructuras barriales ganen cierta autonomía para manejar la extorsión, ajustar cuentas e incluso el microtráfico. Una hipótesis es que los enfrentamientos pueden ser producto del intento de algunas estructuras barriales de ganar mayor control territorial en zonas estratégicas, como las comunas 3, 4, 10 y 12.

Tres elementos en común

En primer lugar, hay consenso sobre la llegada de extraños a las comunas mencionadas. Más allá del nombre u organización a las que estas personas puedan pertenecer, se teme que un nuevo grupo armado genere un recrudecimiento de la violencia o, por el contrario, se hagan acuerdos o alianzas para no llamar la atención de las autoridades locales ni nacionales, como ocurrió en 2014 y 2015. Esto tendría un efecto negativo en la población y es la imposición de normas de control social, confinamiento y la ocurrencia de violencias menos visibles, a las que se sumarían las restricciones para el acceso de organismos humanitarios.

En segundo lugar, hay una reconfiguración entre diferentes estructuras armadas con su respectivo impacto sobre la población, aspecto que está pasando desapercibido en el resto del país. Además de las fronteras invisibles y las restricciones a la movilidad, se teme que han aumentado las amenazas, la extorsión, el desplazamiento y el despojo de casas en zonas estratégicas de los barrios. También hay gran preocupación por la violencia sexual, explotación sexual, y tráfico y trata de personas de carácter nacional y transnacional.

No se puede dejar de lado las denuncias y los llamados de la población sobre el uso y reclutamiento de niños y jóvenes por parte de estos grupos (se conocen casos de niños de ocho años) para transportar armas y drogas. Los mayores de 14 años son reclutados para extorsionar, controlar el microtráfico y cometer acciones sicariales. En el caso de las niñas y mujeres jóvenes, están siendo inducidas a la prostitución y forzadas sexualmente.

Y, en tercer lugar, hay consenso sobre el aumento de las muertes violentas desde agosto. Pero más allá del registro oficial y el subregistro, como lo señala un entrevistado, “hay una forma distinta de ejercer la violencia para no llamar la atención. Aquí ya no hay ‘casas de pique’, sino ‘casas de desaparición’”.

A pesar de los aparentes consensos no es claro lo que está ocurriendo en Buenaventura. Las respuestas institucionales siguen el mismo libreto de individualización y capturas –resultados operacionales que deben reconocerse–, pero lo que está ocurriendo en el Puerto hace parte de un contexto macroregional que abarca todo el Andén Pacífico y que parece habérsele salido de las manos al gobierno.

El pacífico nariñense, Tumaco, el Sanquianga, la costa caucana (Guapi, Timbiquí y López de Micay), los escenarios de confrontación abierta en el centro y sur de Chocó, y los interrogantes que dejan los recambios en el norte del mismo departamento, son serias alertas de dinámicas territoriales que recogen los legados del conflicto armado. En este extenso territorio el posacuerdo parece ser una nueva etapa de la confrontación armada, más focalizada y criminalizada.

Queda por ver qué tan efectiva y eficiente será la recién creada Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) que, como parte del Acuerdo de Paz, deberá coordinar e impulsar las medidas preventivas y de reacción rápida ante los factores de riesgo advertidos por la Defensoría del Pueblo, de modo que las entidades y autoridades competentes adopten también con urgencia medidas para conjurar las amenazas. Esperamos que esta instancia no se quede en otro saludo a la bandera en medio de las múltiples (y quizá innecesarias) instancias para velar por las garantías de seguridad en tiempos de transición.