Summary: Chocó, Tumaco, Cauca, Buenaventura, Bajo Cauca antioqueño, the Eastern Lowlands (Llanos Orientales)-Orinoquia and Catatumbo are seven regions of Colombia that will face different challenges after the mass mobilization of FARC combatants to the transitional local zones. Some of the challenges are the continuity of warfare between other armed groups, the persistence of organized crime, the emergence of new armed structures, byproducts of FARC militias and dissidents, and aggressions against social leaders.

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La siguiente es la introducción del análisis de la FIP: Siete regiones sin las FARC, ¿siete problemas más?

Con la movilización de las FARC hacia las zonas veredales y puntos transitorios, Colombia entró en una nueva fase de la confrontación armada. Las fotos y videos de cientos de guerrilleros desplazándose para iniciar su proceso de desmovilización y dejación de armas muestran una verdad de a puño: el Acuerdo de Paz se está implementando, con todos los obstáculos, incumplimientos y contratiempos propios de un proceso que no ha sido perfecto ni en Colombia ni en ninguna otra parte del mundo.

Sin embargo, la desactivación de las FARC como grupo armado no necesariamente significará el fin de la violencia en muchas regiones del país. Por un lado, somos testigos de que el proceso de paz ha traído inmensos réditos en términos de la reducción del conflicto armado, pero por otro, también vemos que en este contexto cambiante continuarán y se formarán otras expresiones de violencia local y armada con sus respectivos reacomodos, disputas y alianzas. Eso sí, hay que ser muy cuidadosos en identificar qué tipos de violencia son continuidad del conflicto armado y cuáles no.

La experiencia internacional muestra que, aunque la mayoría de las guerras civiles y conflictos armados internos terminan en una negociación de paz, aproximadamente el 20% recayeron en violencia a gran escala después de unos años (Autesserre, 2010). En Colombia es poco probable que esto ocurra, sin embargo, desde la FIP vemos que en medio de la implementación del Acuerdo de Paz hay al menos siete regiones en las cuales la continuidad de diferentes tipos de violencias impone serios retos para su estabilidad, en especial, en lo que respecta a las garantías de seguridad y de no repetición. Por ejemplo, mientras que las agresiones a líderes sociales serán el foco de atención en Cauca, las disidencias de las FARC se concentrarán en Tumaco o en el Eje Llanos Orientales-Orinoquia.

Las siete regiones son Chocó, Tumaco, Cauca, el Bajo Cauca, Buenaventura, el Eje Llanos Orientales-Orinoquia y el Catatumbo. Todas cumplen, en mayor o menor medida, con alguno de los siguientes rasgos:

  1. Continuidad y reacomodo de otros grupos guerrilleros.
  2. Persistencia del crimen organizado a nivel rural y urbano, ya sea porque no habrá mayores cambios o porque desde ya se vislumbra la posibilidad de reacomodos y disputas con otros grupos similares o guerrilleros.
  3. Surgimiento de nuevas estructuras armadas promovidas por desertores y disidencias de las FARC, que continuarán de manera independiente o forjarán alianzas, disputas o coexistirán con otros grupos.
  4. Permanencia y exacerbación de otras violencias como agresiones a líderes sociales.

Estas cuatro variables, en las que las economías criminales del narcotráfico y el oro son transversales, permiten identificar parte de las condiciones locales que continuarán y definirán las dinámicas territoriales del conflicto y la violencia.

En el caso de Chocó, resaltamos la intensificación de la disputa de más de año y medio entre el ELN y las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o “Clan del Golfo” en el centro y sur del departamento, por el control de rutas fluviales para la salida de cocaína por el Pacífico. Esto ha provocado un impacto humanitario devastador en términos de desplazamiento forzado y confinamiento de poblaciones. Aquí también preocupa la movilización del ELN hacia el norte y la zona de Riosucio, donde antes se ubicaba el frente 57 de las FARC.

El caso de Tumaco es quizá el más preocupante por el impacto que la violencia pueda tener para la estabilidad temprana de la implementación del Acuerdo de Paz. La realidad urbana dista de la rural, pero ambas recogen una estela de violencia, producto de la intensificación del conflicto armado en el occidente del país en los últimos 10 años, a lo que se suma el impacto de las economías criminales. No se puede olvidar que este es uno de los epicentros del narcotráfico en el país.

El casco urbano afronta una violencia marcada por una multiplicidad de estructuras armadas, principalmente ligadas al crimen y la delincuencia organizadas, en la que las milicias de las FARC han jugado un rol fundamental. Y en las zonas rurales preocupan los grupos que están formando desertores y disidentes de las FARC. A este panorama hay que agregarle la presencia del ELN en el oriente del municipio y el impacto humanitario que todas estas agrupaciones desencadenan: desplazamiento intraurbano, reclutamiento de jóvenes y violencia sexual.

