Esta columna de opinión se publicó el 16 de diciembre de 2017 en El Espectador

A muchos tomó por sorpresa el anuncio que hizo el Ejército sobre la creación del Comando de Apoyo de Operaciones Urbanas (CAOUR), que se activó hace poco en Bogotá y siete ciudades más. Pero lo cierto es que el Ejército siempre ha hecho presencia en las ciudades cuando las circunstancias lo han requerido bajo la figura de asistencia militar.

Hay una tendencia en otros países de la región a que sus ejércitos desarrollen nuevos roles. En México, Ecuador, Brasil, Guatemala y el Salvador, los militares cumplen tareas de seguridad interna. Al igual que en Colombia, participan en operaciones de apoyo a la Policía en zonas urbanas protegiendo la infraestructura y luchando contra el narcotráfico, el contrabando, la extorsión y cualquier otro tipo de tráfico ya sea de personas, armas y recursos naturales. En otras palabras, apoyan a la autoridad civil, aunque a veces falte claridad frente a sus roles. También enfrentan fenómenos delictivos complejos en operaciones urbanas y rurales.

Lo realmente novedoso del CAOUR es que articula unidades creadas de tiempo atrás para combatir fenómenos específicos como el secuestro y el crimen organizado en las ciudades. Ejemplo de ello son los grupos Gaula del Ejército, las unidades de Policía Militar y los Batallones de Fuerzas Especiales Urbanas BAFUR, antiguas Agrupaciones de Fuerzas Especiales Urbanas.

Es una buena noticia unificar a estas unidades que estaban dispersas en un comando de apoyo bajo un liderazgo único. Esto permite planear, coordinar y direccionar la doctrina, la capacitación, el entrenamiento, la logística y la administración de la especialidad de apoyo al combate urbano que ya tenía el Ejército. Se trata de una oportunidad para que estas capacidades instaladas en el sector defensa se redistribuyan asignándose a donde más se necesiten.

No son pocas las ciudades y municipios rurales donde el crimen organizado y las economías criminales han regulado las relaciones sociales y las actividades económicas. Esto justifica que las autoridades retomen el control como ya ha ocurrido con la intervención de zonas como El Cartucho y el Bronx en Bogotá y otros espacios críticos en ciudades capitales en las que ha participado el Ejército. Lo que no debe pasar es que estas intervenciones con apoyo militar se vuelvan permanentes, mucho menos cuando no existen marcos legales ni doctrinales que establezcan con claridad los roles y limites en este tipo de actuaciones.

La clave está en que los mandatarios locales y la fuerza pública actúen en el marco de los derechos humanos, con una visión de seguridad ciudadana y de coordinación y articulación interinstitucional, para que no haya traslapes ni confusiones. La Fundación Ideas para la Paz ha insistido en la necesidad de aplicar una metodología de trabajo que defina reglas del juego claras para cuando militares y policías trabajen juntos en espacios urbanos.

La nueva doctrina que acompaña el proceso de transformación que está desarrollando el Ejército, deja claro que el rol de los militares en espacios urbanos se desarrolla bajo el concepto de Apoyo de Defensa a la Autoridad Civil. Esto significa que el liderazgo sigue estando en manos de la autoridad civil y que el Ejército solo complementa la acción de las autoridades locales.

Los militares no se van a convertir en policías, ni los van a reemplazar. Es cuestión de reconocer que hay capacidades complementarias entre las dos fuerzas y transferibles a situaciones de seguridad ciudadana urbana que pueden incrementar su efectividad y contribuir con acciones de control en situaciones de alto riesgo.

Sin duda, ahora que el país recorre el camino de la transición, la experiencia organizativa y logística del Ejército es una fortaleza que se debe aprovechar para establecer equipos que contribuyan a mejorar la comunicación y el trabajo entre militares y policías y entre la fuerza pública y otras agencias del Estado. El rol del Ejército, lejos de debilitar a la institución castrense, la consolida. La Fuerza terrestre continuaría con sus responsabilidades frente al narcotráfico, la protección de infraestructura y la lucha contra el crimen organizado en áreas rurales, urbanas y de frontera, sin descuidar su principal tarea de velar por la defensa nacional.

Está claro que el Estado debe seguir actuando con fuerza pública tanto en espacios urbanos como rurales, sin debilitar la naturaleza de sus instituciones de seguridad y defensa. Se trata, más bien, de identificar con claridad las capacidades que tienen militares y policías para construir estrategias que las articulen. Este camino podría arrojar resultados más contundentes para enfrentar los grandes desafíos de seguridad que ya deja ver con preocupación el posacuerdo.

* Esté análisis hace parte del proyecto "El rol del ejército en la estabilización y él Posconflicto" que desarrolla la FIP con el apoyo de Open Society Foundation.