El viernes 11 de noviembre, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo advirtió a través de los medios de comunicación sobre posibles acciones armadas de la disidencia del Frente 1 y de la compañía Urías Cuellar de las FARC en los municipios de Mitú, Carurú y Taraira, en el departamento de Vaupés. Concretamente, se refirió a “riesgos de reclutamiento forzado, accidentes por minas antipersonal, extorsiones e intimidaciones”, sumado al confinamiento de poblaciones.
No es la primera vez que tenemos noticias sobre las actividades de este grupo armado. Es el mismo que en julio pasado anunció por medio de un comunicado que no se acogería al proceso de paz. En su momento, Félix Antonio Muñoz alias Pastor Alape, afirmó que dicha posición no representaba a las FARC ni a todo el Frente 1. Pero este Frente no se quedó con el dicho y pasó a los hechos, ya que habría sido el responsable, el 2 de octubre, del hostigamiento a un puesto de votación del plebiscito en San José del Guaviare.
Algunas fuentes de la región me explican que aunque esta disidencia no pondría en jaque al proceso, sí tendría la capacidad de provocar impacto humanitario en una de las zonas más apartadas del país, cuyos habitantes no creen que el proceso de paz los beneficie. Por el contrario, temen que sus territorios, históricamente desarticulados del resto de la nación, sigan a merced de economías criminales, mafias internacionales y nuevas formas de violencia criminal.
Después de la victoria del No
En la coyuntura actual, el debate sobre disidencias adquiere un nuevo matiz. Ya no se trata solo de reconocer que este es un fenómeno propio de estos procesos, y que deberá ser asumido como parte de las nuevas manifestaciones de violencia que vivirá Colombia en los próximos años. También hay que preguntarse por otro tipo de efectos no esperados del triunfo del No en el plebiscito, como aquellos que, en el corto plazo, repercuten directamente sobre las FARC como organización.
No es gratuito que diferentes sectores califiquen de “frágil” el actual momento. Parece haber desconfianza entre las filas de las FARC y esto traería más disidencias y desertores, así la guerrilla quiera mostrar otra realidad con sus “vigilias por la paz”.
Después del plebiscito, el gobierno prolongó el cese bilateral hasta el 31 de diciembre y decidió entrenar guerrilleros de las FARC en labores de monitoreo y verificación (M&V). Igualmente, se definieron 26 puntos de pre-agrupamiento temporal (PPT) y se puso en marcha el mecanismo de M&V para el cese al fuego bilateral desde el pasado 7 de noviembre.
Con esto, además de enviar ciertos mensajes políticos, como ya lo ha analizado mi colega Daniel Pardo, también se están poniendo en marcha medidas de estabilización temporal para mantener a las tropas lo más unidas posible y darle oxígeno al proceso. En otras palabras, al pre-concentrarse las FARC las partes negociadoras compran tiempo y controlan posibles desertores y disidencias. Y al parecer así se ha hecho, pues las disidencias y deserciones son aisladas, como lo muestra el mapa.
En el caso de la columna móvil Daniel Aldana, sus disidencias no necesariamente están relacionadas con el proceso de paz. Se trataría de un rasgo histórico de este grupo, que está involucrado de lleno en el narcotráfico, tiene grandes redes de milicias y una alta capacidad para cometer acciones de bajo esfuerzo pero con alto impacto, como ataques contra la infraestructura petrolera. Así lo demostró entre mayo y junio de 2015 cuando se rompió el cese unilateral.
Algo muy diferente ocurre con los cuatro desertores del Frente 19. Aquí es difícil hablar de disidencias, ya que se requieren más de cuatro personas. La pregunta, no obstante, es si se trata de un caso aislado o se estaría dando a cuentagotas en otros frentes. Sobre este tema surgen muchas dudas pues las FARC no lo negarían en un momento tan delicado del proceso de paz (de hecho, no lo hicieron con el Frente 19) y mucho menos cuando han demostrado no querer dar marcha atrás y su imagen parece mejorar en las encuestas.
Las condiciones territoriales
En el mapa anterior también se muestran las potenciales disidencias que hemos identificado en el trabajo de campo de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). Subrayo que la posibilidad de que esto ocurra puede obedecer a la coyuntura actual, pero también a factores de mediano plazo, de tipo organizacional y de la oferta criminal preexistente en los territorios.
