Si bien la seguridad y la convivencia son resultado de la suma de acciones de diversos actores públicos y privados, también tienen que ver con una serie de fenómenos de calle que se manifiestan, por ejemplo, en divisiones territoriales que controlan diversos grupos informales los cuales, muchas veces, preferimos ignorar.

Estamos acostumbrados a darle mucha más importancia a los diagnósticos y estrategias para combatir el crimen organizado, en especial el vinculado con las drogas, mientras se dejan de lado actividades informales e incluso ilegales con ropaje de seguridad, que a diario deterioran la tranquilidad y seguridad ciudadana.

Por eso no resulta sorprendente preguntarse quién cuida las ciudades y si esa mezcla de actores que están presentes en el espacio público ofreciendo vigilancia, realmente contribuyen a la seguridad o profundizan las condiciones de zozobra e intranquilidad.

Por un lado está la institucionalidad con personal uniformado de la Policía Nacional, responsable de garantizar la seguridad y la convivencia. En ellos se concentra de manera legítima el uso de la fuerza. También está la seguridad privada, que aunque protege intereses individuales, desarrolla mecanismos de comunicación y colaboración con la Policía que buscan mejorar la seguridad. Esta industria se encuentra vigilada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y aunque no hay datos que demuestren su impacto en las reducciones delictivas, se puede afirmar que contribuye a mejorar la percepción de seguridad y en muchos casos genera efectos disuasivos ya que obstaculiza la delincuencia e incrementa el costo de la actividad ilegal.

Pero también existen numerosas personas que bajo la informalidad prestan servicios de seguridad. La lista incluye desde vigilantes con uniformes que motu propio protegen a residentes y viviendas a cambio de cobros por familia, hasta personas que estacionan y cuidan vehículos, vigilan parques, cuidan motos, cargan maletas, entre muchas otras ofertas que a diario aceptamos y pagamos.

Estas actividades, si bien parecen contribuir con la seguridad de los ciudadanos, también generan riesgos que deben tenerse en cuenta dada la vulnerabilidad de quienes las realizan. No se sabe cuántas personas desarrollan estas actividades, si están armadas y qué tipo de armas portan, si tienen antecedentes penales o si en el ejercicio de estos trabajos ponen en riesgo la vida o la integridad propia o de terceros.

En muchos casos, la ciudadanía no puede distinguir entre quiénes son vigilantes de empresas autorizadas y quiénes son informales. Estas modalidades de prestación de servicios de seguridad pueden servir de fachada, de manera bastante eficiente, a quienes participan en redes de criminalidad para el hurto a residencias, vehículos, personas, microtráfico y otros delitos.

La consecuencia práctica de esta situación es que actores informales terminan ejerciendo un poder de facto en las calles, que lleva a que el ciudadano pague por un servicio no solicitado, o que corra el riesgo de ser víctima de lo que pretendía evitar. A diferencia del servicio policial e incluso del servicio privado legal, estas ofertas de seguridad pueden, incluso, incrementar los delitos en una determinada zona.

Es imposible que la Policía vigile de manera presencial cada cuadra de cada ciudad. Así se redujeran los perímetros de los cuadrantes de vigilancia y se aumentara el pie de fuerza, no es viable estar en todas partes el mismo tiempo. Por eso, hoy la tecnología es clave.

La discusión es si vamos a continuar tolerando y alentando las redes informales que venden una falsa seguridad o es necesario que las autoridades afronten este fenómeno de manera que se comprendan mejor las dinámicas que se dan alrededor de estas actividades, quién las controla, dónde tienen más presencia y si hay alternativas de regulación, entre otros aspectos. Ignorar que hay riesgos mayores detrás de una aparente vigilancia informal en las calles, puede agrandar un problema que después resulte inmanejable.