Esta columna de opinión se publicó el 14 de marzo de 2017 en Las 2 Orillas

En Colombia, con los precios de los insumos controlados, un campesino cocalero puede producir en un predio de cinco hectáreas lo suficiente para ganar entre un millón y dos millones y medio de pesos al mes. Lo suficiente para mantenerse a sí mismo y su familia. Además, puede empacar su producido en un par de mochilas y desplazarse a pie o en bicicleta hasta el punto de entrega, cuando no son sus compradores quienes recogen la cosecha directamente en su finca.

En estos casos, la tan deseada infraestructura vial y los bienes públicos básicos no son condiciones necesarias para el éxito de la actividad productiva. La raspa de los cocales no requiere grandes camiones, pues es ligera y fácilmente transportable. Y, por ello, se siente más cómoda en la ruralidad profunda, lejos en las veredas, precisamente a salvo de la mirada de un Estado que existe casi exclusivamente al lado del pavimento.

Esos mismos campesinos, dependiendo de su historia personal y de la del conflicto, tienen también distintos tipos de relación con la tierra y los cultivos. En algunos casos son colonos que arriendan predios y matas, y en otros son poseedores informales con carta-ventas y herencias, o con la expectativa de hacerse a una finca sin dueño aparente.

Algunos son pobladores de viejas familias conocidas en los pueblos y otros vinieron tras la promesa de un negocio rentable. Los hay también quienes se vincularon a la actividad por efectos del desplazamiento tan propio de nuestra violencia.

Comprender bien las distintas relaciones de los campesinos cocaleros y sus tierras es una condición necesaria para el éxito de cualquier programa de sustitución. En efecto, si en nuestro empeño por combatir los cultivos de uso ilícito estamos dispuestos a transitar desde un enfoque de seguridad hacia uno de desarrollo rural, debemos poner sobre el tapete las expectativas sobre la formalización y la tenencia.

En nuestro país, es ilegal formalizar un predio con cultivos ilícitos. Y en ello, como en otras condiciones del llamado “desarrollo alternativo”, el problema se convierte en una serpiente que se muerde la cola.

Comprender bien las distintas relaciones de los campesinos cocaleros y sus tierras es una condición necesaria para el éxito de cualquier programa de sustitución

Mientras el Estado le exige a los cocaleros arrancar sus plantaciones como condición a la entrega de ayudas, éstos aducen que hasta no ver la inversión estatal no tienen argumentos suficientes para eliminar su principal fuente de sustento. Y razones no les faltan. Han sido muchos los acuerdos incumplidos y muy mala es la suerte de millares de familias que le apuestan a la economía agraria sin una institucionalidad robusta que los soporte.

Y paralelo al condicionamiento, está el argumento que plantea que al beneficiar a quienes han incumplido la norma, el Estado crea un sistema de incentivos perverso, en el que se premia la ilegalidad y no se reconoce el esfuerzo de quienes han luchado desde el agro contra la pobreza. Estos serían los depositarios legítimos del esfuerzo público.

En materia de formalización -y con el propósito de romper las inercias- es hora de considerar la opción de cambiar el enfoque y de formalizar los predios con coca, para hacer de este el primer paso en el tránsito hacia la actividad económica lícita.

La formalización de la propiedad no sólo crea un mercado de tierras en lugares donde hasta el momento no existe, sino que reduce la incertidumbre en las transacciones, elimina una fuente de violencia, ordena el uso del suelo y convierte a las familias campesinas en sujetos de crédito.

Frente a la incertidumbre que genera el ingreso a un nuevo sistema productivo, la formalización de la propiedad puede servir de seguro para el no retorno a la actividad ilícita y de motivo para la paciencia. Además, la formalización, realizada con el procedimiento de barrido, no tiene porqué concentrarse en aquellas parcelas inundadas con coca, ni en los baldíos de la nación. La formalización atañe también a los innumerables poseedores informales de la producción agrícola tradicional en predios de naturaleza privada cuya regularización resulta un asunto de interés público.

Y como si fuera poco, puede el Estado aprovechar que la dominación de las FARC generó en varias zonas del país un control cercano sobre el tamaño y límites de los predios, y un sistema en el que son prácticamente inexistentes los problemas de linderos. La oportunidad está servida.