Esta columna de opinión se publicó en El Espectador (Colombia 2020) el 01 de junio de 2017

La noche del pasado jueves 25 de mayo fueron asesinadas cinco personas en Tumaco. Una de ellas fue Víctor Castillo, mediador que trabajaba para que el gobierno nacional, a través de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), atendiera a 128 milicianos que entregaron sus armas y para que otros jóvenes, que aún trabajan para traquetos y narcotraficantes de la zona, se vinculen al mismo proceso.

Este no fue un hecho aislado y se inscribe en una coyuntura que se ha venido desarrollando con el desmonte parcial de las FARC en esta región del pacífico colombiano. Desmonte que ha dejado al descubierto un gran desafío para la estabilidad de la implementación del proceso de paz y, en especial, para la seguridad ciudadana en el casco urbano de Tumaco y sus corregimientos aledaños: se trata de la continuidad de las milicias de las FARC, convertidas en disidencias, al amparo de redes nacionales e internacionales del narcotráfico.

Las trayectorias que siguen los grupos en contextos de transición es crítica. Como lo han advertido autoras como Venda Felbab-Brown, estos contextos también pueden aprovecharse para mitigar los riesgos y cerrar ventanas de oportunidades criminales. Sin embargo, en el caso de Colombia, el reto no es menor, pues cabe recordar que las FARC suman aproximadamente 13.800 integrantes, de los cuales, un poco más de 7.000 son milicianos.

En sentido estricto, las milicias de las FARC hicieron parte de la estrategia de urbanización de la guerra desde principios de los años 80 y su vinculación pasa por un proceso muy riguroso de formación de cuadros, bajo unos parámetros de cohesión, disciplina y clandestinidad bastante estrictos. Si bien se ha acordado que sus armas también serán entregadas, más las de todos los guerrilleros que están actualmente en las zonas veredales y puntos transitorios, el caso de Tumaco pone en entredicho estas aspiraciones.

Las milicias en Tumaco tienen características muy diferentes a las de otras regiones del país y han seguido al menos dos trayectorias. La primera, más apegada a la que me referí arriba, data de aquellas que se formaron entre los años 90 y principios de este siglo y que sufrieron el embate de las Auc hacia 1998. La segunda consiste en la cooptación que hizo las FARC de estructuras urbanas y rurales de integrantes o remanentes de Los Rastrojos, luego de que los derrotara en 2012, lo que marcó un punto de inflexión en las dinámicas de violencia del municipio. Me cuenta un habitante de Tumaco: “Las FARC les dijeron a estos muchachos, en su mayoría jóvenes: o se unen o los matamos”.

Las disidencias en Tumaco, antes bajo la sombrilla de las FARC, quedaron divididas entre los que iniciaron su proceso con la ACR, luego de ser “rechazados” por los integrantes de las FARC y los que continuaron su trasegar criminal

Pues bien, el escenario de hoy, sumado a todos los problemas de vieja data de Tumaco, no es muy halagador. Estas disidencias, antes bajo la sombrilla de las FARC, quedaron divididas entre los que iniciaron su proceso con la ACR, luego de ser “rechazados” por los integrantes de las FARC –como lo reporta el portal VerdadAbierta.com– y los que continuaron su trasegar criminal. Los segundos, junto con la amenaza latente de las estructuras de subcontratación del Clan del Golfo, no sólo estarían detrás del asesinato de Víctor Castillo, sino que provocando miedo y zozobra en algunos barrios de las comunas 4 y 5 de Tumaco.

Líderes comunales y población en general, incluidos familiares de los milicianos, han alzado su voz al respecto y saben muy bien que un chaleco antibalas y una oferta para irse a vivir a otra ciudad no solucionan el problema. Al contrario, genera nuevos problemas y vulnerabilidades, por ejemplo, en espacios urbanos a los que ninguna autoridad estatal entra.

Los anuncios del vicepresidente Óscar Naranjo, al día siguiente del asesinato de Víctor, tienen inmensos retos y no mostrarán resultados en el corto plazo: articular la oferta institucional existente con una nueva al servicio de la seguridad ciudadana, la investigación criminal en contexto y la inclusión social, con el fin de desarticular estructuras criminales, detener la reproducción de carreras criminales y transformar las vulnerabilidades territoriales del puerto.

Quedan, no obstante, preguntas en el aire que sí requieren respuestas inmediatas:

¿Será la Unidad Técnica para la Reincorporación de las FARC, adscrita a la dirección general de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN, antes ACR), una oportunidad para revisar el estatus y las condiciones de estos milicianos para que sean absorbidos en un mismo proceso?

¿Existe la posibilidad de abrir puentes de diálogo entre los guerrilleros de las FARC, ubicados en la zona veredal, con los milicianos que quedaron sueltos?

¿Se podría pensar en la adaptación de un punto transitorio para esta población con el objetivo de salvaguardar su seguridad y la de sus familias?

¿Qué estrategias de control urbano y rural se implementaría para que estos espacios no sean fácilmente cooptados por organizaciones delincuencias y criminales y la población quede al vaivén de nuevos ciclos de violencias?

Tumaco, sin duda, puede convertirse en un laboratorio para ingeniar soluciones a dificultades que surgen durante el desarrollo de estos procesos. Eso sí, sin negar la realidad como lo hizo el presidente Santos en su última alocución: “Seis meses de tranquilidad. Seis meses donde el miedo ya no está presente. Ahora es la esperanza la que recorre los campos de Colombia”.

Esperanza, en efecto, sobra en Tumaco… al igual que el miedo.