Leer el análisis "Criminal Agendas and Peace Negotiations: The Case of Colombia" AQUÍ

Las innovaciones

Desde que las FARC y el Gobierno Nacional iniciaron los diálogos de paz en 2012, la necesidad de abordar el fenómeno de las agendas criminales era inevitable. En La Habana, los negociadores reconocieron la amenaza que representaban para los diálogos, pero especialmente, para el propio tejido social del país. De ahí que surgieran propuestas innovadoras para su tratamiento como:

- Proveer garantías de seguridad creíbles para los miembros de las FARC, particularmente frente a los grupos de crimen organizado. Esta fue una condición clave para que el grupo guerrillero tomará la decisión de dejar las armas y se comprometieran con su proceso de desmovilización y reintegración.

- Cambiar de paradigma en la estrategia de lucha contra las economías ilícitas. Ambas partes convinieron adoptar un enfoque de salud pública para abordar el problema de las drogas ilícitas y accedieron a trabajar de manera conjunta para combatir a las organizaciones criminales. Además, las FARC acordaron ofrecer su visión y experiencia para combatir las economías ilícitas y el Gobierno acordó crear alternativas viables a las economías ilegales para los miembros de la organización y las comunidades locales.

- Pasar de la justicia retributiva a la justicia restaurativa, buscando crear modelos alternativos de sentencia que privilegian la reconciliación sobre el encarcelamiento. En los diálogos también se encontraron alternativas prácticas para diferenciar entre el delito político y el delito común, lo cual permitió que las FARC hablaran sobre su participación en las agendas criminales.

Los desafíos

A pesar de esas innovaciones, las negociaciones no estuvieron exentas de desafíos y consecuencias no deseadas que pusieron en riesgo el proceso de paz y el Acuerdo Final:

- La amenaza de disidencias y reincidencia entre los miembros de las FARC fue un riesgo constante durante los diálogos y hasta el día de hoy continua siendo una de las principales fuentes de preocupación para las autoridades. En la actualidad, las organizaciones criminales continúan esforzándose por atraer guerrilleros de las FARC a sus filas ofreciéndoles remuneraciones económicas más altas que las que van a recibir en el proceso de DDR.

- La falta de capacidad estatal para garantizar la seguridad de los miembros de las FARC, de sus familias y de las comunidades en las cuales operaban, es cada vez más evidente. Prueba de esto es el preocupante número de líderes sociales que han sido asesinados y la presencia cada vez mayor de grupos criminales en los antiguos territorios ocupados por las FARC, dejando expuestas a las comunidades al control criminal.

- El aumento de los cultivos de coca desde que iniciaron las negociaciones ha dado pie a que los opositores del Acuerdo cuestionen la efectividad del proceso de paz y la capacidad del Estado de contener las economías ilícitas.

Las recomendaciones

Para responder a esos desafíos, los autores identifican una serie de recomendaciones de política pública para aquellos actores nacionales e internacionales que han apoyado el proceso de paz y su implementación:

- Construir un conocimiento robusto sobre las agendas criminales y su futura evolución: El vínculo entre negociaciones de paz y agendas criminales es una relación de dos vías. Los actores criminales son hábiles empresarios y tienen gran capacidad para adaptarse a circunstancias cambiantes. Por esta razón, es fundamental que las autoridades comprendan qué tipo de oportunidades y vacíos gubernamentales se generan al eliminar un actor como las FARC de los mercados ilícitos.

- Elaborar estrategias novedosas e integrales para lidiar con las economías ilegales como, por ejemplo, proporcionar oportunidades económicas reales y fuentes alternativas de ingreso, recuperación de activos criminales y desarrollar alternativas para que las organizaciones criminales puedan hacer la transición a la legalidad.

- Enfatizar en la dimensión social de la reintegración por medio del desarrollo de estrategias de largo plazo que vayan más allá de los incentivos económicos y que involucren apoyo psicosocial, construcción de redes y lazos nos violentos, e incentivos hechos a la medida de cada perfil y sector poblacional que está en proceso de reintegración.

- Impulsar el desarrollo de capacidades que permita a las autoridades estatales llevar ante la justicia a los criminales más peligrosos: En Colombia esto significa fortalecer la capacidad de la Fiscalía General de la Nación, identificar y apoyar a quienes buscan reforzar el Estado Social de Derecho (especialmente el sector seguridad), y localizar esfuerzos anticorrupción.

Los autores de este análisis son: John de Boer Managing, Director The SecDev Group, Juan Carlos Garzón, investigador asociado de la FIP y Global Fellow del Woodrow Wilson Centre, y Louise Bosetti de la Universidad de Naciones Unidas, Tokyo, Japón.