Columna de opinión publicada el 20 de junio de 2017 en Las 2 Orillas

Haciendo uso de un recurso inesperado, el Gobierno, mediante la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, pide anular el fallo de la Corte Constitucional que limitó los alcances del fast track y, con ello, desnuda la angustia que le causó la decisión del alto tribunal. Con el propósito de defender el acuerdo de paz, una vez más se acude a la estrategia de la discusión jurídica sin aceptar que el verdadero asunto a tratar es un rotundo déficit de legitimidad.

Los argumentos expuestos en la solicitud abordan el asunto desde distintos ángulos. Se alega que el magistrado Bernal, que estaba recién posesionado, no había tenido tiempo para estudiar a profundidad el tema y que se encontraba en posible situación de impedimento. La premura de su posesión y su participación en el debate, con voto incluido, le dan al Gobierno la idea de que se faltó al debido proceso y que no se contó con verdaderas mayorías a la hora de la decisión.

También se aduce que la Corte rompió con precedentes sobre la materia, porque en las ocasiones previas en las que se ha aceptado la votación en bloque y se ha acogido una iniciativa exclusiva del Gobierno, nunca se había considerado que se estaba obrando en contra de la Constitución.

En tercer lugar, se reconoce que el embrollo derivado del polémico fallo consiste en validar la posibilidad de que el Congreso incluya modificaciones sustanciales a lo pactado. Efectivamente, al permitir la votación artículo por artículo y el debate a proposiciones sin el aval del Gobierno, los congresistas parecieran tomar el control de los aspectos centrales de la implementación. Como si se hubiera abierto el tercer tiempo de la negociación de paz, esta vez sin la presencia de las partes.

Finalmente, y ello no se ha aceptado públicamente, resulta evidente que al Gobierno le aterran los plazos del proceso y que esos tiempos, por cuenta del nuevo mecanismo de debate, pueden generar situaciones altamente inconvenientes.

El fast track perdió parte de su “fast” y se enreda cada día que pasa la puesta en marcha de mecanismos complejos y detallados, como la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad. Hoy resulta lógico preguntar: ¿y qué pasará en 2018 si el Congreso arranca apenas a aprobar las leyes de procedimiento de la JEP con miembros del partido político de las FARC elegidos popularmente?

El Gobierno defendió que el Congreso era el representante legítimo del pueblo para refrendar el Acuerdo, y ahora que no es válido para deliberar temas centrales de la implementación

En los argumentos del Gobierno y en las réplicas que se han hecho hay razones justas y explicaciones sensatas. Sin embargo, abordar este asunto sólo desde la perspectiva jurídica refleja la enorme incapacidad que ha tenido el Gobierno para reconocer que el problema del proceso de paz es un problema de legitimidad, y que subsanarlo requiere estrategias totalmente diferentes.

A la opinión pública y a muchos analistas nos cuesta creer, por ejemplo, que el Gobierno haya defendido con vehemencia que el Congreso era un representante legítimo del pueblo colombiano para refrendar el acuerdo de paz, y que ahora nos diga con la misma fuerza que ese mismo Congreso ya no es una instancia válida para la deliberación de los temas centrales del acuerdo.

La tensión interna de este asunto quedó plenamente demostrada cuando en los últimos debates sobre la JEP, el senador Carlos Fernando Galán propuso que los guerrilleros que no cumplieran con sus obligaciones en la JEP perdieran sus derechos políticos. La idea, que subsanaba en parte las insatisfacciones que ha generado el acuerdo, fue rechazada con la idea de que desbordaba lo pactado por las FARC. Y con ello se cerró una interesante ruta alternativa.

Parecemos haber olvidado que en los arreglos de justicia transicional requerimos un delicado balance entre la seguridad jurídica y el respaldo ciudadano. Sólo una receta que mezcle ambos ingredientes en una justa proporción podrá garantizar que el acuerdo se cumpla independientemente del Gobierno de turno y se cree un ambiente de estabilidad para quienes se acogieron a él.

Además, es esta combinación el incentivo para que otros grupos en armas comprendan que el único camino que les queda, si no desean la exacerbación de la guerra, es el diálogo serio orientado a la paz. Se trata de mostrar que el Gobierno sí puede cumplir y que lo hace con el mandato de una ciudadanía que rechaza sin objeciones la violencia.

Los caminos de la legitimación son sinuosos e impredecibles. Principalmente porque ésta se relaciona con las percepciones y con la cultura. Sin embargo, nosotros mismos ya hemos probado que lo simbólico genera cambios reales y que a veces es más útil un acuerdo imperfecto que la imposición de una idea perfecta.

Le corresponde al Gobierno y a los candidatos asumir el desafío de legitimar los acuerdos de paz si queremos que esta página que ya escribimos no sea la de otro fracaso más. Vamos a requerir mucha creatividad para ello.