Esta columna de opinión se publicó el 9 de octubre de 2017 en Semana.com

Las imágenes sobre la masacre de Tumaco parecen tomas de archivo, crónicas del pasado que traen a la memoria esa guerra que se ha venido menguando en la mayor parte del país. Frente al dolor de la sangre derramada de estos colombianos humildes y en medio de la confusión que todavía prevalece en el Alto Mira, es el momento de hacer una pausa, una reflexión profunda sobre la erradicación manual, un alto al fuego en Tumaco y en otras regiones que por cuenta de la erradicación forzosa están convertidas en un polvorín.

La situación de Tumaco tiene tanto de extensa como de compleja. Se agrava cuando las FARC, a mediados de los noventa, iniciaron a desplazar las comunidades afros y a asesinar a sus líderes, para poblar con colonos cocaleros los corredores de movilidad de la coca y las armas. Una vez tenían el control territorial de esta zona les cayó como anillo al dedo la declaración de la franja de exclusión fronteriza de la aspersión aérea. Con esta salvaguarda, la coca se enquistó sin pausa en la región del Alto Mira.

Es paradójico que desde el año 2012 al 2016, los cultivos de coca se incrementaran de menos de 6.000 a más de 23.000 hectáreas, pero al mismo tiempo los homicidios cayeran a la mitad; mucha más coca pero muchos menos muertos.

No se puede negar que varias cosas han estado mal con la estrategia antinarcóticos pero también es cierto que otras tantas han mejorado en la seguridad del puerto nariñense. El desafío central tras la firma del acuerdo del Teatro Colón era precisamente corregir lo que estaba saliendo mal y fortalecer lo que se estaba haciendo bien, pero el caso de Tumaco ahora nos muestra que ocurre lo contrario: se debilita lo que estaba bien y se agudiza lo que venía mal.

Ocurre lo contrario por la obsesión de cumplir una meta de 50.000 hectáreas erradicadas manualmente, meta que a todas luces es inútil y luctuosa. Inútil porque siempre la resiembra que hacen los cientos de miles de campesinos que cultivan coca vence la capacidad de arrancar matas que tiene medio centenar de grupos de erradicación manual forzosa. De las 36.000 que ya han sido erradicadas no debe haber duda que al menos cuatro de cada cinco estarán resembradas a final de año. Ya deberíamos tener claro que erradicación sin desarrollo es solo podar el problema.

Luctuosa porque las muertes de la semana pasada nos muestran una vez más que no hemos aprendido la lección de una política errada y costosa, que desde cuando la intensificó Álvaro Uribe (a cargo de Luis Alfonso Hoyos) ha dejado más de 240 víctimas mortales y cerca de mil heridos y amputados. Son aterradoras las similitudes de la estrategia que hoy se sigue en Tumaco con el fracasado intento de la operación Colombia Verde para erradicar manualmente las 5.000 hectáreas de coca que había en La Macarena en 2006. Ambas catástrofes humanitarias fueron advertidas.

Ocurre y seguirá ocurriendo lo contrario a lo previsto en los acuerdos de paz, mientras se le siga ordenando a la Fuerza Pública cumplir unas metas de erradicación que los alejan de su deber constitucional principal y en cambio los enfrentan a las comunidades, que con razón o sin ella se aferran a la coca como sustento. Cada soldado, cada infante y cada policía ocupado (y expuesto) en la erradicación, es un hombre menos que no está combatiendo la verdadera industria de la cocaína, los cristalizaderos, los insumos, las lanchas rápidas y los grandes capitales de las redes criminales que son las que perpetúan el cultivo. Si el 90% de la Policía Antinarcóticos estuviera dedicado a combatir la mafia y los eslabones superiores de la cadena y no a erradicar matas como hoy ocurre, nuestra realidad rural sería diferente.

Las FARC contuvieron durante años la erradicación manual con francotiradores y campos minados, los paramilitares la enfrentaron con más corrupción que plomo, ahora las disidencias de las FARC, el ELN y los otros grupos de narcos la contienen sacando a la población a bloquear las operaciones. Bloqueos que han crecido en intensidad con secuestros, hostigamientos, robo de armamento y ahora con enfrentamientos que aumentan en la medida que los campesinos reciben presiones más fuertes contra su vida para salir a frenar la erradicación y nuestros uniformados ordenes más perentorias para proceder. Insistir en cumplir la meta de erradicación en zonas tan complejas como Tumaco, Guaviare o el Catatumbo es solo intensificar el espiral de violencia.

Por esto llama la atención el primer y cuarto punto del comunicado de la Defensoría del Pueblo sobre sus pesquisas iniciales tras la masacre de Tumaco, al decir que “los campesinos y campesinas coincidieron en afirmar que acudieron a la movilización de manera voluntaria, llevados por el inconformismo”, y que estos “señalaron que en el momento de los hechos no hubo intervención de grupos armados ilegales (disidencias de las FARC)”. Versión institucional que evade la evidencia sobre la presión armada que recibieron los pobladores para bloquear a los grupos de erradicación en los días previos a la tragedia. ¿La Defensoría no cree (o al menos no considera equilibrado mencionar) en las versiones más amplias de los hechos que han dado el gobernador de Nariño, el líder afro del Alto Mira o las versiones periodísticas basadas en fuentes locales, que contradicen lo expuesto en el comunicado?

Por lo pronto, la atención nacional se enfocará en las investigaciones que determinen la responsabilidad táctica de la Fuerza Pública frente a lo ocurrido en Tumaco el jueves 5 de octubre a las 2 de la tarde. El mayor error sería no revisar la estrategia que condujo a este suceso, no cuestionarse sobre la coherencia en la misión que se le otorga a las Fuerzas Militares y de Policía, no examinar con sentido crítico los recursos con los que cuentan y las metas exigidas, no reconsiderar el perfil de los policías que se asignan a esta labor de erradicación (por lo general los más jóvenes y menos entrenados), no cuestionar la soledad institucional con la que operan las fuerzas en estos territorios, porque hasta ahora los programas de sustitución de cultivos son un remedo. Pero sobre todo sería un error histórico insistir en sacrificar más vidas en nuestros campos a cambio de erradicar unas matas que más temprano que tarde serán resembradas y el narcotráfico seguirá intacto.

Necesitamos con urgencia un alto al fuego, una pausa en la carrera contra la coca y una revisión más realista y menos política, más humanista y menos impulsiva de las metas antinarcóticos. Para de una vez por todas, como lo ha dicho el Presidente Santos, bajarnos de la bicicleta estática de la guerra contra las drogas.