Cauca, por su parte, se ha convertido en uno de los epicentros de agresiones contra líderes comunitarios e indígenas. Preocupa que este tipo de violencia continúe exacerbándose, principalmente, en el norte del departamento, más cuando cobra fuerza la hipótesis de que estas agresiones se focalizan en líderes que le apuestan a la sustitución de cultivos ilícitos, provocando retaliaciones de mafiosos y narcotraficantes. En el centro y sur preocupa el comportamiento del ELN en medio de los diálogos con el gobierno nacional; su unidad de mando en esta región no es clara.

Buenaventura quizás sea uno de los mejores ejemplos de la forma en que el crimen organizado y el conflicto armado crearon un nexo que poco a poco se fue urbanizando. Hoy en día persiste la confrontación entre la “Banda Local” y “La Empresa” por el control del microtráfico y de algunos barrios en dos o tres comunas, que además está generando un impacto humanitario caracterizado por el desplazamiento intraurbano, confinamiento y reclutamiento de jóvenes.

El caso de Tumaco es quizá el más preocupante por el impacto que la violencia pueda tener para la estabilidad temprana de la implementación del Acuerdo de Paz

El Bajo Cauca antioqueño es una región de alta incertidumbre, más si se tiene en cuenta que allí hay zonas donde se concentran las FARC para su desarme. No es claro cómo continuarán el ELN y las AGC, cuál es realmente su unidad de mando y si se darán nuevos enfrentamientos entre los dos grupos ante un intento del ELN por copar los espacios que dejaron las FARC, en especial, el corredor Bajo Cauca antioqueño-Sur de Córdoba.

Tampoco se puede descartar lo que pueda ocurrir en los cascos urbanos ante posibles divisiones internas de las AGC, pues habrían, por un lado, facciones más conectadas al componente armado que se concentra en Urabá y, por otro, unas cada vez más independientes. En esta región también serán esenciales las estrategias que se pongan en marcha para incorporar a la legalidad a población vinculada a las economías criminales de la minería ilegal y el narcotráfico. Cabe resaltar el riesgo que corren líderes comunitarios que han venido alzando su voz contra la minería ilegal.

En el caso del eje Llanos Orientales-Orinoquia preocupa lo que pueda ocurrir con las disidencias de las FARC (frentes 1, 7 y 44) en Guaviare, Vaupés y Guainía: los efectos de su accionar sobre el proceso de reincorporación de los exguerrilleros y la seguridad de las zonas veredales, en especial aquellas ubicadas en el municipio de San José del Guaviare. Desde el año pasado el Ministerio Público viene advirtiendo sobre los efectos que estas disidencias estarían teniendo sobre la población civil, a lo que se suman los recientes reportes sobre su posible responsabilidad en la muerte de líderes sociales, en el municipio de Mesetas (Meta).

En este caso tampoco se puede dejar de lado al menos otros dos factores. El primero tiene que ver con el futuro de las debilitadas estructuras del crimen organizado en la región, como el Bloque Meta y el Bloque Libertadores del Vichada (llamados “Puntilleros” por el Gobierno). Y el segundo, con la posibilidad de que las facciones de las AGC logren posicionarse en el Guaviare, específicamente en la zona de Mapiripán, lo que podría activar potenciales alianzas entre estas y las disidencias de las FARC, más cuando hay actores internacionales vinculados al crimen transnacional que están presionando para que el narcotráfico continúe en la zona de frontera con Venezuela y Brasil.

Por último, el caso de Catatumbo llama la atención porque ya está ocurriendo lo que diversos analistas y la FIP advertimos: con la desactivación de las FARC en esta región, el ELN y el EPL iniciaron un proceso de reacomodamiento territorial en por lo menos dos vías: una de consolidación endógena y otra de expansión –menos visible– a través de amenazas, panfletos y asesinatos selectivos. Prueba de esto último es que, desde hace unos meses, sectores sociales, organismos internacionales y algunas instancias del Estado han advertido sobre los planes del EPL de incursionar en zonas del departamento de Cesar.

