Esta columna de opinión se publicó el 18 de julio de 2017 en Las 2 Orillas

Los campesinos vinculados al cultivo de coca en Colombia tienen una visión pragmática del asunto. Para ellos, el problema central no es el total de hectáreas cultivadas, ni el comportamiento de los precios internacionales de la cocaína y su comparación con los del gramo de oro.

Ni siquiera reparan con detalle en las discusiones entre políticos, ni en los argumentos éticos que se exponen con frecuencia cuando se habla de la necesidad de abandonar esta actividad económica por el daño intrínseco que genera.

Desde su punto de vista, el asunto es muy sencillo. Viven en lugares remotos, lejos de la mirada del Estado y con pocas posibilidades de desarrollar una verdadera actividad agrícola o pecuaria. Una que permita algo más que la subsistencia precaria.

Y en ese panorama, toman lo que tienen a la mano. Un cultivo resistente al que se le puede aplicar todo tipo de plaguicidas, que da tres cosechas al año, que se puede aprender a procesar y que genera un ingreso mínimo a las familias. Que tiene compradores que pagan en efectivo y que exige muy poca formalidad.

Esta poderosa racionalidad enmarca el desafío de la sustitución. Y complica en grado sumo el logro de los propósitos que con esfuerzo realizan en este momento las autoridades nacionales al impulsar el cumplimiento de los acuerdos con las FARC.

La lógica con la que se ha hecho el programa de sustitución es impecable. Implica construcción participativa de acuerdos con familias, firma de pactos de sustitución, entrega de un subsidio mínimo durante un año y otro tanto dedicado a proyectos productivos de mediano y largo plazo, con asistencia técnica incluida. Y plazo de sesenta días para arrancar las matas.

Todo ello beneficiando no solo a quienes se han dedicado a la coca, sino también a los campesinos pobres de las regiones cocaleras, que se han mantenido apegados a los productos tradicionales.

Pese a ello, el programa tropieza con posiciones recalcitrantes, algunas aupadas por terceros, que vuelven una y otra vez a la visión pragmática del problema.

Que no se puede sustituir porque no se le ha pagado al 100 % de las familias. Que no se puede sustituir porque en los ejercicios participativos no asistieron los voceros adecuados. Que no se puede sustituir porque las vías están muy malas y porque la asistencia técnica no ha llegado. Que no se puede sustituir porque está pendiente el dilema de los raspachines y de las madres cabeza de familia que no quedaron registradas. Que no se puede sustituir porque el problema de fondo es el abandono del Estado.

Pese a que estos reclamos puedan ser ciertos, la insistencia en los mismos como justificación para no cambiar de actividad es una muestra de que no hemos tomado aún la decisión colectiva de construir la paz.

Porque la paz no es hija del sobrediagnóstico de los problemas, sino de la decisión audaz de hacer las cosas de modo diferente. La paz no se trata de esperar a que se den las condiciones perfectas y necesarias para comenzar una transformación, sino de tomar el riesgo de construir esas condiciones en la mitad de un camino plagado de inconvenientes.

La paz es un acto de imaginación y lucha, de crítica y esperanza, de confianza en aquel que se consideraba contrario, de actuar con la convicción de que las cosas pueden ser distintas. La paz nunca es el resultado de señalar los tropiezos de la contraparte y de reclamarlos como victorias que sirvan de autojustificación.

Y de eso se trata la sustitución. Si lo que vamos a hacer es esperar a que lleguen las vías y la electricidad, que mejore la salud, que los procesos participativos sean perfectos, que no haya tropiezos en la implementación, nunca lograremos transitar la ruta que va de los cultivos de uso ilícito hacia una economía campesina y familiar con potencialidad de generar bienestar y crecimiento a nivel local.

El desafío de hoy consiste en creer que este proceso de paz es una oportunidad para confiar en un Estado que está en construcción, pero que ha tomado la decisión de acompañar a las familias vinculadas al cultivo de la hoja de coca.

Difícil pensar que en el inmediato futuro, y con el ambiente político tan caldeado, se repetirá un Gobierno nacional tan dispuesto a no asperjar cultivos y a no hacer de la seguridad la respuesta privilegiada.

Esta decisión debe ser tomada por los campesinos cultivadores y no depende de quienes han pretendido ser sus patrones o sus intérpretes. Necesitamos reconocer que en el Acuerdo de Paz y en la política de sustitución está explícita la invitación a hacer un cambio de vida. Y que un proceso de esa naturaleza para nadie es fácil.

Hace algunos días, en una reunión con cultivadores en el norte de Antioquia, un campesino afirmó “En realidad, las FARC nunca quisieron que sembráramos esta coca. Ellos se opusieron pero nosotros pensábamos que era nuestra única oportunidad. Nosotros fuimos tercos y ellos al final aceptaron. Y mire hoy el problema en el que estamos”.

Llegó la hora de una nueva terquedad. Es preciso sustituir con decisión y hacerlo desde ya.