Esta columna de opinión se publicó el 22 de noviembre 2016 en Las 2 Orillas

Triste final el del campamento por la paz. Duele pensar que lo que fuera un símbolo vital del acompañamiento ciudadano a la renegociación de lo pactado en Cartagena, terminara en medio de un desalojo gris y deslucido, realizado en una fría madrugada bogotana con la presencia del Esmad. Las flores y los cantos de los primeros días, y la solidaridad que inspiró la determinación del grupo de campistas, contrastan con las imágenes del operativo mediante el cual el Distrito recuperó el espacio público de la plaza mayor de los colombianos, en medio de la llovizna, la indignación y la frustración de quienes aspiraban a permanecer en ella.

Pese al comprensible y justificado dolor de varios de sus protagonistas, y a la evidente intención política de quienes quisieron capitalizar el incidente para desprestigiar al alcalde Peñalosa, el informe de la Personería Distrital parece concluyente. Esta entidad, que hizo un acompañamiento permanente a la situación de los campistas desde varios días antes, indica en su comunicado del 21 de noviembre que “pese que hubo forcejeos, no se presentaron agresiones”. Desde su perspectiva, el “Distrito hizo oferta social de albergue, transporte y atención médica permanente a los campistas de la Plaza de Bolívar durante la recuperación del espacio público. Además, durante el procedimiento de las autoridades no hubo detenidos ni conducidos a la UPJ. Hubo un ejercicio constante de diálogo y búsqueda de concertación”.

Todo parece indicar que el equipo del Secretario Mejía y de la Policía Metropolitana de Bogotá se anotaron un triunfo al lograr un procedimiento complejo y en regla, con la garantía a los derechos fundamentales de los manifestantes. Lo cual, valga decirlo, no es una tarea nada fácil.

No obstante, es indiscutible que el modo en que finalizó el campamento fue tremendamente desafortunado. Por el contexto del país y por la causa de los campistas, principalmente. Resulta muy amargo que, en medio de las difíciles conversaciones de paz con los sectores del No, suceda un evento con un contenido simbólico tan negativo como lo fue el desalojo. Y al infortunio se sumó el destemplado trino del alcalde Peñalosa, quien, airadamente, “desafió” a los ministros y congresistas que criticaron su procedimiento, a presentar un proyecto de Ley para autorizar a que se acampe en cualquier manifestación. Hay quienes vieron en esta reacción una muestra más del talante de un alcalde poco proclive al diálogo.

¿Facultamos a los alcaldes a imponer medidas de facto para “ordenar” el espacio público?

También es posible que tan acalorada reacción se haya debido al alud de reproches que recibió la administración distrital apenas surtido el procedimiento. Desde el ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, pasando por el exalcalde Antanas Mockus y la periodista María Jimena Duzán, hasta políticos tan relevantes como Claudia López, Gustavo Petro, Hollman Morris y Aída Avella, quien en otro desafortunadísimo trino sugirió “¿Peñalosa al servicio del paramilitarismo?”, todos, sin excepción, criticaron con dureza la decisión del alcalde y los mecanismos unilaterales que se utilizaron en el procedimiento.

En medio de esta difícil circunstancia, considero valioso aprovechar la coyuntura para obtener cierto saldo pedagógico y plantear algunas reflexiones sobre lo que implica el ejercicio de la autoridad de los alcaldes en medio de contextos complejos de participación y movilización ciudadana.

En primer lugar, y que no quede duda de ello, la movilización y la protesta ciudadana son derechos fundamentales que deben ser protegidos, promovidos y garantizados. Es responsabilidad de las autoridades en toda democracia y en particular en una como la nuestra, que pretende fomentar expresiones de este tipo, generar las condiciones para el libre ejercicio del derecho a la expresión pública y política de los ciudadanos

En ese marco, algunos matices necesarios: ¿es el uso de la fuerza una herramienta legítima de los gobiernos?, ¿facultamos a los alcaldes a restringir parte de estos derechos y a imponer medidas de facto para “ordenar” el espacio público? De acuerdo con la Constitución y a nuestras leyes, eso también es cierto. De lo que se trata en estos casos es de dos mandatos en tensión o disputa. El de la ampliación del derecho a la participación y el del restablecimiento del orden invocando el interés general.

La movilización y la protesta ciudadana son derechos fundamentales que deben ser protegidos y promovidos

¿Cómo se tercia en la discusión? ¿Cómo generar una decisión lo más justa posible? Desafortunadamente, no existe una receta que genere plena satisfacción. La hipótesis de partida es que mediante el diálogo es posible llegar a consensos. Pese a ello, como lo muestra el caso del campamento por la paz, es posible derivar en decisiones tremendamente impopulares luego de conversaciones con los actores interesados. Los disensos en el movimiento social son materia diaria.

Sobre esta base, otro asunto espinoso. En medio del desalojo hubo quienes extrañaron el acompañamiento de parte del Gobierno Nacional. Los deseosos de esta presencia pensaron que, dado que al Gobierno le resultaba conveniente la manifestación ciudadana por la paz, estaría en condiciones de mediar a favor de los campistas. Sin embargo, ¿una intervención en ese sentido no sería una interferencia indebida en los asuntos que son propios de la facultad de los alcaldes? ¿Cómo evitar que un antecedente, quizás benévolo como este, se transforme en una patente de corso para que el Gobierno estime cuando es conveniente o no que existan fenómenos de movilización social?

La verdad es que, como lo han mostrado la evidencia y la discusión académica, la participación ciudadana, lejos de ser una muestra idílica de civismo aséptico, es una expresión rebelde y poco domesticable, cuya fuerza y valor reside en buena medida en su capacidad de presión y desestabilización. Por eso, lidiar con la manifestación ciudadana implica tesón, diálogo franco y capacidad de adaptación. En muchas ocasiones, hay mucho de fricción y poco de consenso. Gestionar una ciudadanía deliberante, que es lo que a muchas élites del país les causa terror, requiere imaginación, pulso y buen tino.

Pensando en lo difícil que ha sido el acontecimiento del campamento de la plaza de Bolívar, me inquieta pensar qué pasará en esos municipios con debilidad institucional y poca sofisticación cuando, en ejercicio de la paz territorial, los alcaldes deban lidiar con una ciudadanía organizada y beligerante en términos organizativos, reclamando por asuntos como el uso de la tierra o el modelo de desarrollo territorial.

¿Podrán los alcaldes gestionar de modo eficaz la seguridad ciudadana en estos contextos? ¿Tendremos una Fuerza pública tan atenta a respetar los DDHH y a coordinarse con las autoridades civiles? Nada fácil. La paz requiere, entre muchas otras cosas, prepararnos conscientemente para situaciones de ese tipo.