El Acuerdo de Paz se está implementando, con todos los obstáculos, incumplimientos y contratiempos propios de un proceso

Otro aspecto a valorar en esta región tiene que ver con las tensiones sociales que se están dando ante la incertidumbre que tienen los pequeños cultivadores de coca sobre su futuro y las presiones que estarían ejerciendo cultivadores más grandes y el ELN y el EPL para que el narcotráfico salga a flote. Tampoco se puede ignorar la violencia y la presencia del crimen organizado en la frontera con Venezuela, pues sigue siendo una incógnita el rol que puedan tener las AGC y “Los Rastrojos” en medio de la implementación del Acuerdo, más cuando el ELN les habría declarado una lucha frontal, lo que puede repercutir en señalamientos, amenazas y asesinatos selectivos en zonas rurales de influencia de este grupo guerrillero.

La realidad que se vive en estas siete regiones choca con el significado que suele atribuírsele al término “post-conflicto”, como una transición lineal y episódica que no considera diversos eventos que se entremezclan de una manera multidireccional (Shneiderman & Snellinger, 2014). En estas regiones se superpondrán diferentes temporalidades, la de la paz y la de la guerra, con sus aspectos positivos, pero también con los negativos, que desde ya deben prender las alarmas. De los negativos, sin duda, la más afectada será la población civil. De ahí la importancia de una transición que reconozca los aciertos de las agendas de paz, sin perder de vista tensiones, violencias y los conflictos que subsistan.

Estas siete regiones también ponen sobre la mesa un debate más amplio sobre la reincidencia en espirales de violencia y la durabilidad de los acuerdos de paz. Al respecto existe una amplia literatura[1]. Está la que enfatiza en si la durabilidad de la paz, producto de una negociación, se afecta o no por la presencia de terceras partes, ya sean fuerzas de seguridad o de mantenimiento de paz (Walter, 2004; Doyle & Sambanis, 2006; Fortna, 2004); aquella que resalta la durabilidad de la paz como resultado de una negociación o una victoria militar (Quinn, Mason, & Gurses, 2007; Licklider, 1995; Samset & Suhrke, 2007), otra que se enfoca en la durabilidad de la paz y su relación con la inclusión de cláusulas de reparto del poder (Hartzell & Hoddie, 2003; 2007); y otra más que estudia el nivel de desarrollo económico como variable crítica para la estabilidad en sociedades de postguerra (Collier, Hoeffler, & Soderbom, 2008).

La experiencia internacional también ha mostrado que las diferentes expresiones de violencia no sólo provienen de la continuidad de actores armados, generalmente llamados spoilers o saboteadores (Stedman, 1997; Newman & Richmond, 2006; Shaw & Kemp, 2012). También están las luchas violentas que surjan por el poder político entre grupos tradicionales y nuevas expresiones políticas; disputas alrededor de la tierra –que en el caso colombiano se acentuarán por el proceso de restitución de tierras que está en curso y la implementación del punto de reforma rural integral del Acuerdo de Paz–; ruptura en la unidad de mando de la organización que deja las armas ya sea durante la negociación, transición o implementación; y espirales de venganza de todo tipo –de víctimas a perpetradores, entre integrantes de grupos armados o entre pobladores que se acusen mutuamente por haber colaborado con un grupo u otro–.

Estas siete regiones también ponen sobre la mesa un debate más amplio sobre la reincidencia en espirales de violencia y la durabilidad de los acuerdos de paz

Sin duda, Colombia se enfrentará a este tipo de retos en mayor o menor medida y no por igual en las diversas regiones. En este documento es imposible abordarlas todas pues se requiere de un trabajo sistemático y basado en evidencia para determinar, por ejemplo, cuáles aspectos de la implementación del Acuerdo de Paz afectan más y a qué regiones.

Aquí analizamos lo que ha venido sucediendo recientemente en las siete regiones del país ya enumeradas. Si bien no se trata de un examen exhaustivo de cada región, presenta los principales aspectos en términos de reacomodo de grupos armados, crimen organizado, nuevas expresiones violentas y criminales, continuidad y exacerbación de agresiones a líderes sociales, los riesgos que pueden afectar en mayor o menor medida a las poblaciones y las garantías de seguridad de la implementación del Acuerdo de Paz[2].

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[1] La bibliografía citada en este párrafo fue revisada con base en trabajos de Walter (2004), Autesserre (2010), Madhav y Mason (2011).

[2] En las siete regiones estudiadas se hicieron entrevistas a funcionarios públicos, representantes de organismos internacionales y humanitarios, iglesias, organizaciones sociales, integrantes de la fuerza pública y otros sectores sociales, entre junio de 2016 y febrero de 2017. Los análisis se basan en datos de prensa nacional y regional, además de las bases de datos que componen el sistema de información de la Fundación Ideas para la Paz y que registran hechos de agresiones a líderes, movilización social, presencia y acciones de grupos armados.