Este espacio contó con la participación de los representantes Angélica Lozano y Oscar Ospina y miembros de las Unidades de Trabajo Legislativo de los congresistas Rodrigo Lara, Iván Cepeda, Ángela María Robledo, Edward Rodríguez y Juan Manuel Galán.

El taller se dividió en tres paneles. En el primer panel, Julián Wilches, investigador asociado de la FIP, presentó el contexto sobre la política de drogas en el país. Abordó la situación actual de los cultivos de coca, el consumo de sustancias ilícitas entre la población colombiana y la respuesta del Gobierno Nacional a la producción y comercialización de narcóticos. Su intervención cerró con un llamado a que “cualquier estrategia de política criminal para abordar la cadena del narcotráfico debería concentrarse en aquellos eslabones donde hay más dinero, menos personas involucradas y más violencia”.

En el segundo panel, Juan Carlos Garzón, también investigador asociado, se centró en el contenido del Punto 4 del Acuerdo de Paz: Solución al Problema de las Drogas Ilícitas. La presentación abordó los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, los programas de prevención del consumo y salud pública y la solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos. Además, hizo énfasis en los distintos programas y planes que se crean en el Punto 4, como es el caso del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) o el Sistema Nacional de Atención a las Personas Consumidoras de Drogas Ilícitas. Garzón finalizó con una reflexión sobre la necesidad de entender el contenido del Punto 4 en el marco de todo el Acuerdo de Paz, especialmente con los puntos de Reforma Rural Integral, Fin del Conflicto, Implementación, Verificación y Refrendación.

El último panel, a cargo de Camilo Burbano, se centró en las iniciativas del Punto 4 que el Ejecutivo podría pasar por el fast track. Según el investigador, jurídicamente casi todas las disposiciones del acuerdo de drogas podrían tramitarse por vía legislativa pero esto depende del criterio de permanencia que el Ejecutivo le quiera dar a esa política. No obstante, hay tres proyectos que por su carácter normativo están obligados a ir por el Congreso, ya sea por fast track o por vía ordinaria: 1) Tratamiento penal diferencial para pequeños cultivadores; 2) Tratamiento penal diferencial para mujeres; 3) Estatuto de prevención y lucha contra las finanzas ilícitas.

Antes de abrir el espacio a la discusión, los investigadores hicieron un llamado a dejar a un lado el debate fragmentado y a pensar que la integralidad de los Acuerdos se debe reflejar en los proyectos de ley que se vayan a tramitar la vía del fast track. "Algo que ya está pasando con el punto de Reforma Rural Integral", afirmó la representante Angélica Lozano.

El evento finalizó con una serie de preguntas sobre la relación del Punto 4 y la Jurisdicción Especial para la Paz, el crecimiento del consumo de drogas en Colombia, la Ley 1820 de 2016 y el encarcelamiento de mujeres por delitos relacionados al narcotráfico.

Esta sesión se complementó con una detallada intervención por parte del representante Oscar Ospina sobre la situación del cultivo, transformación y comercialización de la hoja de coca en el departamento del Cauca.