Entre los efectos organizacionales se cuentan la acción del Estado en materia de seguridad contra las FARC durante los últimos 15 años y la necesidad del grupo guerrillero de mantener las economías de guerra a flote, lo cual implica problemas de cohesión, disciplina y lealtad frente a nuevos liderazgos.
Si bien el equipo negociador de las FARC en La Habana ha insistido en que sus tropas están unidas alrededor del proceso de paz (un mensaje que se reforzó con la declaración de la X Conferencia), cabe preguntarse por aquellas unidades como las comisiones de finanzas, que obligatoriamente han conservado los vínculos con grupos criminales. Por ejemplo, hasta hace muy poco existía el vínculo entre el Frente 36 de las FARC y las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Esta inserción en diferentes economías criminales ha instalado un tipo particular de aprendizaje entre los integrantes de las FARC, quienes una vez sin armas no necesariamente van a apostarle al proceso. Una cosa son los principios de cohesión, lealtad y disciplina en armas y otra muy distinta cuando ya no se tienen. Por eso el debate sobre las disidencias es sumamente importante, ya que los factores que las disparan también están en los grupos y la forma en que han cambiando al vaivén de la guerra.
En segundo lugar están las condiciones cambiantes del conflicto armado en los territorios. Entre estas se encuentran la concentración de varias economías criminales que en muchos casos superan la acción del Estado, son un competidor más y abren el camino para la continuidad de carreras criminales. También está la presión que pueda estar ejerciendo el crimen transnacional para que estas se mantengan a flote a pesar del proceso de paz y de su implementación.
En los casos que hemos identificado como potenciales, vemos que todas estas variables se cumplen. Entre los estudiados, los casos de los Frentes 33, 57, 32, 48 y 30 llaman la atención por varias razones:
En el caso del Frente 33, con presencia en el Catatumbo, ya son varios los sectores que venimos advirtiendo sobre la transferencia de sus capacidades a otros grupos de la región (EPL y ELN) y la presión de agentes internacionales por mantener a flote el narcotráfico en una región en la que el área cultivada con hoja de coca creció casi un 70 por ciento en el último año.
Los casos de los Frentes 48 y 32 tienen que ver con la oferta que puede hacer el crimen organizado en la zona, como el grupo ‘La Constru’ que, de acuerdo con nuestro trabajo, funciona como puente entre las FARC y el crimen internacional para sacar coca y controlar otros segmentos de marcados ilegales por la frontera con Ecuador.
El caso del Frente 30 es llamativo pues, en años recientes, algunos de sus integrantes habrían pasado a engrosar las filas del grupo delincuencial “La Empresa”, que hoy en día está en algunos barrios de las comunas 10 y 12 de Buenaventura, en disputa con una disidencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo. En el puerto preocupa que esta historia se repita.
Otros analistas han hecho ejercicios de este tipo, basados en variables como nexos con crimen transnacional, nivel de involucramiento con el narcotráfico y otras rentas ilegales, control de rutas y acceso a zonas de cultivo de coca, nivel de hostilidades, lazos familiares con integrantes de estructuras criminales y perfiles de sus comandantes. Ejemplo de esto es el informe que Insight Crime publicó en 2012 en la revista Semana, proyectando posibles disidencias en 13 frentes.
El debate, pues, está abierto y no hay variables únicas para comprenderlo. Están las económicas, las organizacionales, las territoriales y las socioculturales. También las históricas, que muestran, por ejemplo, que el caso del Frente 1 no es, ni será, el único. En Colombia esto ya sucedió con el Ejército de Liberación Popular (EPL), en 1991, y con las AUC, entre 2003 y 2006. En el mundo también ha pasado en Irlanda del Norte, Burundi, Angola, Sudán, entre otros. Y se han formado bajo motivaciones y situaciones concretas pero se han mantenido gracias a otras.
Hay muchas lecciones por aprender y, por el momento, parece que la decisión de contener e iniciar la transición temporal de las FARC, considerando a los comandantes de guerrilla, las escuadras y los frentes, es una medida realista mientras se sabe qué pasará con el nuevo Acuerdo que permita su transición total.