De acuerdo con el Banco Mundial, una alianza público-privada (APP) es un acuerdo ‘de objetivos compartidos’ entre el sector público y una empresa o un grupo de empresas para suministrar, complementar o suplir servicios o bienes que el Estado usualmente presta o provee. Las APP pueden establecerse en una variedad de ámbitos, tales como vías e infraestructura, suministro de energías, gestión de residuos, conectividad digital, salud o educación. En Colombia, las APP son reguladas por la ley 1508 (2012), la cual establece que estas alianzas constituyen un mecanismo de vinculación de capital privado para la construcción de infraestructura pública y sus servicios asociados.

Sea quien sea la parte iniciadora de la alianza –los socios privados o las entidades públicas, dependiendo de las necesidades del contexto–, las APP parten de la obtención de mutuos beneficios para las partes asociadas. Asimismo, buscan satisfacer un interés público y promover un propósito social. En este tipo de alianzas, las responsabilidades, obligaciones y riesgos son distribuidos entre los actores públicos y privados de manera más balanceada y de acuerdo a las fortalezas complementarias de los socios.

Por su capacidad de aportar a la transformación de condiciones socioeconómicas que han alimentado el conflicto armado y al aumento de la competitividad local y regional de zonas afectadas y marginadas por la violencia, estas son alianzas importantes para el posconflicto. Sin embargo, las APP no pueden tener como objetivo o resultado cubrir necesidades básicas que son responsabilidad del Estado, en la medida que las empresas pueden terminar por reemplazar al Estado y debilitar la institucionalidad local. Este riesgo es mayor en contextos de conflicto armado o de alta conflictividad social y gobernabilidad pública deficiente.

"Una alianza público-privada (APP) es un acuerdo ‘de objetivos compartidos’ entre el sector público y una empresa"

Por las razones anteriores, las APP, desde la fase de su planeación, deben partir de una buena definición de roles y responsabilidades entre las partes, una identificación clara de su alcance y objetivos, y un análisis sólido de riesgos e impactos. Este análisis debe tener en cuenta los posibles impactos no previstos, como puede ser, por ejemplo, el fomento de conflictividades en la zona de intervención, y contemplar medidas de contingencia en caso de que se den estos impactos adversos.

Desarrolladas y gestionadas bajo estos parámetros, las alianzas público-privadas –particularmente aquellas que involucran a las administraciones locales–, pueden potenciarse como plataformas potentes que aportan a suplir las brechas en desarrollo, infraestructuras, servicios públicos y competitividad de los mercados regionales en territorios afectados por el conflicto.