Independiente de las tesis que terminaron por imponerse, pocos colombianos creen que la cita electoral del 2 de octubre de 2016 haya tenido un saldo positivo para la democracia colombiana. Esa sensación de insatisfacción se debe no tanto a la decisión final, sino a que el mecanismo seleccionado, en ese caso el plebiscito, transformó lo que debía ser una deliberación sesuda y llena de matices, en un juego electoral de suma cero.
Hoy se dice con razón que la sociedad colombiana está polarizada y, pese a que sería injusto atribuirle al plebiscito esta división, es innegable que esa mecánica de la elección generó efectos en los votantes que contribuyeron a construir la pugna de la que hoy somos presas.
En primer lugar, obligó a quienes tenían dudas sobre la materia y que abogaban por una posición intermedia, a optar por una sola alternativa, que, vista desde fuera, parecía unificada y sin distinciones. En segunda instancia, generó un falso sentido de cuerpo entre los fanáticos del Sí y el No, quienes asumieron el liderazgo de sus respectivos grupos y se auto proclamaron representantes legítimos de grupos amplios de ciudadanos.
Y, tercero, intensificó las suspicacias contra los opositores, extendió prejuicios entorno a asuntos diversos y minó la capacidad de creer que los colombianos podemos llegar a consensos. En ese sentido, el Sí y el No terminaron siendo rasgos de identidad.
Lo que pasó, pasó. La implementación del Acuerdo de Paz se construye ahora sobre ese difícil legado. Sin embargo, nuestra responsabilidad (y oportunidad) es aprender de las experiencias pasadas para no repetir errores conocidos. Y eso es precisamente lo que estamos en riesgo de hacer, si nos abocamos sin miramientos a las consultas populares para definir el futuro de la minería en nuestro país.
El problema no es la participación ciudadana, porque en este caso, más que en cualquier otro, debe ser una prioridad. El problema es el mecanismo seleccionado. Si seguimos por la ruta anunciada, se producirá más incertidumbre y se atizará la polarización y el bloqueo.
Hoy se dice que la sociedad colombiana está polarizada y aunque sería injusto atribuirle al plebiscito esta división, es innegable que la mecánica de elección generó efectos en los votantes
Para desatar este enredo, conviene recordar que dentro de los mecanismos de participación ciudadana existe un conjunto que permite a los ciudadanos expresarse mediante el voto simple por una opción de su preferencia y no por candidatos.
Dentro de este conjunto, están, por un lado, los referendos, que consultan la opinión ciudadana sobre textos específicos de leyes, decretos, acuerdos y ordenanzas y, por otro lado, las consultas populares y los plebiscitos, que plantean disyuntivas absolutas sobre asuntos de interés común.
En Colombia, desde la Constitución del 91, se han presentado 9 iniciativas de referendo de las cuales sólo una llegó a las urnas sin contar con un respaldo mayoritario de la población. Por su parte, se han llevado a cabo 24 consultas populares a nivel municipal y 2 a nivel departamental sobre temas variados de convivencia, medio ambiente, servicios públicos, educación y equipamiento municipal.
Es imposible negar que resulta bien distinto mostrarles a los ciudadanos cinco o seis asuntos, formalmente redactados, para valorar sobre ellos, que preguntar mediante una afirmación o una negación frente a un tema de interés general. Ningún mecanismo es más democrático ni más válido que el otro. Pero en aras de la legitimación popular, uno genera más comprensión específica, mientras que el otro manifiesta su sentido general. En uno, la norma queda aprobada, en el otro, el desarrollo normativo permanece pendiente.
Además de esta distinción, también se deben considerar los mecanismos de participación ciudadana de tipo deliberativo, que están pensados para discutir con la ciudadanía ciertos temas para llegar a propuestas de política pública de consenso. Ejemplos institucionales de estos son la iniciativa popular legislativa y los cabildos abiertos.
En cuanto a las iniciativas populares, para proyectos de acto legislativo tenemos 3 antecedentes en nuestro país, y para proyectos de ley 6 iniciativas. La mayoría de ellas no prosperó en sus correspondientes órganos de discusión. Por su lado, en Colombia hemos tenido más de 110 cabildos abiertos sobre los más variados asuntos, y hay ciudades como Cartagena que han hecho de esta práctica una costumbre.
Resultaría una verdadera lástima que termináramos definiendo el futuro de un tema tan central para el desarrollo del país con un mecanismo que sintetiza las más complejas discusiones en salidas de todo o nada
La expresión deliberativa de la democracia participativa también ha adquirido la forma de consejos y comités de tipo sectorial y poblacional determinados por la Ley, así como de varios escenarios de construcción de acuerdos que sin estar consagrados jurídicamente tienen un amplio respaldo ciudadano y legitimidad institucional.
Alrededor de temas mineros, por ejemplo, destacan por sus logros y planteamientos la Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar, que ha tenido un liderazgo muy relevante por parte del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, y el Grupo de Diálogo Minero Energético, en el que se han construido propuestas concretas a través de un conjunto de voces diversas.
Teniendo todas esas posibilidades de participación ciudadana a la mano, resulta irresponsable que optemos por el camino que genera más incertidumbre jurídica y mayor polarización. No podemos olvidar que el propósito de la participación ciudadana no es bloquear la acción estatal, sino dotarla de legitimidad. Resultaría una verdadera lástima que termináramos definiendo el futuro de un tema tan central para el desarrollo del país con un mecanismo que sintetiza las más complejas discusiones en salidas de todo o nada.
La dificultad del asunto minero es que invoca la discusión sobre los modelos de desarrollo a nivel territorial, y que involucra, con argumentos nada despreciables, consideraciones sobre generación de rentas, protección del medio ambiente, aprovechamiento de los recursos, atribuciones de la Nación, soberanía territorial, competencias de las autoridades locales y cuidado de los ecosistemas.
Decisiones como estas no deben llevarse a escenarios de confrontación polarizada, sino a escenarios de diálogo franco y complejo. Se trata de un asunto en el que resulta más sostenible generar un consenso parcial, así este sea subóptimo, que una decisión unilateral que propicie razones para peores confrontaciones en el futuro.
De eso se trata la paz. De nuestra capacidad para decidir participativamente sobre temas tremendamente polémicos escuchando siempre las razones de la contraparte. Y de construir soluciones imperfectas con respaldo social e institucional. Recordemos las palabras de J. P. Lederach en La imaginación moral: "Una y otra vez, allí donde en pequeña o gran medida se rompen cadenas de violencia, hallamos una singular raíz central que da vida a la imaginación moral: la capacidad de las personas individuales y comunidades de imaginarse a sí mismas en una red de relaciones, incluso con sus enemigos".
Sin tener ninguna relación con la JEP y las Zonas de Transición, la Colosa y sus resultados se convirtieron, por efectos imprevisibles, en el verdadero laboratorio del posconflicto en Colombia.