Esta columna se publicó el 14 de agosto de 2017 en La Silla Vacía

La mayoría de las veces, los planes de desarrollo municipal son meros requisitos y formalidades, productos de un contrato opaco en el que el mayor esfuerzo del contratista pareciera haberle hecho “copy–paste” al nombre de un municipio cualquiera y luego pulsar “siguiente”.

Si acaso, los planes son relevantes en su sección de presupuesto. Pero no porque ella contenga el detalle de los programas que le cambiarán la vida a la gente, sino porque es el único acápite en el que se toman decisiones de verdad. En el que se reparten los recursos, que son de por sí escasos. La partida para la placa huella, para el parque, para diez casitas y una línea de acueducto. Para contratar la retro y para lo del ICBF. Y pare de contar.

Esa es la cruda realidad. La mayoría de los municipios de Colombia es simplemente inviable, al menos financieramente. Condenados a las transferencias de la nación y a unos pírricos prediales e ICA, debido en buena medida a los catastros desactualizados, a la escasísima densidad empresarial, a los núcleos urbanos dispersos y al 60% de informalidad en la tenencia de la tierra.

El presupuesto municipal ni siquiera alcanza para pagar una burocracia mínima, que haga propuestas y gestione recursos, y los alcaldes y alcaldesas revolotean en las capitales departamentales buscando plata como si fueran directores de una ONG barrial. Y se alegran cuando una entidad nacional los prioriza para cualquier inversión. Y saben que el día en que salgan de esa priorización vendrán otros cien años de olvido.

Y si así pasa con el plan de desarrollo municipal, que es la espina dorsal del funcionamiento del Estado a nivel local, ¿qué se podrá decir de los planes de agua y medio ambiente, o de los planes de acción territorial para la defensa de los DDHH, o de los planes de desarrollo rural, o de los de convivencia y seguridad ciudadana? Cada cual más inoperante que el anterior. Pero todos con su contratista, con su agencia de desarrollo detrás y su espacio de participación.

Así, los alcaldes y alcaldesas hacen la parodia tristemente obligatoria de que gobernar es ir a reuniones, cuando ellos saben que la gente pasa hambre, que no hay vías, que la escuela no funciona y que al pueblo nunca llega un médico decente. Instalan e instalan mesas de trabajo y se reúnen con amigos de la cooperación internacional, mientras nadie se compromete de verdad a pavimentarles una vía que es un delirio y es un riesgo, o a comprarles ese cacao que vale el doble porque hay que sacarlo en carros milagrosos que se escapan de los abismos.

Pero ese pueblo que no le interesa a nadie queda en el ojo del huracán cuando en él descubren un yacimiento importante, o cuando los ingenieros determinan que ese recodo del río, que toda la vida ha estado allí para el disfrute de los niños, es el lugar perfecto para el viaducto imponente o la sala de máquinas.

Y ahí sí importa que el Esquema Básico de Ordenamiento Territorial esté desactualizado. ¡Qué barbaridad, qué atraso! Y se hacen inversiones millonarias para determinar la riqueza de los suelos o el curso que deben seguir las obras. Y llegan los contratistas de verdad y sus camionetas, y los logos y el interés por esa tierra, y los trabajadores sociales y el Estado departamental, y el Estado nacional y sus funcionarios que se vuelven expertos en la biodiversidad y la historia de la esquina más abandonada del planeta.

Detrás de ellos los ambientalistas y las organizaciones de izquierda, prestos a aleccionar a los lugareños sobre los riesgos del capitalismo salvaje, las trasnacionales y la soberanía para el cuidado del agua. También llegan a alfabetizar y a traer programas de fortalecimiento del capital social y a hablar de los derechos de las mujeres y los jóvenes, y sus entornos de protección. Se hacen marcos lógicos y programas y proyectos, cada uno dirigido a un problema más profundo en la cultura y la educación.

Y cuando la gente repite que hay una vía que necesitan, la empresa dice que lo siente mucho, pero que no es el Estado, y la cooperación repite que lo siente mucho, pero que no es el Estado, y el Estado dice que no hay plata para eso. Pero sí para hacer el plan de manejo ambiental o la casa de la cultura. Y cuando la gente habla de la compra de las cosechas, la respuesta es que el Ministerio de Agricultura no se ha sumado a la mesa de donantes, porque el municipio priorizado por el programa que sí tiene plata es justo el de al lado.

Concertar el desarrollo es materia fácil, cuando hay reglas sencillas y dinero para ejecutar proyectos de verdad. Y lo que sucede en muchos de estos parajes de la Colombia de la paz no es un problema de comprensión o de visión de largo plazo, sino la rabia que se deriva de un agudo sentimiento de injusticia.

La gente sabe que una empresa sólida es una oportunidad de oro para el progreso y el ingreso, y que siempre es mejor tener un actor regulado que una banda de forajidos imponiendo las normas a sangre y fuego. Pero, para concertar las decisiones de ese desarrollo nuevo, es necesario primero reconocer el gran dolor que implica que la vida y la dignidad propia le valgan al Estado sólo por efectos del interés de un tercero. Doloroso pero cierto.