Este artículo de opinión se publicó el 11 de abril de 2017 en Las 2 Orillas

Desde hace algunos meses, y por encargo de la Agencia Nacional de Tierras, estamos embarcados en un desafiante proyecto de aprendizaje sobre el alistamiento para la formalización de la propiedad rural, en regiones afectadas por el conflicto armado. El epicentro del esfuerzo son las once veredas priorizadas por el Gobierno Nacional y las FARC en Briceño, Antioquia, para labores de desminado y sustitución de cultivos ilícitos.

La hipótesis de la propuesta es que la formalización predial puede ser una herramienta poderosa para la construcción de la paz. Efectivamente, poseer un título formal reduciría la incertidumbre sobre los intercambios, activaría un mercado legal de tierras y cerraría el camino a ciertas manifestaciones de la economía ilegal.

En esa línea, compartimos la idea según la cual, si la sustitución de cultivos no se acompaña de formalización predial, perderá su eficacia y capacidad de transformación.

Muchas cosas hemos aprendido en la Fundación Ideas para la Paz gracias a este proceso de aprender–haciendo. Las siguientes son algunas pistas para el debate sobre los desafíos del posconflicto en la ruralidad, en preparación a un informe detallado que está pronto a ver la luz.

En zonas de control tradicional guerrillero se han reducido a su mínima expresión los problemas de linderos

En primer lugar, comprendimos que en zonas de control tradicional guerrillero se han reducido a su mínima expresión los problemas de linderos. Al parecer, la eficacia de las FARC al impartir justicia comunitaria, consolidó un sistema de certidumbre en las fronteras prediales que prácticamente eliminó los conflictos de esta naturaleza.

Por este motivo, es razonable afirmar que la formalización cuenta con un ordenamiento previo y socialmente reconocido, el cual fue consolidado durante el conflicto y necesita su expresión legal. De manera paradójica, el control de la guerrilla generó una condición favorable en esa materia, que es preciso aprovechar.

En segundo lugar, reafirmamos el valor de la palabra y del compromiso en las transacciones del mundo rural y, con ello, evidenciamos que la formalización, para muchos campesinos, hace parte del conjunto de trámites y maneras del ámbito urbano que, lejos de resultar benéficos para sus intereses, se constituyen en un requisito molesto e innecesario. Los diálogos con los campesinos sobre este punto reflejan que existe una brecha muy grande entre lo que ellos consideran relevante en términos de formalidad de su propiedad y lo que dispone la ley al respecto. Es nuestra impresión preliminar que la brecha no se cerrará únicamente obligando a los campesinos a abandonar sus prácticas tradicionales sobre posesión, sino más bien adaptando las fórmulas oficiales y acercándolas a los usos y costumbres que por decenios han estado presentes en la vida de los pobladores rurales de nuestro país.

Una tercera lección tiene que ver con el oro. Como es bien conocido, el municipio de Briceño tiene una histórica producción aurífera, cuyo corazón reside en la mina de Berlín. De acuerdo con estudios preliminares, este yacimiento tiene un potencial de producción similar al de las grandes minas de Segovia y Remedios, y a la recientemente iniciada de Buriticá, cuyas reservas probadas y probables se han estimado en 71 millones de onzas de oro.

Existe una brecha muy grande entre lo que los campesinos consideran relevante en términos de formalidad de su propiedad y lo que dispone la ley al respecto

Por efecto del conflicto armado, el personal de la empresa Continental Gold, que tiene el título minero en la zona, no ha podido avanzar con los estudios y la explotación respectiva. Sin embargo, en un escenario de dejación de armas por parte de la guerrilla, la expectativa de la extracción está cada día más presente en la región.

La formalización de los predios atraviesa la discusión sobre el uso del suelo y su relación con las eventuales boca–minas. Para algunos, el título formal es un método de protección y prevención. De asegurarse que la actividad minera no se llevará a cabo. Otros más abordan el asunto desde la perspectiva de la especulación y participan de la formalización con la expectativa de aumentar su patrimonio cuando la explotación de Berlín sea aprobada.

En Briceño, como en otros lugares del país, los conflictos por el uso del suelo, del subsuelo y por la vocación productiva, están a la vuelta de la esquina. Por ese motivo, si desde ya no se inicia un proceso de diálogo franco entre las comunidades, la empresa y el Estado, lo más probable es que la formalización exprese otro escenario de tensión y abusos.

Otro asunto clave tiene que ver con el rol y los fantasmas de la coca. En las conversaciones con los pobladores que nos abrieron la puerta de sus casas, comprendimos claramente que la coca no es una gran oportunidad de negocio, ni hace parte de la vocación productiva del municipio, ni está atada a la herencia cultural de las veredas o a la identidad del pueblo de Briceño. Y, por lo tanto, no es un activo que la gente desee proteger.

El verdadero meollo de la coca es el del desarrollo rural. El de construir oportunidades productivas y de futuro para una población alejada de las oportunidades

Sin embargo, sí es moneda de cambio, posibilidad de subsistencia, actividad temporal y expectativa de ayuda. Los campesinos tienen con la coca una relación pragmática, de conveniencia y oportunidad. Se trata de un negocio infame, que se nutre de las dificultades de vida objetivas de las comunidades y de las ventajas comparativas que representa un municipio empinado y enlodado, con pocos bienes públicos y escasa presencia estatal.

Por ese motivo, el verdadero meollo de la coca es el del desarrollo rural. El de construir oportunidades productivas y de futuro para una población alejada de las oportunidades y por fuera de los circuitos de la ilegalidad. Sin una propuesta sensata sobre la materia, tanto los acuerdos de sustitución como la erradicación forzada serán episodios de una historia cuyo final ya conocemos.

Y en el centro de todo está el Estado y su falta de presencia histórica. Con el proyecto que la FIP ha realizado, hemos podido comprobar que una aproximación sincera y horizontal con las comunidades es el primer paso para reconstruir una relación fracturada. En un escenario de profunda ilegitimidad institucional, la ANT ha abierto una senda que vale la pena profundizar.