Esta medida hace parte de la "cruzada" emprendida por la ex secretaria de Gobierno, ex presidenta del Polo y actual Alcaldesa designada para mostrar, a última hora, que Bogotá puede ser administrada con probidad. Pero la medida presenta dificultades, que no se han puesto en conocimiento de la ciudadanía, probablemente para no decepcionar a aquellos que por lo general no salen por la noche y la consideran acertada.

La restricción busca atacar un supuesto facilitador de la actividad criminal. El problema es que la presunta relación entre tiendas y consumo en el espacio público, en horas de la noche y de la madrugada, no parece tener relevancia estadística con respecto a fenómenos que son netamente diurnos, como las riñas y el deambular embriagado. Adicionalmente, es extraño que, después de señalarnos, insistentemente, que las estructuras criminales que operan en la ciudad son las responsables de la inseguridad, nos proponga una medida "suave" para salir del mal paso.

Segundo, el manejo de las cifras oficiales es desastroso. La pobreza de las sumas y restas, entre un período y otro, no son suficientes para afirmar la efectividad de la medida. En esa pirueta matemática se desconoce el impacto de otras intervenciones que se desarrollan en la ciudad, como es la vigilancia comunitaria por cuadrantes. Un análisis estadístico que evalúa la misma restricción, implementada en el primer semestre del 2009, no encontró impactos sobre las conductas violentas. Bien porque las conductas ya traían una tendencia a la reducción o porque la medida parecía aumentar los comportamientos violentos.

Tercero, esta medida, por su naturaleza, implica desplazamientos de la actividad delictiva. Uno de los pocos trabajos realizados en esta dirección, que analizó la restricción de la 'hora zanahoria' entre 1997 y 1998, encontró que, si bien se desestimulaba el consumo del alcohol en los jóvenes, se aumentaba el consumo de drogas. Por ende, si lo que la Administración quiere proteger es a los jóvenes, el efecto posiblemente sea el contrario.

Finalmente, parece que la medida lo que busca es proteger el espacio público, trasladando la responsabilidad de protegerlo a un grupo selecto de tenderos, billaristas y jugadores de tejo. El problema es que la Administración parece desconocer la existencia de un amplio cuerpo normativo, que no solo prohíbe radicalmente el consumo de alcohol en el espacio público, sino que también regula el uso del suelo. Un análisis geográfico, a partir de un muestreo de bares y discotecas, revela que el 26 por ciento de los mismos incumple con los aspectos de las normas de uso del suelo, pues se encuentran en las inmediaciones de las instituciones educativas.

¿Qué tendría que hacer la Administración? Desarrollar políticas e intervenciones fundamentadas en la experiencia y el conocimiento que existe de sobra en la ciudad. La restricción no es una medida eficiente ni contra las condiciones de inseguridad, ni contra el consumo del alcohol entre los jóvenes y tampoco mejora las condiciones en el espacio público. No es nada distinto que un acto político, en el marco de esta 'cruzada' tardía, que en realidad oculta las problemáticas de la ciudad y castiga como siempre a los más vulnerables.